La organización civil Derechos Digitales tomó sólo una parte de los 400 Gigabytes filtrados por WikiLeaks el año pasado para elaborar el informe "Hacking Team: malware de espionaje en América Latina", que evidencia la compra de un programa de espionaje por gobiernos de 13 países del continente, autoridades estatales mexicanas y aun dependencias que nada tienen que ver con seguridad como el caso de Petróleos Mexicanos.
Se trata de información pública, disponible en Internet, que la propia empresa Hacking Team ha reconocido como propia y por la cual emprendió acciones legales para investigar el robo de información por tratarse de un delito cibernético, afirma Gisela Pérez de Acha, abogada, especialista en derecho Internet y encargada de políticas públicas para América Latina en Derechos Digitales.
"La carga de la prueba está en la autoridad. Nosotros somos ciudadanos. Y el lema es transparencia para el poderoso y privacidad para los ciudadanos", dice Pérez de Acha, al explicar los alcances de este informe que advierte sobre la falta de regulación y el mal uso de esta tecnologías en ámbitos gubernamentales opacos, autoritarios y con precedentes de violencia y violaciones a derechos humanos, como en el caso de México.
Las contradicciones en que han incurrido las autoridades respecto de la adquisición del programa de Hacking Team están contenidas en el mismo informe.
Anota: "El 7 de julio (de 2015), cuando la prensa cuestionó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respecto de la compra del software de espionaje, el funcionario respondió que había sido comprado por la administración pasada. Es decir, por otro partido en el período del presidente anterior. Por otro lado, los gobiernos de los estados de Jalisco, Yucatán, Durango y Campeche negaron toda relación con dicha empresa de espionaje. Ambas afirmaciones resultaron ser falsas".
Gisela Pérez de Acha explica que, "a diferencia de los Panama Papers, donde la información se entregó a un grupo de periodistas, en este caso se subió a Internet y estaba disponible para cualquiera que quisiera verla y consultarla. Esta fue una etapa analítica, desde el punto de vista legal, que recurrió a toda la información disponible y el tratamiento que ya se le había dado en una primera vuelta".
Habrá más adelante, porque hay mucho qué escarbar: contratos, nombres, apellidos, cargos. "Para un segundo informe está pendiente el tema de las adquisiciones que no agregamos en este primero", dice. Pero esa información, dice, "implica revisar procesos de licitaciones y reglamentos administrativos para saber qué cuales fueron los procedimientos internos mediante los cuales los gobiernos nacionales, o las secretarías de finanzas de cualquier entidad, compraron el software y para qué lo utilizaron, porque ciertas entidades pudieron haber adquirido este programa para dárselo a su policía."
El software que la empresa Hacking Team vendió a los gobiernos para acceder a contraseñas, contactos, mensajes, correos electrónicos y llamadas telefónicas. También controla micrófonos y webcams de los dispositivos personales, y tiene acceso a redes sociales. "Puede saber dónde estamos en todo momento y registra cada una de las teclas apretadas, clics del mouse y sitios de internet visitados".
Con base en la Constitución y las leyes mexicanas, Derechos Digitales advierte en el documento que esta tecnología viola los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y el debido proceso.
Nada menor, advierte Gisela Pérez de Acha. "En el contexto de México, no podemos dejar pasar posibles prácticas de espionaje. En este país, donde los policías desaparecen estudiantes, darles este tipo de poder con software de espionaje es más preocupante porque no hay una regulación legal adecuada".
El informe de Derechos Digitales lanza luz sobre la opacidad, la ambigüedad y los vacíos legales y las violaciones a la ley en torno de las prácticas de espionajes. Y todavía peor, sobre la comercialización internacional de los software que Hacking Team vendió a autoridades latinoamericanas y gobiernos locales, de acuerdo con la información revelada por WikiLeaks en su momento.
El artículo 16 de la Constitución establece que las comunicaciones privadas son inviolables y que "exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la interceptacio→ n de cualquier comunicación privada".
No obstante, explica Pérez de Acha, el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales apunta que "tanto la Procuraduría General de la República y los procuradores de los estados podrán solicitar al juez una autorización" para la intercepción de comunicaciones privadas. Éstas incluyen "todo un sistema de comunicación o programas que sean fruto de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así → como archivos electrónicos, que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, las cuales se pueden presentar en tiempo real o con posterioridad al momento en que se produce el proceso comunicativo".
La redacción de este artículo, advierte Pérez de Acha, "es un supuesto amplísimo, que implica cualquier vigilancia de cualquier tipo de tecnología. Ese supuesto legal es contrario a los derechos humanos porque es un tipo muy amplio y muy vago que deja a la interpretación y el arbitrio de las autoridades -muchas veces corruptas- el uso del software".
Pérez de Acha se pregunta: "Al otorgarle este tipo de software a las autoridades, sin control, ¿acaso no implica también la posibilidad dárselo al crimen organizado? ¿De verdad le vamos a dar ese poder a las autoridades, indiscriminadamente y sin control? Esa es mi pregunta".
Proponen una regulación global
El informe elaborado por Derechos Digitales ya advierte de la necesidad de regular la venta internacional de productos como el software de espionaje de Hacking Team. Anota: "Dado que Hacking Team es una compañía italiana, todos sus productos están sujetos a las normas sobre restricción de importaciones de países de la Unión Europea. A partir de enero de 2015, la Regulación 429/2008 para Tecnologías de Doble Uso, restringe la exportación de software intrusivo como Remote Control System. Estos desarrollos se basan en los pactos hechos con base en el Arreglo de Wassenaar sobre control de exportaciones de Armas Convencionales y bienes y tecnología de Doble Uso, un régimen intergubernamental utilizado para definir y determinar que→ productos deben ser sujetos a licencia para exportarlos y fomentar la seguridad internacional".
Al respecto, Pérez de Acha agrega: "Hacking Team debería seguir una regulación internacional muy estricta para que no le pueda vender a Pemex. Para que sólo pueda vender este software a la policía federal, al Cisen, y a las procuradurías facultadas para usar este tipo de herramientas".
En el ámbito nacional, dice Pérez de Acha, la responsabilidad es compartida. El Poder Legislativo, dice, tendría que hacer leyes que abarquen este tipo de actividades, "porque cuando no las abarcan, entramos en problemas de arbitrariedad". El Poder Judicial, a su vez, también tiene un deber enorme al interpretar la Constitución para que aplique a estas nuevas tecnologías, dice.
-¿Para qué pudo utilizar el gobierno de Yucatan o de Durango este sistema?
-Siempre cabe la posibilidad de que lo utilicen para combatir el crimen organizado. Eso estaría muy bien. La pregunta es cómo me garantizas que no lo estas usando para espiar a tu esposa. Cómo me garantizas que lo usas de manera correcta. La carga de la prueba está en la autoridad.
¿Qué es Derechos Digitales?
Este grupo se desarrolla en toda América Latina.
⇒ Es una organización que tiene como objetivo fundamental el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital.
⇒ El trabajo de la organización se concentra en tres ejes fundamentales: Libertad de expresión. Privacidad y datos personales. Derechos de autor y acceso al conocimiento.
⇒ Lucha por una sociedad donde las tecnologías digitales contribuyen al desarrollo de una región igualitaria y justa, con pleno respeto a los derechos humanos.
⇒ Su misión es la defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos en el entorno digital, mediante la incidencia en políticas públicas y prácticas privadas.
Información. Gisela Pérez de Acha habla en un video sobre el informe que realizó Derechos Digitales en que señalan que varios gobiernos estatales contrataron la firma Hacking Team. (YOUTUBE)
