Por ley. Con la legislación vigente, los ciudadanos no pueden saber si Quezada incluyó o no esas propiedades en su declaración.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, pidió al diputado de Nueva Alianza Bernardo Quezada abrir su patrimonio para aclarar señalamientos sobre su presunto enriquecimiento inmobiliario en Miami.
"En otros países ha resultado útil publicar la declaración patrimonial del funcionario o legislador cuando este es acusado en la opinión pública o en un tribunal", dijo.
"En este momento, para deslindar responsabilidades, el legislador de Nueva Alianza debería hacerlo".
De acuerdo con una investigación del diario Miami Herald, el integrante del SNTE desembolsó 8.2 millones de dólares para la compra de 13 propiedades en Estados Unidos, a pesar de que su sueldo era de 30 mil pesos mensuales.
Para el director de Transparencia Mexicana, este tipo de escándalos dejan en claro la importancia de que la ley obligue a los funcionarios a presentar y publicar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.
"Una de las razones por las que la publicidad de la declaración patrimonial se ha convertido en demanda social es justamente lo detectado por el Miami Herald", afirmó.
"La publicidad de la declaración patrimonial permite confirmar si el servidor público había declarado ingresos que le permitan adquirir esas propiedades".
El especialista, que participa en la discusión de las reformas anticorrupción en el Senado, recordó que la declaración patrimonial pública permite identificar si el servidor público o el legislador mintió a los electores, a la opinión pública o a las autoridades, lo que podría constituir perjurio.
"Bajo el esquema actual de la Ley de Responsabilidad es imposible saber si el legislador mintió, pero también si el órgano interno de control de la Cámara de Diputados está haciendo bien su trabajo", señaló.
Sostuvo que, con la legislación vigente, los ciudadanos no pueden saber si Quezada incluyó o no esas propiedades en su declaración patrimonial, si tuvo otros ingresos o si la Contraloría de la Cámara de Diputados investiga la veracidad de las declaraciones de los diputados.
