Desde 2010 la pobreza y la pobreza extrema han ido en aumento en Coahuila. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en ese año el 27.8 por ciento de los coahuilenses era considerado pobre y el 2.9 por ciento extremadamente pobre. Cuatro años después, los porcentajes se encuentran en 30.2 y 3.7, respectivamente. Sobre esta situación, cabe hacer algunos apuntes y reflexiones en torno a los excesos de años pasados y a la austeridad obligada de los actuales.
I. En el sexenio 2005-2011, en el discurso oficial se dio un acento marcadamente social a la administración pública. Los programas asistenciales llamados "De la Gente" fueron el gran orgullo del exgobernador Humberto Moreira, quien en noviembre de 2010, ante un pletórico Coliseo Centenario de Torreón, los presumió como la clave del éxito de su gobierno. Ese mismo año, el gobierno de Coahuila ejerció un presupuesto récord en desarrollo social de 13,273 millones de pesos, alrededor de 4 veces más que en 2009. De esa cantidad, 10,419 millones de pesos se destinaron a inversión pública, es decir, a programas y acciones de corte social. Sin embargo, sólo del 14 por ciento de los recursos se sabe en qué se invirtió, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior del Estado. De lo demás, es una incógnita.
II. Con todo y las inversiones anunciadas y presumidas en materia de desarrollo social, la pobreza creció en Coahuila entre 2010 y 2012. Unos 25,000 coahuilenses se sumaron a las filas de la pobreza en ese período y cerca de 10,000 a las de la pobreza extrema. Si los recursos no llegaron a estas personas, ¿en dónde quedaron? El argumento con el cual el gobierno entonces intentó defenderse fue el de la crisis económica de 2008 y 2009, además de responsabilizar al gobierno federal del panista Felipe Calderón por su fallida política económica. No obstante, otros estados, como Durango, sí lograron disminuir la pobreza y con mucho menos presupuesto. Bajo el mismo contexto nacional y mundial y con una cantidad menor de dinero ¿por qué sí funcionaron allá los programas y aquí no?
III. La deuda estatal durante el gobierno de Humberto Moreira y Jorge Torres pasó de 323 millones de pesos a 36,000 millones aproximadamente. Es decir, un incremento de 108 veces, el mayor registrado en todo el país en un período de seis años. Las características principales de ese endeudamiento son la opacidad y la ilegalidad. La mitad de esos recursos fueron contratados sin autorización del Congreso local. Una cantidad similar, 18,000 millones de pesos, no quedó explicada en las cuentas públicas de la administración que entregó Torres López, hoy prófugo de la justicia de Estados Unidos en donde se le busca por fraude y lavado de dinero. Y a pesar de todo el desaseo, la Cámara de Diputados de Coahuila autorizó el refinanciamiento de la deuda, con lo que prácticamente se dio validez a lo que en principio careció de legalidad y legitimidad.
IV. Al llegar Rubén Moreira al poder, luego de una elección en la que se registró una votación histórica para el partido ganador, se encontró con un estado endeudado y seriamente comprometido en sus finanzas públicas. La actual administración tuvo que realizar fuertes ajustes presupuestales para sortear el impacto de la deuda y aumentar la carga impositiva. La inversión pública ha sido de los rubros más castigados. Mientras cada año se destinan alrededor de 4,000 millones de pesos al pago de servicio de la deuda, la inversión pública no alcanza los 3,000 millones de pesos. Esto ha repercutido en los programas sociales, mismos que el propio gobernador reconoció que fueron manejados de forma irresponsable durante el gobierno de su hermano. Sin embargo, estos ajustes y esta crítica no han alcanzado para iniciar una investigación sobre lo ocurrido en el sexenio pasado para esclarecer a dónde fue a parar el dinero y quiénes fueron los responsables.
V. En medio de los fuertes compromisos financieros, que ya han llevado a una segunda reestructura de los pasivos bancarios, y frente a los obligados recortes en los programas sociales y aumentos de impuestos y servicios, el número de coahuilenses en pobreza y pobreza extrema creció entre 2012 y 2014 a un ritmo incluso mayor que en el bienio anterior: 86,500 personas se sumaron al grupo de pobres y 17,000 al de extremadamente pobres. Estos datos contrastan con las cifras oficiales en materia de generación de empleo, las cuales establecen que en lo que va de la administración se han creado 100,000 puestos de trabajo. ¿De qué calidad de empleo se está hablando y para qué segmento de población?
VI. Los coahuilenses, pobres o no, son los mexicanos con la mayor deuda per cápita. Cada habitante de esta entidad debe 12,383 pesos aunque no sepa a ciencia cierta por qué. De acuerdo a las leyes estatales y federales, un gobierno puede contratar deuda sólo para invertir los recursos en beneficio de la población, es decir, para realizar una inversión productiva. Dicha inversión debería contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes. En el caso de Coahuila no fue así. Hoy, sin saber a dónde se fue el dinero de los créditos contratados en la pasada administración, la pobreza en la entidad ha crecido. Cuando se tuvieron los recursos en abundancia es evidente que no se invirtieron en ayudar a los más vulnerables para sacarlos de esa condición. Ahora que no se tienen, esa población es la que sigue pagando las consecuencias junto con una clase media que se ha ido poco a poco pauperizando.
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