A revisión. Organizaciones de la sociedad civil exigieron al Senado abrir la discusión de la Ley Anticorrupción a los ciudadanos.
Organizaciones de la sociedad civil exigieron al Senado abrir la discusión de la Ley Anticorrupción a los ciudadanos para evitar "acuerdos en lo oscurito".
Acompañados por senadores del PAN y PRD, representantes de la Red por la Rendición de Cuentas y Transparencia Mexicana pidieron aplicar prácticas de Parlamento Abierto.
Senadores del PAN y PRD expresaron su preocupación por omisiones en el primer documento de trabajo sobre la Ley Anticorrupción circulado en la Cámara alta.
La panista Laura Rojas advirtió que el primer borrador no garantiza la necesaria participación ciudadana y requiere fortalecer la parte preventiva.
Recordó que en la Ley General Anticorrupción debe ser ejemplar, ya que será el piso para las legislaciones en los estados, donde la corrupción es grave.
El perredista Zoé Robledo alertó que se concentren facultades en la Secretaría de la Función Pública, institución sometida jerárquicamente al titular del Ejecutivo.
"Esa Secretaría carece de autonomía, parece una broma de mal gusto", dijo.
Denunció que la propuesta prácticamente es dejar libres a diputados y senadores para continuar con los "moches".
También criticó que el primer documento de trabajo no obligue a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.
Organizaciones de la sociedad civil revelaron que ya rebasaron las 120 mil firmas que requieren para presentar de manera formal ante el Congreso su iniciativa "3de3".
Aunque todavía no pueden revelar una cifra, aseguraron que están listos para que, en los próximos días, las firmas sean llevadas ante el Instituto Nacional Electoral para su validación.
Plantean PRI-PVEM propuesta ‘light’
Senadores de Oposición acusaron al PRI y al PVEM de "descafeinar" el paquete de reformas legales para el combate a la corrupción.
Legisladores resaltaron que en la propuesta, elaborada por la Comisión Anticorrupción que preside el senador Pablo Escudero, del PVEM, no se obliga a los funcionarios a presentar su declaración fiscal, salvo la patrimonial y de interés. Tampoco contempla la protección para funcionarios que denuncien actos de corrupción ni incluye sanciones explícitas contra diputados y senadores por el cobro de "moches" por la gestión de recursos públicos.
Otra de las observaciones es que la sanción máxima es la inhabilitación por 20 años y no por 30, como proponía el PRD.
Además, que la presidencia del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será rotativa entre funcionarios, sin entregar el control total a los ciudadanos, como propuso ese mismo partido.
El senador perredista Zoé Robledo denunció que el documento de trabajo marginó las propuestas de la Oposición para imponer la visión del proyecto impulsado por los legisladores cercanos al Gobierno federal.
"Ese documento es la iniciativa del PRI-PVEM, con algunos artículos del PAN. En el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, sólo hay cuatro cosas del PAN. Es una propuesta totalmente descafeinada", calificó.
La iniciativa tampoco contempla figuras propuestas por Acción Nacional, como los testigos y las auditorías sociales para proyectos de alto impacto.
El coordinador panista en el Senado, Fernando Herrera, advirtió que su partido no aceptará una reforma superficial.
"Lo que no vamos a aceptar son reformas cosméticas, que solamente simulen y no entren al fondo de la solución de los problemas de corrupción rampante", planteó.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que el primer documento de trabajo es inadmisible, ya que se basa únicamente en el proyecto presentado por el propio Escudero y la bancada del PRI.
Explicó que la Comisión ni siquiera elaboró un análisis comparativo entre las 11 iniciativas presentadas por legisladores y ciudadanos, como la que está por llegar al Senado, denominada "3de3".
Senadores dijeron que es preocupante que no se obligue a hacer públicas las declaraciones de impuestos, patrimoniales y de intereses de los servidores públicos como lo establece la iniciativa ciudadana.
