Desalojo. Según testigos, el lunes unos 600 elementos de la Policía estatal sitiaron la comunidad y maquinaria comenzó a derribar casas.
El Gobierno del Estado de México aseguró que opera dentro de la legalidad el desalojo emprendido en Xochicuautla, Municipio de Lerma, el derrumbe de una vivienda, un campamento y otras infraestructuras para dar continuidad a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de Eruviel Ávila afirmó ser respetuoso de los procesos jurídicos interpuestos acerca de la construcción de la autopista, además de las suspensiones otorgadas por jueces federales.
El Gobierno mexiquense dijo reconocer la resolución del juicio de amparo 771/3015, que interpuso Antonio Miguel Reyes Valdez, donde se refiere la suspensión definitiva de los trabajos.
Sin embargo, la Administración estatal argumentó que hay poca claridad sobre la ubicación del terreno y que no se ha acreditado la titularidad del mismo que refiere el expediente.
"Respecto del Juicio de Amparo 771/2015, interpuesto por Antonio Miguel Reyes Valdez y otros, la autoridad estatal ha respetado de manera precisa la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial.
"Sin embargo, ninguno de los promoventes ha precisado con claridad la ubicación ni ha acreditado la titularidad de la fracción del terreno de que se trata, según la suspensión definitiva contenida en el expediente", indica el documento.
Ante este panorama jurídico, el Gobierno estatal justifica que el Sistema de Autopistas del Estado de México (Saascaem) diera continuidad a los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, en atención a lo dispuesto en el Decreto de Expropiaciones publicado el 9 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
"Incluso Saascaem hizo efectiva la expropiaciones el día 16 de julio de 2015, cuando se llevó a cabo la posesión y el deslinde de la superficie de 37-93-86 hectáreas de terrenos que pertenecieron a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su Barrio La Concepción", asegura el comunicado.
El Gobierno mexiquense afirmó que existe la posibilidad de levantar más casas, una vez que se determinen los límites precisos de derecho de vía.
El lunes fue desalojada una familia y se derrumbó una casa con presunto uso de la fuerza pública en San Francisco Xochicuautla para dar continuidad a los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, operados por Grupo Higa y que se encuentran en litigio desde 2007; también fue destruido el campamento en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra.
El martes acudió a la zona personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que ayer miércoles diversas organizaciones sociales respaldaron el movimiento indígena otomí que busca preservar el bosque, zona considerada de paso para la autopista.
Los trabajos los realiza la empresa Autovan, subsidiaria de Constructora Teya, de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, señalado como el contratista más favorecido por Enrique Peña Nieto cuando fue Gobernador de la entidad.
