Cada vez se suman más políticos, funcionarios y exfuncionarios coahuilenses al Club de No Visitantes de las Tierras del Tío Sam. Y esto tiene que ver con, obviamente, las últimas revelaciones realizadas por los fiscales federales en la Hermana República de Texas. Quien encabeza la lista sin duda es el exgobernador Humberto Moreira, quien salió por demás embarrado en la dulce melodía que entonó el empresario Rolando González Treviño en la Corte de San Antonio, aunque claro él dice estar muy sereno porque nadie lo ha acusado de nada.
Pero quienes tampoco seguramente tienen planes de visitar las tierras de míster Obama en el futuro cercano son los 17 exintegrantes del gabinete del Profe, quienes, según don Rolando, sabían de todos los enjuagues para darle un zarpazo al erario y cruzar dinero mojado al otro lado del río Bravo. Y en aquellos ayeres de bonanza y júbilo político, entre marzo y julio de 2009, eran funcionarios de primer nivel varios de los que ahora continúan en la arena política. En las revelaciones de marras hay obviamente algunos sospechosos: En primerísimo lugar Armando Luna, exsecretario de Gobierno transexenal y hoy flamante curuleco electo; y en “segundísimo” lugar Eduardo Olmos, exsecretario de Desarrollo Regional y actual embajador becario de Coahuila en el DF. Pero también figuran Víctor Zamora, exsecretario de Educación, hoy secretario de Gobierno; Román Alberto Cepeda, exsecretario de Fomento Agropecuario, hoy delegado regional de Sagarpa, y hasta el flamante diputado electo del Priver, José Refugio Sandoval, quien era procurador del Medio Ambiente. Por cierto, la mayoría de ellos andan muy alejados de los reflectores y aunque se les ha buscado para que digan si saben algo o no de las mentadas reuniones, ni la cabeza asoman.
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Quien de plano ni por error piensa pisar el suelo del vecino país es el exgober interino, Jorge Torres López, prófugo de la justicia, ni siquiera para pelear los 2.7 millones de dolarucos congelados por los gringos de una cuenta en Bermudas, luego del recurso de reclamación que presentó en noviembre pasado. Y es que según informaciones que llegan desde la Corte de Corpus Christi, la esposa de don Jorge, Carlota Llaguno, quien es la única que puede ir a reclamar el dinero, no ha querido hacerlo, ya que tiene temor de que los fiscales norteamericanos le vayan a tender una trampa y la obliguen a testificar contra su marido, así que mejor ahí la deja y esos milloncitos seguramente pasarán en los próximos días a engordar el tesoro del Tío Sam, que para eso se pinta solo. Dicen los que saben que este es el siguiente capítulo en la popular teleserie llamada “Conexión Coahuila” y que después de ella seguirán las sorpresas de cara a las sentencias que en septiembre se dictarán contra el extesorero Javier Villarreal y el empresario Rolando González Treviño.
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Dicen los subagentes que respecto a las comprometedoras aseveraciones lanzadas por la Corte Oeste de Texas hay posiciones y sentimientos encontrados. Por una parte, las informaciones que comprometen al Profe también meten en aprietos al aparato de justicia y rendición de cuentas del gobierno provincial, pues evidencian que mientras allá las investigaciones avanzan viento en popa, aquí han sido arrojadas por la borda y hasta puestas bajo llave para que nadie confirme lo que todos sospechan: Que el Estado no ha indagado a nadie. Pero por la otra, los dardos lanzados por González Treviño contra Humberto sirven también como un “estate quieto”, ya que, según cuentan, al Profe se le ha visto merodear cada vez con mayor frecuencia en la Urbe de Adobe y que no son pocos los que lo andan animando a que regrese al pancracio político como candidato por una diputación local o, incluso, por la alcaldía de Saltillo, lo cual no resultaría extraño en un estado en el que con todo y desastre financiero -escándalos incluidos- el partido en el poder sigue llevándose carro completo en las elecciones. Así que mientras hacen malabares para esquivar las interrogantes que resurgen con las revelaciones texanas, en el Palacio Rosa también respiran un poco porque las nuevas informaciones pueden disuadir al Profe de regresar a escena y hacerlo pensar que es mejor concluir sus estudios de posgrado, tal y como dijo en su “carta aclaratoria”. Vaya usted a saber.
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En donde parece haberse institucionalizado ya la política de crear organismos “ciudadanos” cómodos es en el ayuntamiento de Torreón. Resulta que esta semana -¡por fin!- quedó conformado el tantas veces demorado consejo supervisor del servicio concesionado de limpieza, pero tan pronto como se anunció, comenzó a generar ruido y decepción. Y es que llamó la atención que la gran mayoría de los integrantes del organismo son funcionarios públicos, encabezados por el mismísimo director de Servicios Públicos, David Fernández, y el contralor -que poco controla-, Javier Lechuga, como comisario. Los espacios para la llamada sociedad civil son los menos y algunos quedaron en manos de los mismos de siempre, viejos conocidos del poder por otros “consejos ciudadanos” en los que participan. Tales son los casos de Carlos Rangel, de la Canaco, y Félix Pérez, de la Cruz Roja. Así pues que de este organismo bien valdría no esperar mucho. Pero no sólo se trata de este consejo. Nuestros subagentes disfrazados de señales viales arrumbadas en patios clandestinos nos informan que se está fraguando un golpe contra el único consejo que históricamente ha resultado incómodo para las autoridades municipales. Se trata del Consejo de Vialidad, que preside Rafael Saavedra y que está integrado por 22 cámaras. Según informes del director de Movilidad, Fernando García Tapia, este organismo será sustituido por un consejo de movilidad urbana que será presidido por, nada más y nada menos, que el alcalde Miguel Riquelme. Este anuncio agarró movidos a los actuales consejeros viales, quienes en principio habían sido informados que el nuevo consejo sería aparte del ya existente, pero todo indica que les aplicaron la del atole con el dedo.
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El gobierno provincial de Durango anda viendo moros con tranchete en todos lados. Nuestros subagentes disfrazados de zopilotes en el alambre nos comentan que entre la gente de Jorge Herrera Caldera hay preocupación por la cantidad de personas que en redes sociales se han sumado a la campaña “Yo Sí Quiero” de la senadora Leticia Herrera. Dicen que tanto es el apuro que se han puesto a revisar uno por uno los “me gusta”, “fav” y “retuit” para ver si se trata de gente real o cuentas falsas conocidas como “bots”. Para sorpresa del equipo de Comunicación Social del gobierno, que está asignado a esta tarea de “inspección” -por no decir, espionaje-, entre los adeptos aparecen priistas que la nomenclatura duranguense consideraba amarrados a la línea oficial de apoyar al delfín Esteban Villegas. Y como no daban crédito a lo que sus ojos veían, comenzaron a llamar a dichas personas para interrogarlas sobre su comportamiento en esas redes sociales. Y como la mayoría aplicó la clásica de “yo no fui, no sé que pasó”, los inquisidores comenzaron a armar su teoría de la conspiración: Alguien del equipo de la senadora tiene un programa que activa “me gusta” y “fav” contra la voluntad del propio dueño de la cuenta. ¡Genios!
