EDITORIAL Sergio Sarmiento Caricatura Editorial Columna editoriales

La letra muerta

Periférico

ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Una reacción común ante los problemas públicos en México es el impulso, desde cualquier trinchera, de iniciativas de leyes y reformas o, en su defecto, de decálogos o manifiestos de propósitos. Pero de la misma manera que son lanzados, muchos de ellos son dejados de lado o bien, en el caso de las normas, no se crean los mecanismos institucionales pertinentes que garanticen su cumplimiento.

En 2008, en el sexenio de Felipe Calderón y en medio de la peor crisis de seguridad de la historia reciente en el país, organizaciones de la sociedad civil empujaron a las autoridades federales y estatales a firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, un documento con el cual se pretendía frenar la ola criminal y acabar con la impunidad. Ocho años después, pocos recuerdan dicho convenio mientras entidades como Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, sólo por citar los casos más graves, evidencian que los problemas de inseguridad e impunidad no están más cerca de resolverse que entonces.

Desde su campaña como candidato, el hoy presidente Enrique Peña Nieto ha usado los decálogos como una estrategia para comunicar de forma sencilla y directa sus intenciones en los temas que más críticas le han generado: democracia, corrupción, seguridad y estado de derecho. Hasta ahora ha presentado ocho decálogos, desde el compromiso por el fortalecimiento democrático en 2012, hasta las diez acciones para atender el problema de las drogas con un nuevo enfoque, pasando por dos en materia de seguridad y justicia y uno de arranque de su administración, entre otros.

Más allá de las obviedades y ambigüedades que estos manifiestos suelen contener, lo que más llama la atención es que no existe voluntad de dar seguimiento al cumplimiento de dichos compromisos u objetivos. Mucho menos la voluntad de contrastar la información y permitir que la sociedad civil sea la que evalúe las políticas públicas derivadas de los decálogos. ¿Qué avance se tiene en todos y cada uno de los puntos que el presidente ha planteado en sus decálogos? ¿Qué ajustes se han tenido que hacer en la marcha motivados del análisis crítico del binomio en práctica problema-solución? Si existe la respuesta a estas preguntas, nadie en la Presidencia de la República se ha molestado hasta ahora en darla a conocer.

Y si es preocupante que esto ocurra con los famosos decálogos del presidente, lo es aún más cuando de leyes se trata. Luego de los sonados escándalos, vigentes todavía, relacionados con el endeudamiento injustificable y a espaldas de la ciudadanía en varias entidades, como Coahuila, el Congreso de la Unión aprobó una Ley de Responsabilidad Financiera en la que se colocan "candados" para evitar que los gobiernos estatales recurran a créditos de forma desaseada y opaca. En el papel, esta ley pretende acabar con un mal hábito que adquirieron los ejecutivos estatales en el sexenio pasado de pedir prestado a los bancos sin explicar a la ciudadanía en qué se utilizará el dinero ni presentar la comprobación de su destino.

En su momento, todos los gobiernos estatales aplaudieron la iniciativa del presidente, incluyendo los de Coahuila y Durango. Incluso, los gobernadores de estas entidades, Rubén Moreira y Jorge Herrera, respectivamente, ponderan cada vez que pueden la transparencia como uno de los principales valores de sus administraciones. No obstante, curiosa coincidencia, ambos gobiernos solicitaron en diciembre de 2015 créditos de forma contraria a lo que dicen defender, es decir, a escondidas y sin explicar para qué se va a utilizar el dinero.

En Durango se trata de un préstamo bancario de 1,840 millones de pesos. En Coahuila, de un crédito de 830 millones. En ambos casos la información se dio a conocer después de realizada la solicitud, ya que los gobiernos no informaron a su debido tiempo. Y también en ambos casos no se ha explicado cuál será el destino del recurso.

Estos hechos ponen en evidencia que mientras no haya voluntad política por parte de los gobernantes ni instrumentos institucionales eficientes para vigilar el manejo de recursos, las leyes, al igual que los decálogos, serán letra muerta. Además, manejar en el discurso lo que no se sostiene con los hechos, evidencia una irresponsabilidad en el ejercicio de la función pública, sobre todo en el caso de Coahuila, en donde la deuda total (bancaria y no bancaria) rebasa ya los 40,000 millones de pesos, aunque las autoridades estatales no lo quieran reconocer en la palabra, aunque sí en los reportes financieros.

Pero sentarse a esperar a que la voluntad política les llegue a los gobiernos y que por sí mismos creen los mecanismos necesarios para evitar malos manejos del erario, resulta por demás ocioso. Si no existe una sociedad civil capaz de crear contrapesos, que impulse los cambios institucionales que se requieren para contar con un mejor sistema de rendición de cuentas y que exija que ante cada propuesta de solución, sean leyes o decálogos, haya una medición de resultados, difícilmente algo distinto a lo que hemos visto ocurrirá.

Twitter: @Artgonzaga

E-mail: [email protected]

Leer más de EDITORIAL

Escrito en: Editorial Periférico

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de EDITORIAL

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 1226727

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx