En medio de un importante déficit que viene arrastrando el gobierno de la República en materia de Derechos Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto sorprendió el 17 de mayo pasado, en pleno Día Internacional contra la Homofobia, con una iniciativa para legalizar en todo el país las uniones de personas del mismo sexo, permitir la adopción de niños y niñas a estas parejas y agilizar los trámites para el cambio de identidad sexual en el caso de las personas mayores de edad transgénero. Más allá de la controversia moral y religiosa que este tema genera, la iniciativa responde a una agenda internacional que la Organización de las Naciones Unidas con la intención de hacer valer los derechos humanos de todos los habitantes del planeta, independientemente de su preferencia sexual.
Para superar los niveles primarios del debate es necesario dejar el ámbito de los preceptos morales y religiosos y avanzar sobre el terreno del impacto social y la congruencia. No existen bases para asegurar que la adopción de menores de edad por parte de homosexuales o lesbianas representa un riesgo inminente de abuso. Pero en el caso de que existieran indicios de ello, y en consecuencia se actuara para impedir este tipo de adopciones, lo mismo tendría que ocurrir con las adopciones realizadas por parejas heterosexuales, ya que la gran mayoría de los abusos sexuales contra menores son cometidos en el seno de familias tradicionales, quizá por su número, pero tendría que buscarse siempre una tabla rasa para todos.
Salvado este punto, en el que queda asentada la pertinencia de la medida como estrategia para eliminar la discriminación legal hacia los integrantes de la llamada comunidad LGBT, queda revisar el aspecto de la congruencia. Los homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero representan una minoría y como tal son vulnerables a recibir un trato inadecuado y discriminatorio. En este sentido, México se encuentra entre los países con mayor homofobia en el mundo, situación que encuentra su realidad más extrema en el asesinato de odio, renglón en el que nuestro país ocupa el segundo lugar, según algunas estadísticas. Ante esta problemática ¿qué ha hecho el gobierno mexicano para salvaguardar la integridad física de estos ciudadanos y para evitar la estigmatización a la hora de investigar estos homicidios, casi siempre catalogados erróneamente como "crímenes pasionales"? Muy poco hasta ahora. Y la legalización de las uniones y adopciones gay por sí solas no van a eliminar la violencia y discriminación homofóbica, se requiere otro tipo de medidas.
Pero la "comunidad gay" no es el único sector de la población vulnerable. Las mujeres son víctimas todos los días de una violencia machista que también ha llevado a México a ocupar los primeros lugares en feminicidios. Los niños y jóvenes son los grupos de la pirámide poblacional más olvidados de los programas de desarrollo social, casi siempre asistencialistas y poco enfocados a eliminar las causas de los rezagos. Entre los pobres del país, los indígenas ocupan el último escalafón del bienestar económico y dentro de sus comunidades, son las niñas las que padecen la peor parte. Tampoco existe una política eficiente para atender a los adultos mayores, muchos de los cuales terminan sus días en el abandono o en la calle. Además, en México los enfermos terminales que los últimos meses o años de su vida ésta se convierte sólo en dolor y sufrimiento, no tienen derecho a decidir por una muerte asistida y evitar así el encarnecimiento terapéutico. Si en verdad al gobierno de la República le interesan los derechos humanos de todos ¿dónde están las iniciativas para estos grupos de población?
La contradicción es evidente. Y así a ella se suma el hecho de que el tema de las uniones y adopciones gay nunca figuró en la agenda de Enrique Peña Nieto como candidato, ni en sus primeros meses de gobierno, es posible deducir que la medida se trata más de un cálculo político para intentar aligerar la presión que la ONU y parte de la comunidad internacional han ejercido por hechos tan graves en materia de derechos humanos como los ocurridos en Guerrero, Michoacán, Veracruz, entre otros muchos. Bienvenido el debate y si se saca algo positivo para la sociedad, adelante. Nada más no se olviden los muchos aspectos que habrá de discutir para llevar al país a un entorno de igualdad de oportunidades.
