Cuando en 1992 se promulgaron las reformas salinistas a las leyes agraria y de aguas se decía que con ellas se daría seguridad en la tenencia de la tierra y se promovería el crecimiento económico en el campo mexicano, en esos momentos seriamente afectado por una sucesión de crisis agrícolas y sociales que se arrastraban desde los años setenta cuando México deja de ser autosuficiente en la producción de granos. Lamentablemente hoy en día no podemos afirmar que esas reformas hayan tenido el impacto económico y social supuesto.
La Ley Agraria se reformó en una gran parte de los aspectos que contenía, dos de ellos medulares: por un lado, se canceló el reparto de tierras que desde 1917 se aplicaba en el país, al entrar en vigor la nueva ley aquellas personas que aspiraran a obtener tierras mediante afectaciones de latifundios sólo podrían adquirirlas comprándolas, y por el otro, se privatizaron las tierras ejidales al adoptarse diferentes modalidades de enajenación al interior y exterior de los ejidos. Ambos cambios favorecieron la reconcentración de estas tierras en manos privadas, quienes disponían de mayor capital las fueron acaparando hasta crear nuevas formas de latifundismo agrario.
La Ley Federal de Aguas también sufrió reformas importantes, una de ellas fue la mercantilización de derechos de agua. Al ser éste un recurso público del cual sólo la nación es propietaria, no se enajenó como las tierras ejidales, pero se permitió la transferencia de las concesiones que fueron también acaparadas por quienes disponen de mayor capital, apareciendo los llamados aguatenientes, una modalidad de monopolio del agua que aunado al que ocurría con las tierras ejidales reconfiguró la estructura de clases sociales en el campo mexicano.
En la Comarca Lagunera, al igual que la mayor parte de los Distritos de Riego y una parte importante de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (Urderales) donde se disponen volúmenes de agua para el riego agrícola, el impacto de esas reformas fue devastador para los ejidos: los pequeños productores rurales que antes recibían créditos oficiales y a quienes dos años antes se les aplican restricciones en los préstamos (cerca de 900 mil campesinos de los 3 millones existentes en México recibían crédito de la banca oficial, que al serles restringidos se redujeron a un 10 %), se fueron descapitalizando y obligados a deshacerse de sus activos, entre ellos rentar o vender sus tierras ejidales, y donde había agua, a transferir sus concesiones.
Así, observamos que en esta región durante la última década del siglo pasado ya se habían transferido gran parte de las tierras ejidales y las concesiones de pozos a los empresarios agroganaderos, quienes amparados en la nueva legalidad concentraron grandes extensiones de tierra que los empobrecidos ejidos remataban, y tras ellas o a la par, las concesiones de agua superficial y subterránea.
De acuerdo al padrón de usuarios de aguas de la presa, en el Distrito de Riego 017 hay alrededor de 34 mil concesiones y 3 mil de pozos de bombeo para riego agrícola en los acuíferos de la región. Es difícil saber con precisión cuantas de estas concesiones están en manos de ejidatarios y empresarios, lo que sí resulta obvio al observar la economía y forma de vida de la población de casi 400 ejidos de la región, que la mayor parte de ellos ya enajenaron sus tierras y transfirieron sus concesiones de agua. De hecho, el crecimiento de la cuenca lechera durante esa década, expresado en la duplicación de la superficie de alfalfa y del hato ganadero lechero, se basó en la quiebra y empobrecimiento del ejido y sus pobladores.
Pero este impacto no sólo ha sido económico y social, es también ambiental, se ha agudizado la crisis hídrica regional: el monopolio de tierras y concesiones de agua ha configurado una élite económica y política con el suficiente poder no sólo para consolidar su enclave forrajero, lechero y lácteo, sino que también para evadir o impedir la aplicación de regulaciones en el uso de las concesiones, no permitiendo la aplicación de una medición confiable en las extracciones de sus pozos que posibilita bombear mayores volúmenes que los concesionados. Hoy en día la brecha hídrica entre demanda y oferta de agua se ensancha y vuelve cada vez más difícil resolver el problema ambiental más grave de la región, la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos.
Desde 1992 este acaparamiento de tierras y agua ha ocurrido principalmente en las áreas bajas de la cuenca, aquellas que comprenden las áreas donde se distribuye el agua superficial (que abarca los módulos de riego IV a XVII del Río Nazas), o el acuífero principal (la zona metropolitana incluyendo la mayor parte de las demás poblaciones urbanas y comunidades rurales de la región), pero ahora se extiende hacia los módulos de riego I a III, sobre todo en este último denominado San Jacinto, donde subyace otro acuífero vecino del Principal, el de Villa Juárez.
En esta última zona ha surgido una preocupación seria entre los ejidatarios, donde algunos de ellos y no pocos, ante sus precarias condiciones sociales de vida han estado enajenando tierras de uso común (aquellas destinadas a uso ganadero o forestal) a empresarios agroganaderos, y éstos, al parecer sin haber obtenido las autorizaciones para cambio de uso de suelo, los están convirtiendo a uso agrícola para producir forrajes, reubicando sus pozos de bombeo a estos sitios cuando el Acuífero de Villa Juárez, según estudios técnicos hechos por la Comisión Nacional del Agua, ya no tienen volúmenes disponibles.
Tal parece que la expansión de estas actividades que realizan los empresarios agroganaderos está provocando el desplazamiento económico y social de los pequeños productores agrícolas que habitan en aquellas comunidades, con una tendencia a ampliar su monopolio, a la vez que tendrá efectos ambientales al acentuar las extracciones de agua en esta zona, presionando más al acuífero de Villa Juárez (en otro tiempo señalado como la reserva de agua potable para la zona metropolitana), y es posible que afecte al ya sobreexplotado Acuífero Principal por ser ella un área de recarga natural. Así, el último reducto de disponibilidad de agua está cayendo en manos depredadoras que provocan exclusión social y deterioro ambiental.
