Venta de bebés deja 16 detenidos

La complicidad entre un funcionario del Gobierno del Estado y otro de la Unión Ganadera con personas solicitantes de menores en adopción, dejó como resultado a 16 personas consignadas por la probable participación en la venta y tráfico de nueve menores de edad.

Carlos Navarro Sugich, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó ayer en rueda de prensa que esta información se obtuvo el pasado miércoles luego de una investigación de más de seis meses.

Indicó que desde le pasado 18 de marzo la Policía Estatal Investigadora (PEI) inició una averiguación del caso luego de que la corporación policiaca recibió una denuncia anónima en la que se señalaba que una persona del Sistema DIF Sonora tenía retenido a un menor de manera ilegal.

El fiscal sonorense apuntó que como resultado de la investigación se logró obtener la orden de consignación y aprehensión en contra de de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años de edad y de José Manuel Hernández López, de 38 años de edad.

Navarro Suigich apuntó que para proteger la identidad de los menores que fueron comercializados, la PGJE optó por resguardar la identidad de las otras 14 personas involucradas en el caso ya se que trata de los padres adoptivos.

"José Manuel y Vladimir tienen una amistad que data desde hace años, Vladimir era el encargado de la Línea Protege en la Procuraduría de la Defensa del Menor del Estado de Sonora por lo tanto tenía acceso a la información de las personas y de las parejas que estaban tratando de adoptar a una criatura", explicó el director de la PGJE.

Sobre la forma en que operaban Arzate Carbajal y Hernández López desde el 2012 para concretar la venta de los niños, el fiscal del Estado detalló que primero identificaban a mujeres embarazadas con problemas de alcoholismo o drogadicción que acudían a dar a luz al Hospital de la Mujer y después se contactaban con parejas o madres solteras dispuestas a pagar entre 80 a 150 mil pesos por la adopción.

Agregó que estas personas contactaron a un doctor que por una suma de dinero les proporcionaba el aviso de nacimiento con el nombre de la madre para que se plasmara su firma y la huella de la planta del pie del bebé y así poder obtener un acta de nacimiento en el Registro Civil.

"Ha sido doloroso para la PGJE porque estas personas (los padres adoptivos) han hecho un magnífico trabajo en la crianza de estos niños, desafortunadamente cometieron un error al principio, que no estamos dispuestos a tolerar ni cerrar los ojos", aseveró.

"Es muy doloroso tener que deshacer el vínculo de amor ya existente entre estas criaturas y los hombres y mujeres que los presentaron como propios", añadió Navarro Sugich.

Del paradero de los menores que desde hace tres años fueron sustraídos de manera ilícita del hospital donde nacieron, el titular de la PGJE aseguró que algunos ya se encuentran a disposición del Sistema DIF Sonora y que en los próximos días ingresarán los demás.

Precisó que por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante los implicados podrían alcanzar una penalidad de 6 meses a 6 años de cárcel y de 15 a 40 años de prisión por sustracción y tráfico de menores.

El fiscal del Estado concluyó su presencia ante los medios de comunicación comentando que la investigación continuará abierta para detectar si además de estos nueve niños existen más que fueron vendidos.

(Con información de El Imparcial)

Ven complicada participación de empleados

Es poco probable que el personal del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (Himes) haya estado involucrado en alguna red de tráfico infantil, afirmó el director del nosocomio, Luis Antonio González Ramos.

Expresó que tanto el Himes como el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) continúan con su labor normal y que se descarta realizar una investigación interna, pues es la Procuraduría General de Justicia del Estado la instancia encargada de ello.

"Estamos en la mejor disposición de que la Procuraduría llegue a nuestra institución si así lo cree conveniente", aseveró, "pero es ella la que determinará sus acciones y respetaremos todos los procesos que se requieren".

González Ramos expuso, sin precisar cifras, que en la Clínica de Atención Integral a Menores en Situaciones Difíciles (Caimsd) se atienden los casos de las mujeres que por alguna razón no pueden o no desean quedarse con el niño al que han dado a luz.

Es esta misma instancia la que tiene relación con el DIF y por parte del hospital, enfatizó el director, no hay injerencia en lo que sucede con los menores cuando son dados de alta.

"Lo que nosotros hacemos es que damos el certificado de nacimiento de los niños, eso nada más, hasta ahí llegamos, que es lo que corresponde al Himes como justificante de este nacimiento", dijo.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que padres no biológicos tuvieran un aviso de nacimiento expedido por el mismo hospital, el funcionario argumentó que no podía hacer declaración al respecto porque desconoce cómo pudo darse esa situación.

"Es prácticamente imposible, porque se lleva un estricto proceso de registros en este movimiento que se hace desde el punto de vista administrativo", sostuvo.

El personal que labora en el HIES e Himes es de alto prestigio y todos los procesos están normados por la Secretaría de Salud, insistió el director, en respuesta a si existe la posibilidad de que algún médico estuviera coludido en la venta de niños.

Luis Antonio González recalcó que la PGJE es la dependencia que puede explicar por qué hubo menores que no pasaron por el proceso de adopción de DIF y que no hay motivo para desconfiar de los médicos que laboran en el hospital.

Sobre si renunciaría a su cargo en caso de demostrarse que el personal del centro médico estuvo involucrado, el director, quien asumió el puesto en abril de 2012, respondió que sí, pero que es una situación que no va a ocurrir. (Con información de El Imparcial)