El proyecto más importante de la administración de Miguel Riquelme en Torreón hasta el momento es el de la renovación del alumbrado público. Al inicio de su gobierno, el alcalde priista identificó a este servicio como el más problemático, incluso superando al de agua potable. En algunos meses de 2013, cuando Eduardo Olmos aún era alcalde, el alumbrado público apareció como el servicio con más quejas en el servicio 073 de Atención Ciudadana. Con este antecedente y aprovechando también la coyuntura del Programa Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público de los Municipios, Riquelme proyectó una renovación total del servicio sobre la cual existen varias dudas.
La primera gran interrogante que surgió fue por qué el alcalde decidió mantener en los cargos de director de Servicios Públicos Municipales y de jefe de Alumbrado Público a David Fernández y a Humberto Gómez, respectivamente, cuando fue precisamente durante sus gestiones en la pasada administración que el servicio presentó mayores problemas. Lo lógico hubiera sido que si no entregaron buenos resultados salieran de la administración para que sus puestos fueran ocupados por otras personas. Con esta decisión parece haberse premiado la ineficiencia mostrada por estos funcionarios.
Más allá de esto y contrario a lo que han hecho otros gobiernos locales, en Torreón se optó por concesionar el servicio a 15 años luego de una licitación que no estuvo exenta de polémica. El argumento de defensa de la Presidencia Municipal fue que el objetivo era la modernización integral del alumbrado y no sólo la sustitución de luminarias. El costo total de la concesión es de 2,940 millones de pesos y el contrato con la empresa Construlita, como trasciende la administración actual, tuvo que ser aprobado por el Congreso de Coahuila. No obstante, la asociación civil Fomento Económico de La Laguna (Fomec) hizo público a principios de julio de 2014 un informe en el que se detallan condiciones que afectarán las finanzas públicas del municipio.
En el documento se advierte que "se está afectando de forma ilimitada e impredecible a las administraciones municipales futuras durante 15 años por la indexación indebida del 84 por ciento del importe de cada pago mensual a la concesionaria, pues corresponden a desembolsos que la concesionaria efectúa por la infraestructura y el equipamiento durante el primer año y que, por consiguiente, ya no se ven afectados por la inflación futura". En términos numéricos, Fomec consideró en su análisis que el ayuntamiento de Torreón pudo haberse ahorrado por lo menos 38 millones de pesos al año por concepto de la compra anticipada de luminarias a ser reemplazadas en 10 años y por lo menos 450 millones de pesos por el cargo indebido de la inflación.
La respuesta del tesorero municipal, Enrique Mota, fue que no existe riesgo para las finanzas municipales y que la indexación inflacionaria que menciona Fomec era necesaria para que la empresa Construlita no perdiera el valor adquisitivo de su dinero dentro de 15 años a valores reales. También defendió la legalidad del esquema basándose en el artículo 24 de la Ley de Proyectos del Estado de Coahuila.
En los meses posteriores a la firma del contrato la polémica se incrementó a la luz de las comparaciones con proyectos de renovación de alumbrado en otras ciudades. Así, en urbes como la Ciudad de México, Saltillo y Gómez Palacio, los proyectos contemplados son más baratos considerando sólo el precio por luminaria. En todos los casos, el tesorero Enrique Mota ha argumentado que las comparaciones no son adecuadas porque, en suma, el proyecto de Torreón implica aspectos que no contemplan los planes de las ciudades referidas, como lo son el mantenimiento y cambio de otros equipos.
Pero el gobierno municipal no ha resuelto otra duda. En la presentación del proyecto de concesión que socializó antes de llevar a cabo la firma del contrato se consideró un comparativo del esquema aprobado contra un esquema en el que el ayuntamiento se haría cargo de la modernización. La principal diferencia radica en el costo de la energía eléctrica: mientras que con la concesión, que implica el uso de lámparas de diodo emisor de luz (led), el monto será de 750 millones de pesos, al municipio sin concesión le saldría en 2,035 millones de pesos. Esta diferencia sugiere que el ayuntamiento consideró la modernización del segundo esquema con lámparas de vapor de sodio, es decir, la misma tecnología que se había empleado hasta ahora, y que ya es obsoleta.
Esto, además de resultar absurdo, puesto que se trata de mejorar la tecnología para ahorrar energía, como lo indica el programa nacional, muestra que el gobierno local intentó inclinar la balanza hacia la concesión de cara a la opinión pública. Lo correcto hubiera sido que el comparativo se hubiera hecho con lámparas led.
En los últimos días, la controversia por el alumbrado público ha cobrado fuerza nuevamente debido a los señalamientos de regidores de oposición en el Cabildo e información que se ha dado a conocer. Uno de los puntos tiene que ver con el rezago que tiene la empresa Construlita en el registro ante la Comisión Federal de Electricidad de las nuevas luminarias instaladas. De las 36,100 lámparas que había colocado hasta finales de mayo pasado, apenas el 35 por ciento habían sido registradas.
Este retraso ha provocado que el ayuntamiento de Torreón no tenga aún ahorro en el pago por el consumo de energía eléctrica. Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la presunta deficiencia en los trabajos realizados, situación que ha señalado un sector de la Iniciativa Privada lagunera.
Pero lo que más suspicacias ha generado es que la empresa Construlita hasta ahora no ha transparentado la lista de las 34 subcontratistas, por lo que los ediles del PAN han solicitado su publicación. La respuesta del ayuntamiento es que la Ley no obliga a que esto se haga y la empresa ha dicho que va a analizar si lo hace o no. Por otro lado, la empresa supervisora de los trabajos de modernización, Digital del Norte, no ha comparecido para mostrar el resultado de sus revisiones a pesar de que desde enero se tenía agendada su presentación ante el Cabildo.
Todas estas dudas impiden aquilatar los supuestos beneficios que el principal proyecto de la administración municipal actual traerá para la ciudad y, de no aclararse, podría convertirse en el principal problema del gobierno de Riquelme de cara a la segunda mitad de su mandato.
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