En democracia, todo gobierno requiere de un sistema efectivo de controles y contrapesos. El apego a la legalidad en el uso de los recursos públicos no se da en automático por la existencia de leyes y normas. Es necesaria la vigilancia de la sociedad civil sobre las acciones de sus representantes y gobernantes. La transparencia es una de las principales armas para este objetivo, pero por sí sola es insuficiente. Se requiere además de una cabal rendición de cuentas. La ruta para reducir los espacios para la corrupción y el mal manejo del erario no es sólo la de hacer más leyes y normas con castigos más severos. Hace falta que esas leyes se cumplan en estricto apego a derecho y sin manoseos políticos.
En esta región son numerosos los casos que demuestran que la sola existencia de leyes y normas no es garantía de su cumplimiento. Cuando se construyó, demolió y reconstruyó el tristemente célebre Distribuidor Vial Revolución en Torreón, con un costo total de alrededor de 700 millones de pesos -que en principio iba a ser de no más de 200 millones-, ya existía la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Sin embargo, ningún funcionario de la administración de Enrique Martínez pagó por el daño causado al erario por una obra pública mal ejecutada y mal supervisada. Cuando el gobierno de Coahuila adquirió, en completa opacidad, la deuda de más de 36,000 millones de pesos que hoy tiene a la entidad en el peor atolladero financiero de su historia reciente, existía una Ley de Deuda Pública que, incluso, llegó a ser considerada de las mejores en el país.
Pero, en contraste, en esta región también existen claros ejemplos del manoseo político que se le puede dar a la aplicación de las leyes y normas. En este sentido, las detenciones del exalcalde de Gómez Palacio, Octaviano Rendón y el exalcalde de Durango, Adán Soria, forman parte del muestrario de acciones legales emprendidas contra grupos adversarios a quien detenta el poder en el estado. Y así como entraron a prisión, ambos personajes fueron liberados sin que se hablara más de sus procesos. Algo parecido ocurrió con la supuesta investigación que el Congreso local abrió en contra del exgobernador Ismael Hernández Deras por la millonaria fiesta que realizó para demostrar su fuerza y poder de convocatoria al gobernador Jorge Herrera Caldera.
En Torreón, el caso del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento durante las dos anteriores administraciones es emblemático. La Auditoría Superior del Estado realizó en 2010 una revisión técnica y financiera en la que se detectaron licitaciones manipuladas, adquisiciones con precios inflados, cobranzas "fantasma" y obras sin contrato, principalmente en el proyecto de los megatanques de la administración de José Ángel Pérez. Pero en lugar de proceder contra los responsables, la auditoría se guardó por tres años, en el gobierno de Eduardo Olmos, y cuando por fin "apareció", nada ocurrió.
En los últimos días han surgido con fuerza varias dudas y críticas hacia dos de los servicios públicos que el ayuntamiento de Torreón ha entregado en concesión. Uno de los cuestionamientos principales tiene que ver con el incumplimiento de los esquemas de supervisión. Cuando durante la pasada administración municipal el Cabildo decidió renovar la concesión de limpieza a la empresa PASA, se habló de la creación de un Consejo Supervisor que desde 2012 no ha sesionado. En el caso del alumbrado, se dispuso la contratación de una empresa, Digital del Norte, para que supervisara los trabajos de Construlita, y derivado de ello se entregaría un informe a la Dirección de Servicios Públicos, quien a su vez debería mostrarlo al Cabildo, máxima autoridad del municipio. Hasta ahora, esto no ha ocurrido.
Los citados en este artículo son apenas algunos ejemplos de cómo la normativa es insuficiente para garantizar que la función pública cumpla con su objetivo de servir a la ciudadanía. Y en medio de las omisiones se observa que esas leyes suelen utilizarse a conveniencia para proteger a los amigos políticos, amedrentar a los rivales o neutralizar a los personajes que resultan incómodos a quienes gobiernan. Bajo esta óptica tan obtusa del poder, no es posible transitar hacia un auténtico estado de derecho en donde los servidores públicos sean los primeros en acatar la ley y hacerla cumplir. El gobierno de los intereses grupales o particulares sigue primado sobre el gobierno de la mayoría. Porque aunque cambien los colores, aunque se dé la alternancia, la llamada clase política y su status quo permanecen prácticamente intactos. Y a todo esto, la sociedad civil, que tendría que decir y hacer mucho al respecto, ¿dónde está?
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