Organizaciones de la sociedad civil exigieron que se investigue a los superiores jerárquicos del Ejército que habrían ordenado abatir a delincuentes, y que habrían propiciado la masacre en Tlatlaya, Estado de México.
El Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Centro Prodh) denunció la existencia de la orden de relevo y designación de mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, del 11 de junio de 2014.
La orden, emitida en el Campo Militar 22, instruye que "las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario".
La orden se encuentra incluida en el expediente de la causa penal 338/2014, radicada ante el Juzgado Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, a la cual tuvo acceso parcial el Centro Prodh.
"No queda ninguna duda de que, en el contexto del caso Tlatlaya, el concepto 'abatir' fue empleado para significar la privación de la vida humana. En el propio expediente, el primer radiograma en que el Teniente a cargo de la base informa sobre los hechos de Tlatlaya, menciona como resultado que fueron 'abatidos' 21 civiles", argumentó Santiago Aguirre, subdirector del organismo.
"La orden propicia graves violaciones a Derechos Humanos (...) y estimamos que debe investigarse la cadena de mando respecto de esta orden".
Debido a que la orden refiere que las disposiciones provienen del "Alto Mando", el Centro Prodh consideró que se debe citar ante el fuero civil a Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional.
QUEDAN LIBRES
Cuatro policías ministeriales consignados ante un juez de control por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) relacionados con el caso Tlatlaya quedaron libres bajo caución después de comparecer ante un juez de control, el cual en las próximas horas resolverá su situación jurídica.
El delito por el que se les acusa es el de "tortura". En la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, vigente en la entidad desde el año de 1994, está considerado como "no grave", ya que contempla una pena de entre tres y 12 años de prisión únicamente
Fuentes gubernamentales informaron que a los cuatro servidores públicos (de los cuales no se ha dado a conocer su nombre), se les fijaron medidas cautelares por cerca de 60 mil pesos, mismas que depositaron mediante una fianza y salieron ayer mismo jueves del penal estatal "Santiaguito" de Almoloya de Juárez, donde estuvieron retenidos sólo por algunas horas.
De los siete policías ministeriales en contra de los cuales se solicitó la orden de aprehensión por parte de la representación social, el juez sólo la obsequió en el caso de estos cuatro, quienes ya están libres bajo fianza.
En el caso de los otros tres policías ministeriales (entre los cuales se encontraría una mujer, quien habría incurrido en abuso de autoridad), el juez de control del Poder Judicial de la entidad negó la orden de aprehensión.
Las medidas cautelares dictadas por el juez de control en contra de los cuatro policías ministeriales (adscritos a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la PGJEM, de acuerdo a la Recomendación girada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos), consistieron en el pago de una fianza por 33 mil 500 pesos y 26 mil 500 pesos por el concepto de "obligaciones procesales".
