A pesar de la negación del gobierno y los responsables de las fuerzas armadas, cada día se acumulan más evidencias que refuerzan la afirmación de que el "alto mando" (es decir, desde la Presidencia de la República o los secretarios del ramo correspondientes) dio la orden de abatir (léase asesinar, aunque también quieran matizarla) a los presuntos delincuentes, sin importar que al cumplirla también asesinen a civiles inocentes.
La última de estas evidencias es la estadística que presentó el diario Reforma, en su edición del sábado 1 de agosto, donde señala que en lo que va del sexenio la Policía Federal "…se ha enfrentado en 290 ocasiones con la delincuencia organizada, con un saldo de 278 criminales muertos y 269 detenidos", es decir, matan a más de los que detienen. Este dato señala el mismo diario contrasta notablemente con lo que sucedía en el anterior Gobierno Federal, que de acuerdo a las estadísticas que presenta de 2008 a 2012, detuvieron a 973 y mataron a 534, es decir, 1.8 detenidos por cada presunto delincuente abatido.
Hay que señalar que del 2012 a la fecha, el único año en el que hubo más presuntos delincuentes detenidos que muertos fue en el 2014, pues en los otros 3 años la cifra de muertos supera a la de detenidos, lo que muestra una tendencia muy preocupante.
Por otra parte, un reporte anterior del mismo diario indicaba que en los primeros 19 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional reportaba que en los enfrentamientos entre presuntos delincuentes y elementos militares habían sido abatidos 606 civiles; a partir del 5 de abril del 2014 ya no se puede dar seguimiento a dicha información, pues la Sedena decidió suspenderla. Así sí se suman los civiles abatidos por la PF y los de los militares (hasta antes de abril del año pasado) se llega a 884.
Las tendencias en el número de abatidos y en la relación de muertos y detenidos y la recurrencia de casos como los 22 acribillados en Tlatlaya, en junio del año pasado; de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, en septiembre del año pasado; de Tanhuato, Michoacán, en mayo del presente año; de Michoacán, apenas el domingo 19 de julio pasado, donde soldados abatieron a dos menores; y de Calera, Zacatecas, donde militares detuvieron y, posteriormente ejecutaron a 7 jornaleros, el 7 de julio pasado, son evidencias imposibles de ignorar.
Los casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas públicas y armadas mexicanas se acumulan, a pesar de que las autoridades se empeñan primero en negarlos y, cuando las evidencias no les dejan más alternativa, atribuirlos a conductas personales de los elementos que participaron en las acciones, pero no a una orden superior.
Estos casos en conjunción con el informe emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a principios del mes pasado (comentado en este mismo espacio en esa oportunidad) sobre los documentos del mismo Ejército que señalaban explícitamente: "las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario", contradicen las versiones oficiales.
A esto se agrega que en México, tal como señala en la información referida, la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, Catalina Pérez Correa, no existe una política clara que regule el uso de la fuerza, pues como apuntó: "Si buscas datos de qué pasa después de un enfrentamiento pues no hay nada, no se hacen investigaciones, no se hacen públicos los datos, no sabemos qué pasa cuando hay un enfrentamiento".
Junto a todo esto llama mucho la atención que en el caso de los capos más prominentes de los grupos de la delincuencia organizada siempre se realizan operaciones quirúrgicas, en las que las fuerzas armadas logran la detención de estos cabecillas sin siquiera disparar un tiro, como sucedió entre otros con la detención de Joaquín "El Chapo" Guzmán y de Rubén Oseguera González, "El Menchito", por citar los dos más relevantes de los últimos meses.
Es decir, en el caso de los enfrentamientos entre miembros de los grupos de la delincuencia organizada, donde no participan los delincuentes más buscados, y elementos de las fuerzas de seguridad o armadas, hay más muertos que detenidos; pero cuando en el grupo se encuentra alguno de los capos, son capaces de realizar las detenciones sin abatir a nadie. Lo menos que puede decirse es que es un muy extraño contraste.
Más allá de la violación de los derechos humanos de los presuntos delincuentes a los que en la práctica se aplica una ejecución sumaria, sin haberlos sometido a un proceso legal, el problema se agrava por el número de inocentes que son abatidos por las más diversas razones -fuego cruzado, estar secuestrados por los presuntos delincuentes, confundirlos con presuntos delincuentes o simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado- como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones.
Al margen de los casos específicos que ya han sido abordados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya es momento que la misma realice una investigación especial sobre el caso y emita las recomendaciones correspondientes para poner un alto a las ejecuciones extrajudiciales, que hoy por hoy son la práctica común.
