El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, informó que esperan que los dejen hacer el plantón indefinido porque es su derecho y explicó que seguirán allí hasta que el Gobierno federal los reciba y cumpla sus exigencias. (ARCHIVO)
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa iniciaron hoy un plantón indefinido frente a la residencia presidencial en la capital mexicana para exigir justicia sobre los hechos, que hoy cumplen 14 meses.
Un grupo de varios centenares de personas acompañó a los padres de los jóvenes en una marcha que partió desde el Ángel de la Independencia y recorrió el Paseo de la Reforma hasta alcanzar casi la residencia de Los Pinos.
Ante fuertes medidas de seguridad y decenas de policías antimotines, los padres instalaron una carpa frente a las vallas que se habían instalado en la cercana Calzada de Chivatito para proteger el recinto.
Minutos antes, realizaron un mitin en el que explicaron que el objetivo del plantón es exigir, entre otros asuntos, el nombramiento de un grupo técnico de investigación para que realice las nuevas líneas de búsqueda, así como de un fiscal especial para este caso.
El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, informó que esperan que los dejen hacer el plantón indefinido porque es su derecho y explicó que seguirán allí hasta que el Gobierno federal los reciba y cumpla sus exigencias.
Aunque la marcha transcurrió sin incidentes, en ella participó un grupo de encapuchados, quienes al llegar a Los Pinos intentaron increpar a los policías y lanzaron gritos, aunque se retiraron después de que los propios padres se lo solicitaran.
Hoy se cumplen 14 meses desde que el 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa que se desplazaban en varios autobuses fueran atacados a tiros por policías corruptos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, presuntamente por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.
En los ataques murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, en un informe presentado en septiembre pasado, los expertos de la CIDH concluyeron que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en ese lugar, como aseguró la fiscalía, pidieron continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.
Este caso conmocionó a la sociedad mexicana e internacional y sacó a la luz la complicada situación de violencia que vive el estado de Guerrero y municipios como Iguala o Tixtla, donde se encuentra la escuela Normal a la que pertenecían los alumnos.
Precisamente en la mañana de hoy, cuatro policías comunitarios fueron asesinados a tiros, a solo tres días de que se celebren elecciones extraordinarias en este municipio, según constató Efe.
Los integrantes de la Policía comunitaria de Tixtla se desplazaban en una camioneta cuando fueron atacados por un grupo armado en el barrio del Fortín, donde la agrupación tiene su base, alrededor de las 14:20 hora local (20:20 GMT).
Los cuerpos de las víctimas quedaron esparcidos en el lugar y poco después fueron levantados por sus familiares, quienes impidieron que los peritos se acercaran a la escena.
Las autoridades aún desconocen el móvil del crimen, aunque por las armas utilizadas y la forma de operar se cree que pudo tratarse de una acción del crimen organizado.
El ataque puso en alerta a los policías comunitarios en momentos en que Tixtla vive el periodo de reflexión antes de los comicios extraordinarios del próximo domingo para elegir a alcalde.
Las elecciones del 7 de junio pasado fueron anuladas en Tixtla por el tribunal electoral de Guerrero tras el boicot al proceso realizado por familiares y compañeros de los 43 jóvenes.
