Poco antes de las ocho de la noche del jueves 18 de junio, Ixchel Cisneros fue atropellada en la Colonia del Valle en el Distrito Federal, a unas cuadras de las oficinas de la organización Serapaz (Servicios y asesoría para la Paz), después de asistir a una de las reuniones periódicas en las que varias asociaciones civiles trabajan la plataforma por Ayotzinapa.
Su trabajo es clave para Cencos (Centro Nacional de Comunicación, A.C.), ya que es una de las caras más visibles en la promoción y sobre todo en la denuncia de derechos humanos. Las acciones que realiza Cencos han permitido que muchos medios de comunicación que ponían poca atención al tema de derechos humanos, dediquen espacios prioritarios y sobre todo escuchen y repliquen directamente las voces de las víctimas.
Faltan elementos para concluir que fue un accidente por descuido de peatón. Ella misma lo narra en un relato del Blog de Cencos al que titula Atropellar y huir: la justicia cotidiana que no llega: "La tarde estaba lluviosa, los autos tocaban sus bocinas desesperados por llegar a su destino pero yo, caminaba feliz por la banqueta tomando un café con leche que me había comprado minutos antes. En el cruce con Avenida Gabriel Mancera, un auto Chevy color azul me atropelló. No, no iba viendo mi celular, no me pasé el alto, y sí me fijé al cruzar. Aun así, sin más ni más, de un segundo a otro, desperté tirada sobre Gabriel Mancera con desconocidos rodeándome".
Afortunadamente Ixchel está viva y tiene lesiones de las que no le tomará mucho tiempo recuperarse. El resto de su narración es una evidencia de la eterna e insensible burocracia a la que una víctima se enfrenta cuando hay que realizar una denuncia. Independientemente de lo urgente que resulta sensibilizar a todo el personal de los ministerios públicos e invertir para hacerlos más eficientes como una primera entrada a la justicia universal, el contexto en el que el atropellamiento sucedió nos obliga a analizar causales que no se limiten a pensar en un accidente. Coincidentemente en la reunión de la que Ixchel salía, se había tratado el tema del integrante del Ejército que según la Sedena estaba entre el grupo de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Cuatro días después de ser arrollada, en Cencos se celebraría una conferencia de prensa en la que se desmentiría la aseveración de la Sedena en la voz de uno de los normalistas que aseguraba que entre los desaparecidos no había ningún soldado en activo.
Un asalto nocturno a las oficinas de Cencos fue lo que precedió a la conferencia de prensa. El mismo lunes por la noche vaciaron a la organización de su equipo fotográfico y los dejaron sin computadoras. El allanamiento busca amedrentar a los defensores que profesionalmente dedican su esfuerzo a la denuncia documentada sobre violaciones a derechos humanos en nuestro país.
Las autoridades han mostrado nulo interés por conocer quién era cada uno de los 43 desaparecidos. Además, el hecho de que el gobierno de Peña Nieto se niegue a que los militares puedan ser entrevistados sobre este tema, no hace más que reiterar la poca confianza que él mismo tiene sobre la institución castrense. A estas alturas estamos envueltos en una neblina de desconfianza que confunde a todos y que difícilmente puede disiparse.
Hablar del allanamiento a las oficinas de Cencos y de la agresión contra una de sus principales activistas como si fueran hechos aislados y coincidentes, sería el extremo de la ingenuidad. Cómplices y responsables apuestan al olvido, al hartazgo y al miedo, con tal de que quienes exigen la verdad y la justicia queden lo suficientemente desgastados o atemorizados para desistir. En Cencos siguen de pie, valientes, recibiendo apoyos para recuperar su material de trabajo y arropados por organizaciones nacionales e internacionales que están al tanto de su integridad. Suponen que ambos hechos no fueron coincidencia, así que continuarán con su trabajo cotidiano como una protesta en vivo contra el amedrentamiento.
Analista política y activista ciudadana
