Escándalos hunden a México

Por "escándalos" como las acusaciones en contra de exgobernadores y empresas como OHL y Oceanografía, la Casa Blanca y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México sigue empantanado en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, con la misma calificación de 35 puntos que obtuvo el año pasado.

Esta calificación coloca a México en el lugar 95 de la lista de 168 países evaluados por Transparencia Internacional este año. Sin embargo, lo ubica en la última posición entre las 34 naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en el lugar 17 de las 19 economías del Grupo de los 20 (G-20), sólo por arriba de Argentina y Rusia.

Aunque México aparece 8 lugares arriba en el índice, al pasar de la posición 103 a la 95, su avance se debió a que otros países bajaron en sus calificaciones. Entre ellos Brasil, que perdió 7 lugares al pasar del puesto 69 a 76.

En el índice, que evalúa a los países con una escala de 0 (el más alto nivel de corrupción) a 100 (el más bajo nivel de corrupción), México comparte calificación con países como Mali, Filipinas y Armenia.

Al colocarse en el lugar 95 del índice con 35 puntos, México está más cerca de los países peor calificados, que son Angola (con 15 puntos), Sudán del Sur (con 15 puntos), Sudán (con 12 puntos), Afganistán (con 11 puntos ), Corea del Norte (con 8 puntos) y Somalia (con 8 puntos).

En cambio, sigue lejos de los primeros lugares que ocupan Dinamarca (con 92 puntos), Finlandia (con 90), Suecia (con 88), Nueva Zelanda (con 89), Países Bajos (con 87) y Noruega ( con 87).

La comparación regional también deja mal parado al país, que ocupa el lugar 15 entre los 26 países del continente americano, donde Canadá y Estados Unidos están a la cabeza con calificaciones de 83 y 76 puntos, respectivamente, que los colocan en los lugares 9 y 16 del índice global, muy por arriba de México y su lugar 95.

En América Latina, el país mejor ubicado en el índice es Uruguay, seguido por Chile, Costa Rica y Cuba, que superan a México en calificaciones, con 74, 70, 55 y 47 puntos, respectivamente.

Incluso Brasil, que bajó 10 % en su calificación respecto del año anterior, está 19 lugares arriba de México.

Transparencia Internacional lamenta que las reformas constitucionales para crear los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, no tuvieran un efecto positivo en la calificación de México.

Pero "una serie de escándalos en la opinión pública como Ayotzinapa, la llamada Casa Blanca, Oceanografía, OHL, acusaciones contra los exgobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tabasco, entre otros, hicieron imposible que dichos cambios institucionales tuvieran un efecto positivo en el Índice de Percepción de la Corrupción", apunta el documento.

Además advierte que México sólo podrá mejorar su calificación si implementa reformas en materia de transparencia y anticorrupción, y muestra eficacia para seguir ampliando la información pública y reducir la impunidad en los delitos asociados con corrupción.

Transparencia Mexicana afirma que la corrupción es el impuesto más regresivo en el país y un obstáculo directo para el acceso a servicios elementales para el desarrollo, como salud, educación, seguridad y justicia.

"El control de la corrupción debe ser parte de una estrategia para reducir la desigualdad en el país y propiciar el crecimiento económico", señala la organización.

Recomendaciones

Para reducir los niveles de corrupción e impunidad en México, y superar el estancamiento en Índice de Percepción de la Corrupción, las organizaciones recomiendan al país:

⇒ Avanzar una agenda legislativa en anticorrupción, más allá de las 2 leyes generales que señala la reforma constitucional (Ley de Responsabilidades y Ley del Sistema Nacional Anticorrupción), ya que Transparencia Mexicana ha identificado más de 15 legislaciones que impactan en el control de la corrupción.

⇒ Incorporar en la legislación secundaria indicadores que midan el desempeño e impacto del Sistema Nacional Anticorrupción.

⇒ Vigilar las leyes vinculadas con la contratación pública, como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que actualmente se discute en el Poder Legislativo.

⇒ Aplicar tanto la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita como la Ley Federal de Extinción de Dominio para desmantelar redes de corrupción.

⇒ La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar seguimiento a las recomendaciones entregadas por la ASF en materia de procedimientos penales en contra de funcionarios públicos que han hecho un uso ilícito de recursos públicos.

⇒ El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad, implementando medidas que garanticen la independencia de jueces y que reduzcan el riesgo de corrupción al interior de este poder.

⇒ Incorporar planes y acciones anticorrupción en las empresas nacionales y extranjeras que son proveedoras del Estado.