Aspectos de la conferencia de prensa “Tlatlaya aun año: La orden fue abatir”, efectuada este jueves, en el centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh). (EL UNIVERSAL)
La orden fue "abatir a delincuentes" en Tlatlaya. Un informe dado a conocer hoy jueves por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reveló el mandato bajo el cual tenían que actuar los militares en el Estado de México, donde se registró la muerte de 22 personas el pasado 30 de junio de 2014.
"El mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal", explicó en un comunicado Maureen Meyer, coordinadora del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), basándose en el informe del Centro Prodh.
Ante los hechos, Meyer afirma que el gobierno mexicano "primero pintó esto como una confrontación y luego como un incidente aislado".
Señaló que el caso Tlatlaya apunta a la necesidad urgente de implementar medidas mayores sobre el uso letal de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
"La lucha contra la delincuencia no debe suceder a costa del respeto a los derechos humanos", destacó.
Apenas el 25 de junio pasado, en el reporte anual 2014 en materia de derechos humanos del Departamento de Estado de EU se informó que la impunidad por la violación de los derechos humanos persiste en México con muy bajos índices de enjuiciamientos o rendición de cuentas en todas las modalidades del crimen.
