Sonora: crisis de salud

Era martes 13, un día fatal para la familia Ortega Verdugo. Cuatro mujeres de seis hermanos se abrazaban y lloraban desconsoladamente bajo la sombra de un árbol, una trabajadora social salió del hospital para avisarles que su madre había muerto. "No hubo dinero para medicinas, mi mamá se murió porque no tuvimos dinero, hicimos todo lo que pudimos, hasta pedimos apoyo por la radio, pero nadie nos ayudó", sollozaron.

María Luisa Verdugo, de 70 años de edad, con número de expediente 18906.04, estaba internada en el Hospital General del Estado desde el 28 de septiembre de 2015; su diagnóstico: úlceras decúbito infectadas, infección en las vías urinarias, deshidratación hidroeléctrica, hipokalemia, diabetes mellitus tipo 2, secuelas por evento cerebral vascular y diarrea.

Carmen, Lucía, Margarita y Rafaela atravesaban la tragedia de su vida; su madre había muerto, no tenían dinero para darle una sepultura digna y su padre tenía tres días de haber ingresado en el mismo sanatorio por problemas renales y de la próstata. Tampoco tenían idea de cómo le iban a dar la noticia.

Las hermanas se miraban con tristeza mientras lágrimas de duelo corrían por sus mejillas y se preguntaban: ¿Y ahora qué vamos a hacer? Viven en pobreza extrema en una zona que fue invadida por un grupo de personas.

El Seguro Popular es una mentira, no cubre nada, en la farmacia del hospital no hay antibióticos ni medicinas contra el dolor o para cualquier afección, expresó Carmen.

A su madre le debían hacer unos estudios y se les entregó un oficio para la renta de un endoscopio, pero no pudieron juntar el dinero.

"Nos daban recetas y más recetas, luego nos decían estas medicinas no las trajiste, pero no podíamos conseguirlas, tampoco dinero, fuimos a los partidos políticos, al Congreso a buscar diputados y nadie nos ayudó, nos dijeron que hasta el próximo año, murió sin que pudiéramos hacer nada por ella", lamentó Rafaela con sentimiento de culpa.

Ese mismo 13 de octubre, en una sala de espera estaba Laura Molina, una indígena seri con el rostro cabizbajo. En sus manos tenía recetas de un familiar que hacía una semana habían operado del riñón y con complicaciones de un tumor. "Quiero que me ayuden, las medicinas ya están pagadas desde hace una semana y no hay, mi paciente las necesita con urgencia, tengo mucho miedo porque puede morir".

Sus manos mostraron un recibo de pago de una medicina de nombre octreótide, indicada en el tratamiento paliativo de tumores gastrointestinales y otras enfermedades, por un monto de mil 469 pesos. A la paciente se la recetaron de urgencia y no la podía conseguir.

Estas son historias recurrentes en los pasillos de los hospitales de Sonora.

 SALUD LASTIMOSA La bancarrota del sistema de Salud de Sonora es lastimosa; clínicas, hospitales y centros de salud operan sin certificación del Consejo Nacional de Salubridad. A duras penas prestan servicios; mantienen un millonario adeudo con proveedores, tienen créditos suspendidos; desabasto de medicamentos y diferimiento de consultas hasta de un año.

En un recorrido por los hospitales públicos más grandes, como el General, el Infantil, el Integral de la Mujer y el Centro de Salud Mental, Cruz del Norte, se pudo constatar el rezago en servicios, en equipamiento y en infraestructura.

Directores y personal de unidades médicas llenan formatos de pacientes con máquinas de escribir: unas Remington con 47 años de uso es uno de los ejemplos del gran abandono en que se han sumergido los servicios de salud.

En los últimos seis años se ejerció un presupuesto superior a 21 mil millones de pesos -8 mil millones del gobierno estatal, 10 mil millones del gobierno federal y 3 mil millones del Seguro Popular. La aplicación de estos recursos no se refleja en el estado actual del sector.

Ante la alta deuda a proveedores, dejaron de entregar insumos para cirugías y medicinas.

La administración del gobernador Guillermo Padrés empezó en 2011 la construcción de siete quirófanos, un área para quemados y un pabellón de alta seguridad; los tres proyectos se entregaron en obra negra.

Desde 2013 el neurocirujano Carlos Manuel González Méndez, secretario del Sindicato de Empleados de la Salud en Sonora (SESS), denunció que la quiebra en el Hospital General del Estado causaba muertes de pacientes ante la falta de atención; todo derivado del saqueo indiscriminado al sector; le costó su despido.

El doctor Eduardo Horacio Torres Iguanzo, director de este hospital, informó que se está dando atención médica a tiempo y reparando las instalaciones. Admitió que desde hace seis años se perdió la certificación, "y como está el hospital no lo podemos certificar, el objetivo es que en un año lo podamos lograr".

"Nos entregaron la chequera en ceros y además en la operación del hospital no había recursos para comprar productos de limpieza básicos: jabón, papel sanitario, ropa para médicos, laboratorio, alimentos para pacientes". "En el análisis financiero encontramos un pasivo de deudas desde 2009, que al presente año suma más de 300 millones de pesos, a pesar de que hubo licitaciones".

Los pacientes pagan esos errores. Guadalupe Herrera acudió el 13 de septiembre a solicitar una cita con el oftalmólogo y quedó programada para septiembre de 2016.

Las instalaciones de los hospitales el Infantil y el Integral de la Mujer, (este último registra cerca de 8 mil nacimientos al año), tienen una infraestructura colapsada. En seis años no se le dio mantenimiento, el aire acondicionado tiene válvulas rotas y no se impermeabilizaron los techos, en consecuencia, las lluvias trasminaron y provocaron grietas y colonias de hongos.

Miles de archivos clínicos y papelería administrativa están abultados en un área del Hospital Infantil, llenos de moho verde y negro.

En el recorrido se observó que hay máquinas para tomar Rayos X, medición de signos vitales, mamografías, entre otros, arrumbadas.

Personal médico indicó que éstos no se pueden retirar de las instalaciones porque se encuentran inventariados y tienen que llevar un proceso administrativo de verificación.

Funcionarios de la anterior administración se llevaron hasta los escritorios, dejaron oficinas saqueadas, sucias y con papeles tirados en el suelo, se quejan trabajadores.

La directora de ambos hospitales, Rocío Barraza León, reconoció: "Hay una gran cantidad de pendientes de pago. En este momento hay un pasivo a corto plazo con documentación física de 231 millones de pesos".

Lo más grave es que los hospitales no están certificados. "Estamos trabajando en eso que se perdió en 2010, con un programa con visión y de calidad". Se trata de observaciones por cumplir y requerirá por lo menos un año, dijo.

 UN HOSPITAL SIQUIáTRICO QUE DEPRIME

La situación del Centro de Salud Mental, Hospital Cruz del Norte, es por demás deprimente; sus instalaciones lucen viejas y deterioradas; lo que eran unos extensos jardines se convirtieron en un amplio campo de basura y maleza.

Hay personas con problemas de adicciones, indigentes y con padecimientos mentales. Están distribuidos en pabellones, pero se entremezclan en el comedor y en corredores.

Las unidades de albergue para desintoxicación fueron cerradas en Nogales, Agua Prieta y Hermosillo, en la pasada gestión de gobierno.

Personal de varias áreas trabaja con máquinas de escribir obsoletas, piso y paredes tienen tramos de mosaicos y otros de cemento, los techos están en malas condiciones, los sanitarios en franco deterioro, con hongos y sarro.

Los pabellones son un galerón, hay camas enmohecidas, colchonetas deterioradas y cobijas raídas. Se percibe la tristeza y desolación.

El director de Salud Mental, Félix Higuera Romero, indicó que ya se presentó un diagnóstico sobre las deplorables condiciones en que se recibió el hospital, con 47 años, y que también recibe a pacientes de Sinaloa y Baja California.

Sobre la situación financiera y los adeudos a proveedores, omitió detalles, pero señaló que la falta de recursos mantiene a pacientes con problemas mentales sin medicinas, y hace dos años dejó de operar un programa de psiquiatría comunitaria de atención a personas con padecimientos mentales e indigentes en diferentes municipios, el cual ya se está reactivando.

 BOQUETE FINANCIERO: UNGSON BELTRÁN

Gilberto Ungson Beltrán, secretario de Salud en Sonora, lamentó la crisis que dejó el gobierno de Padrés al sector, producto de la poca transparencia en el manejo de recursos públicos.

"Tenemos el boquete de más de mil millones de pesos de aquí a fin de año, y otro es el boquete de infraestructura que tendremos que reparar y que cuesta miles de millones más", expuso.

La crítica situación se traduce en abandono en la infraestructura de hospitales y centros de salud, desabasto de medicamentos y falta de pagos a los proveedores.

Entre 2009-2015 se cayeron los indicadores de salud, se perdió la certificación de hospitales, reafiliación del Seguro Popular, abasto de medicinas, el desempeño de recursos provenientes de la federación y la atención de enfermedades cayó dramáticamente, lo cual se refleja en la disminución de lugares a nivel nacional que se había logrado. Para hacer frente a la situación, el gobierno del estado gestionará recursos extraordinarios ante los congresos federal y estatal para cumplir con los pagos pendientes y responder a los compromisos.

"La Secretaría de Salud está en una situación crítica, con abandono en infraestructura, desabasto de medicamento, pero tenemos la certeza de que vamos darle la vuelta", expresó.