Entre las dudas que deja el GIEI está si, como aseguró la PGR, los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. (ARCHIVO)
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, terminó su mandato ayer como se había previsto, pese a los reclamos de un sector de la sociedad que pedía que se quedaran más tiempo.
Con ello concluye un año y dos meses de investigaciones independientes sobre los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa fueron desaparecidos. A un año y siete meses de lo sucedido, las dudas persisten.
El GIEI fue creado en febrero de 2015 a sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y debido a las dudas que surgieron en torno al resultado de las investigaciones que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR), entonces encabezada por Jesús Murillo Karam; la llamada "verdad histórica".
El grupo estuvo conformado por: Ángela María Buitrago, abogada colombiana, experta en desapariciones y asesinatos políticos; Francisco Cox, abogado chileno, asesor de la CIDH; Alejandro Valencia, jurista colombiano, experto en Derechos Humanos y consultor de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU; Carlos Martín Beristain, doctor español enfocado en atención integral a víctimas de violaciones de Derechos Humanos, y Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal y experta en crimen organizado y Derechos Humanos.
Antes de irse, el GIEI entregó el viernes su segundo y último informe a Arely Gómez, procuradora general de la República. En él se plantean nuevas interrogantes sobre lo que ocurrió antes, durante y después del secuestro de los estudiantes, y también sobre la participación y desempeño de las autoridades federales.
Entre las dudas que deja el GIEI está si, como aseguró la PGR, los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. También, existen indicios de la presunta responsabilidad, por acción u omisión, de policías federales y elementos del Ejército Mexicano durante los hechos del 26 de septiembre. Además, hay aún interrogantes sobre qué fue lo que en verdad ocurrió entre las 17.30 horas de ese día y las 2.00 horas del 27, y qué pasó con el quinto camión que la PGR no consideró en su indagatoria.
Pero el informe incluye otros señalamientos que apuntan a posible tortura de varios de los supuestos responsables detenidos, presunta manipulación de pruebas por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y la supuesta obstrucción por parte de la autoridad federal al trabajo del GIEI.
Por último, queda también la duda sobre si el cártel de Guerreros Unidos fue el que ordenó el secuestro de los estudiantes o si hubo otras organizaciones o personajes involucrados en la decisión. (Con información de Elia Baltazar y Agencias)
