Poco queda del optimismo que generó en algunos sectores de la sociedad mexicana el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, con una agenda reformadora y un pacto político para impulsarla. En diciembre de 2012 y durante todo 2013, el gobierno federal parecía tener muy claro el rumbo al que pretendía conducir la República: había llegado la hora de poner fin a la parálisis legislativa, apostar por los ajustes necesarios y diversificar el discurso más allá del hasta entonces predominante tema de seguridad.
La estrategia funcionó hasta mediados de 2014. Dentro y fuera del país, las opiniones favorables hacia lo realizado por el jefe de Estado y de Gobierno de México se multiplicaron ante la sorpresa de muchos que habían visto durante la campaña a un candidato con numerosas limitaciones. Y esto se tradujo en altos niveles de aprobación entre ciudadanos y líderes de opinión. De acuerdo con los resultados de la encuesta de Reforma, en abril de 2013 el nivel de aprobación entre la ciudadanía era del 50 por ciento, con apenas un 30 por ciento de rechazo; mientras que entre los liderazgos era de 78 por ciento, contra un 20 por ciento de desaprobación. La realidad hoy es muy diferente.
La caída en los índices de aprobación del presidente ha sido gradual entre los ciudadanos, pero abrupta entre los líderes, quienes parecen haber abrigado grandes expectativas que no han sido satisfechas. En el lapso de poco más de dos años, la aceptación ciudadana ha bajado hasta un 34 por ciento y el rechazo se ha incrementado hasta el 64 por ciento, según la última encuesta publicada la semana pasada. En el caso de los líderes, la aprobación alcanza apenas un 15 por ciento y la desaprobación se ha disparado hasta un 84 por ciento. El presidente Peña Nieto enfrenta los peores niveles de popularidad desde el arranque de su gobierno. Un factor que sin duda afectó fue el de la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, pero no fue el único. Además de censurar la actuación del gobierno federal frente al escape, los encuestados también reprueban la forma en la que se ha combatido al crimen organizado y la manera como se ha aplicado la Reforma Educativa.
A estos acontecimientos recientes, hay que sumar otros que se vienen arrastrando desde mediados de 2014. Tal es el caso de la masacre de Iguala, la escasa claridad de lo ocurrido en Tlatlaya, lo concerniente a la adquisición de casas para funcionarios a empresas contratistas y, sin duda, el recorte de expectativas en el crecimiento económico. En este sentido, desde un principio se han establecido metas de desarrollo que no se han cumplido, por diversos factores. La caída en los precios del petróleo, la depreciación del peso frente al dólar y el tropiezo en el arranque de la Ronda Uno de la subasta energética, colocan al país en un escenario muy complicado en materia económica. Si a esto se añade que en México ha crecido la pobreza en el actual sexenio a un mayor ritmo que el pasado y que, además, este país es el único de América Latina que ha tenido un incremento en el porcentaje de pobres, el círculo del descontento termina por cerrarse.
El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha logrado hasta el momento hacer frente a los desafíos que la realidad social, económica y política del país le han impuesto y ha tenido tropiezos sin ofrecer una reacción pronta ni un dar un golpe de timón para corregir el rumbo. No obstante, aún queda poco más de la mitad del sexenio, tiempo suficiente para enderezar el barco, si es que existe la voluntad de hacerlo.
