La Reforma Educativa se reduce, hasta el momento, a una decisión elemental: la expropiación de la política educativa. En eso consiste su propósito central y no es poca cosa: hacer público lo que fue privatizado. Recuperar una rectoría que el sindicalismo ejercía en los hechos. Darle al Estado el mando de la política pública en materia educativa. Expropiar: dar al poder público el control de lo que indebidamente era ocupado por intereses particulares. Es cierto que se trata de una reforma más política que educativa. Se trata de pavimentar el camino que conduce a la reforma. De ahí viene el replanteamiento de la relación del gobierno federal con el SNTE. De ahí la reciente refundación del órgano educativo de Oaxaca.
La manera en que la Coordinadora llegó a controlar el instituto educativo de Oaxaca es un ejemplo de las claudicaciones de Estado mexicano de los últimos lustros. Ir transfiriendo a los particulares tareas que corresponden esencialmente al Estado. La capitulación convirtió al sindicato en autoridad. Era el órgano sindical quien entregaba puestos y ascensos, quien repartía beneficios y aplicaba sanciones. Los méritos profesionales de los maestros era lo de menos. Lo importante era la contribución a la perpetua movilización sindical. El gobierno local era incapaz de ejercer sus responsabilidades esenciales en escuelas donde mandaba el sindicato. A base de cesiones, el Estado pensaba ganar la paz, pero se sometía a una extorsión insaciable.
El corporativismo le dio cuerpo al Estado mexicano tras la Revolución. En los últimos años lo ha deshecho. En particular, el corporativismo magisterial (el oficial y el rebelde) rehizo el vínculo de las organizaciones sociales con el Estado y, al redefinir esa relación, diluyó el sentido poder público. Las concesiones dieron paso a la cesión de las atribuciones esenciales del Estado. Más allá de la negociación de salarios y prestaciones, el Estado fue entregando responsabilidades: inspecciones, vigilancia, promoción de acuerdo al mérito. Una cosa es acordar un aumento salarial. Algo muy distinto es pactar la entrega de la atribuciones intransferibles del Estado. Eso es precisamente lo que se pretende revertir hoy con la reforma.
El corporativismo nació con la confianza de un Estado proveedor: un garante del sustento y del bienestar que ganaba legitimidad y respaldos. Terminó con el sometimiento de un Estado carcomido. El corporativismo no es ya un instrumento de colonización del Estado sobre las organizaciones sociales sino una serie de implantes que lo atrofian. El pluralismo político no aniquiló al viejo corporativismo como prescribía el manual de la transición. Su víctima real fue el Estado, el poder público.
El Estado de la Revolución se definió como un Estado interventor, un agente activo de la vida económica. Más que un árbitro, una palanca de compensaciones. El Estado que lo remplazó no resultó, como se prometía, una confiable instancia de regulación. Terminó siendo (el caso de la educación es ejemplar, pero no único) un Estado secuestrado, Estado rehén. No es el estado mínimo que algunos liberales deseaban, es el Estado corroído, el Estado capturado por las parcialidades, un Estado mordisqueado por todas partes. Ayer padecíamos a un pulpo asfixiante y abusivo. Un Estado invasivo y temible. El pulpo se ha convertido en una colonia de parásitos, un nido de termitas. Es un Estado invadido y risible; un tronco inerte y apolillado.
La decisión de recuperar al Estado educador es una de las decisiones más importantes del gobierno de Peña Nieto. Implica, a mi juicio, un saludable giro a su política habitual. Desde su nacimiento, el gobierno federal ha seguido la ruta del consenso. Su diálogo con las oposiciones le permitió concretar importantes cambios legislativos. La decisión reciente asume el deber de gestionar el conflicto. Al respaldar al gobernador de Oaxaca en su decisión de recuperar las riendas de la política educativa, la presidencia da muestra de una determinación distinta y necesaria: encarar la disputa por el futuro. Que sea una decisión tardía no la hace menos importante. La expropiación de la política educativa merece la batalla.
