El viernes pasado el influyente periódico norteamericano New York Times publicó como nota principal de su edición impresa un reportaje sobre la excepcional letalidad de las fuerzas armadas mexicanas, que Paul Chevigny, profesor retirado de la Universidad de Nueva York pionero en los estudios de letalidad de las fuerzas armadas, calificó claramente como "ejecuciones sumarias".
El diario, en un reportaje realizado por Azam Ahmed y Eric Schmitt, da a conocer cifras que no dejan lugar a dudas de que la letalidad (número de personas muertas por cada uno herido) de las fuerzas armadas mexicanas es totalmente desproporcionada y únicamente es explicable por acciones tan ominosas como las señaladas por el experto.
De acuerdo a la contabilidad del Comité Internacional de la Cruz Roja, en todas las guerras a partir de fines de los setenta, la relación promedio es de 1 muerto por cada 4 heridos y, recalcan, que en muchos de los casos el número de heridos es todavía mayor.
En México en los índices construidos a partir de las propias estadísticas oficiales (que estuvieron disponibles públicamente hasta abril del 2014) la relación del Ejército mexicano es de 8 muertos por cada herido y en el caso de la Marina es todavía más alto: 30 muertos por cada herido.
Es decir, en todo el mundo en todas las guerras ocurridas a partir de la segunda mitad de los setenta (cuando se empezó a construir el índice de letalidad) todos los combatientes hieran a más enemigos de los que matan; en el caso de las fuerzas armadas mexicanas la relación no únicamente es inversa, sino que es excepcionalmente alta en sentido contrario.
De acuerdo al diario (y como ha sido reiterado por las autoridades mexicanas) la explicación es muy clara: los soldados mexicanos están mejor entrenados y son más diestros que los cárteles que combaten; pero los expertos que estudian el caso mexicano dicen que la relación mexicana es inaudita y simplemente revela algo ominoso.
Otro dato, construido con cifras oficiales, es igualmente preocupante: sobre 4,000 denuncias de tortura que ha recibido la Procuraduría General de la República, desde el 2006 cuando el gobierno mexicano decidió involucrar a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, únicamente 15 han concluido en consignaciones. Así la relación es de 1 consignación por cada 267 denuncias, lo cual revela la inutilidad de las mismas, pero aunque el diario norteamericano ya no aporta datos sobre el desenlace de las mismas, es una realidad que un porcentaje muy alto de éstas terminan en exoneración, así todavía la relación de sanciones/denuncias seguramente es todavía peor.
Hay que recordar que el año pasado el relator especial contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, tras una visita oficial a México señaló: "La tortura no sólo es generalizada en México, sino que está acompañada de impunidad. Si el gobierno sabe que es frecuente y aun así no hay acusaciones y los pocos casos en los que hay consignaciones terminan en exoneración, la culpa es del Estado."
Es conveniente aclarar que todas las cifras son oficiales, sin embargo, a partir de mayo del 2014 ya no es posible dar seguimiento al número de víctimas civiles en los enfrentamientos con las fuerzas armadas mexicanas, pues la Secretaría de la Defensa simplemente decidió no informar al respecto.
En estas condiciones es totalmente claro que el gobierno mexicano decidió simplemente dejar de exhibirse, es decir, la información oficial revelaba claramente los crímenes de lesa humanidad que cometía el Estado mexicano, por lo cual en lugar de dejar de cometerlos, simplemente optaron por dejar de proporcionar información, para intentar ocultarlos.
Lamentablemente el gobierno mexicano aplica esta misma lógica de ocultamiento y secrecía en todos los casos en los que la información oficial revela crímenes, abusos y/o incapacidades. Así, a pesar de que todavía no logran esclarecerse los acontecimientos y el deslinde de responsabilidades en relación a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, decidió suspender la misión el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; pero unos días después de esta decisión, a mediados de este mes de mayo, el gobierno mexicano rechazó la solicitud del relator especial para los Desplazados Internos de la ONU, para visitar México y documentar in situ el número y la situación de casi 300 mil desplazados internos que ha identificado el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, del Consejo Noruego para Refugiados.
Así en todos los casos en que se evidencian crímenes, abusos o incapacidades de las distintas instancias del gobierno mexicano la respuesta no es atenderlos, corregirlos o castigarlos, sino simplemente ocultarlos. La respuesta puede ser efectiva en el corto plazo, porque el tema sale de la agenda pública, pero en el mediano y largo plazo se convierte en una bomba de tiempo que más pronto que tarde estallará con consecuencias imprevisibles.
Los hechos no desaparecen, simplemente no se conocen públicamente, pero los impactos y consecuencias negativas persisten y, desde luego, provocan la indignación de los afectados, aunque ésta no pueda visibilizarse. En esas condiciones el impacto sobre la gobernabilidad es doblemente negativo, pues se acumula, multiplica y potencia sin ser percibida.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto muestra, una vez más, su miopía que lo lleva a pensar que lo importante no es atender y solucionar los problemas nacionales, sino simplemente ocultarlos.
