El juez español Santiago Pedraz se convenció de la inocencia del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y decretó su puesta en libertad el viernes, gracias a un documento de la Procuraduría General de la República (PGR) que presentó el defensor, en el que se le exculpa de cualquier vinculación con el cártel de "Los Zetas" y de haber "lavado" dinero procedente del narcotráfico.
Esta evidencia, se sumó a su testimonio y el de su abogado, Manuel Ollé, en la Audiencia Nacional de Madrid, y permitió que se decretara su salida de la cárcel madrileña de Soto del Real.
Se trata de un acta fechada el 12 de noviembre de 2014, en la que Ciro Osvaldo Hurtado Mendoza, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Alteración de Moneda, archiva una denuncia anónima realizada por correo electrónico contra el exgobernador de Coahuila, en la cual se acusa a Moreira de "narcotráfico, alianza y protección a 'Los Zetas', nepotismo y endeudamiento estatal por 22 años y enriquecimiento ilícito". Según la denuncia anónima que figura en el documento, secreto hasta ahora y al que tuvo acceso, "Humberto Moreira permitió a 'Los Zetas' el establecimiento de más de 400 tienditas expendedoras de drogas y alcohol en Saltillo y área conurbada, 240 en Piedras Negras, 100 en Acuña y 80 en la región de los Cinco Manantiales".
En el documento también se le acusa de enriquecimiento ilícito y cita algunas de las supuestas compras que hizo como "un avión Ejecutivo Lear Jeat de 4.5 millones de dólares, la construcción de un complejo turístico de cabañas en Aspen, Colorado; bodegas industriales al norte de Coahuila, ranchos y terrenos en zonas industriales privilegiadas, y una casa en San Antonio, Texas, de 56 millones de dólares", entre otras cosas que hizo, según la denuncia anónima, "a nombre de diferentes personas como prestanombres, en operaciones de compra hechas entre 2008 y 2010".
El agente ministerial de la PGR, Hurtado Mendoza, no encontró en la investigación que encabezó indicios que sustentaran la denuncia anónima.
En su informe final el servidor público consideró que no hay pruebas "para acreditar la existencia de un delito".
En el oficio, la PGR exculpa al político coahuilense de lavado y nexos con cártel. (ARCHIVO)
