Pemex Exploración y Producción (PEP) asignó su sexto contrato más cuantioso de este sexenio a un grupo empresarial que estaba inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.
Tras una licitación, en agosto de 2013 PEP adjudicó un contrato de 500.2 millones de dólares (unos 6,671 millones de pesos en esa fecha) a la empresa Sistemas Integrales de Compresión (SICO).
La firma forma parte del Corporativo Nuvoil del empresario Mariano Hernández Palmeros, igual que la empresa Part Technical Services (PTS), que en abril de 2011 fue inhabilitada por la SFP para recibir contratos públicos durante dos años y seis meses, es decir, hasta octubre de 2013.
Ante ello, un juez federal resolvió que Pemex debe volver a hacer la licitación que asignó a SICO.
Se trata del primer caso en que el Poder Judicial Federal considera que las sanciones a una filial de un grupo empresarial se deben extender a otras subsidiarias, aunque éstas no hubieran sido señaladas por alguna irregularidad.
El juzgador se basó en criterios de la Comunidad Europea y tratados internacionales contra corrupción, que buscan evitar que los consorcios eviten sanciones o realicen prácticas monopólicas mediante el uso de distintas razones sociales para obtener contratos.
