Inconformidad. La sociedad civil no está satisfecha con la actuación de la autoridades en el caso de Iguala.
La comisión especial del caso Ayotzinapa en la Cámara de Diputados entregará en agosto sus conclusiones sobre la desaparación de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos.
En reunión para comenzar el análisis del segundo informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso desde enero del año pasado, la diputada Guadalupe Murgía, presidenta de esa comisión, destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deberá asumir un papel más relevante.
Su reto, dijo, será generar confianza a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a la opinión pública nacional e internacional, ante el retiro de los expertos que investigaron la desaparición forzada de los estudiantes en septiembre de 2014.
La legisladora admitió que el informe del GIEI coloca a México en una situación de alto cuestionamiento frente a las deficiencias del sistema procuración de justicia que exhibe, por lo que consideró necesario que gobierno federal y la Procuraduría General de la República (PGR) respondan por esa situación en el ámbito nacional e internacional.
Adelantó que el documento que prepara la comisión especial legislativa presentará los versiones de y de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "La versión oficial de los hechos y lo que señala el informe del GIEI, para que quede claro cuál es la discusión y situación en este tema", dijo.
Informó que a finales de mayo entrante sostendrán una reunión con dos de los tres choferes de los autobuses que fueron agredidos en la calle de Juan N. Álvarez, la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
"La línea de autobuses está dispuesta a reunirse con nosotros y platicar. Es muy valioso, porque ellos fueron testigos presenciales de los hechos. Sufrieron la agresión, prácticamente igual que los muchachos, y lo que nos puedan aportar, será muy valioso", dijo.
Murguía también destacó las evidencias de participación de diferentes corporaciones policiacas, incluida la Policía Federal, que contuvo la circulación de vehículos en al menos uno de los escenarios del ataque a los normalistas, de acuerdo con el informe del GIEI.
"Esto hace establecer la presunción de una acción coordinada de diferentes corporaciones que generaron un círculo de seguridad para esta agresión", advirtió.
El diputado priista Víctor Manuel Silva destacó que el informe del GIEI no aporta nuevas líneas de investigación en el caso: "No hay nuevas aportaciones que pudieran señalar que tengamos que hacer un acucioso análisis de alguna referencia hecha por el GIEI, salvo dos, como la participación probable de algunos elementos de la Policía Federal".
Consideró que las conclusiones de los expertos internacionales deberán analizarse para evaluar lo que se ha cumplido y lo que está en vías de completarse, como solicitó el GIEI.
Aseguró que hay "una sola versión oficial" de lo que pudo haber sucedido la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El priista rechazó que las autoridades federales obstaculizaran la labor de los expertos, pues de las 177 peticiones de información que solicitaron, de las cuales 93 % fueron cumplidas y el resto sigue en vías de atenderse.
Posteriormente, en un periodo intermedio, el GIEI realizó 30 peticiones de información a la PGR, de las cuales se cumplió con 94 % y tres están por entregarse.
Del Segundo Informe, indicó el priista, se presentaron alrededor de 733 peticiones de información, de las cuales 77 % han sido atendidas en los informes pasados, y las demás están en vías de contestación.
Por Morena, la diputada Araceli Damián González sostuvo que el Informe del GIEI amplía el panorama y la magnitud del ataque contra los estudiantes, e involucra a otras policías que no han sido investigadas, como la de Huitzuco y la Policía Federal, y evidencia las omisiones que cometieron tanto las policías federal y estatal, como el mismo Ejército, que tenía 500 elementos apostados en Iguala, pero no auxiliaron.
La legisladora lamentó que el gobierno federal no permitiera continuar al GIEI, pues ahora "será la PGR la que entregue esa información con todas las fallas y lagunas, por lo que los mexicanos nos quedaremos sin conocer la verdad y sin que se amplíe el espectro de quiénes cometieron este delito".
POR CIENTO
de las peticiones del GIEI se cumplieron.
