El caso de la concesión del alumbrado público de Torreón se resiste a abandonar el escenario de la polémica. Nuestros subagentes disfrazados de arbotantes torcidos -eso sí, con luminarias nuevas- nos informan de un asunto que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días. Resulta que luego de la firma del contrato entre el ayuntamiento de Torreón y la empresa Construlita se establecieron tres compromisos para darles seguimiento: uno tiene que ver con la presentación de un cronograma de trabajo, el cual debería seguirse puntualmente para acabar las obras en tiempo; el otro se refiere a la revisión de la calidad de los equipos y materiales instalados, que debe ser como se estableció en el contrato, y el último contempla comparecencias periódicas de la empresa supervisora Digital del Norte para informar sobre los avances y el desarrollo de la instalación.
Pero para no perder la costumbre, ninguno de esos compromisos se ha cumplido sin que hasta la fecha se haya dado una explicación. Mientras tanto, las obras que supuestamente iban a terminar en ocho meses tardarán varios más y las fallas que se han reportado no ha sido por la supervisora. Los sospechosistas se preguntas ¿qué hay detrás de esta falta de diligencia? Pues cuentan los subagentes que en el fondo hay un enjuague entre la concesionaria y la supervisora, más allá del hecho de que es la primera la que paga los servicios de la segunda, ya de por sí extraño. El enjuague es que, según dicen, Digital del Norte es subcontratista de Construlita para la instalación de parte del equipo del nuevo alumbrado y que hasta ha comprado grúas y contratado cuadrillas para retirar e instalar las luminarias led. Dicho en términos llanos, la supervisora es juez y parte en este asunto, por lo que resulta difícil que vaya a hacer señalamientos contra quien le paga, pues ya se sabe que en todo negocio el que paga manda. Lo que está por verse es si la empresa subcontratada de marras firmó con la misma razón social o usó otra. Pero eso no es posible saberlo en este momento, ya que la lista de proveedores y contratistas ha sido guardada como si se tratara del secreto más preciado de los Templarios.
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Al que le llovieron las críticas por parte de los ipecos esta semana fue al director de Obras Públicas del Municipio, Gerardo Berlanga. Y es que el funcionario que gusta de pagar bodas costosas dejó plantados a los integrantes del Grupo Empresarial Lagunero en su reunión del miércoles, a la cual ya había confirmado su asistencia con varios días de anticipación, según lo declacró el vocero del organismo, Carlos Rangel. En su lugar envió a dos subordinados suyos quienes, ante el bombardeo de preguntas sobre las obras del Paseo Morelos, dieron una sóla respuesta: “no tenemos esa información”. El asunto no es tema menor, ya que en los últimos días han surgido cuestionamientos sobre la demora en los trabajos de la empresa que realiza las llamadas obras inducidas. Según algunas fuentes allegadas a la constructora, ésta va a paso lento porque simplemente hasta ahora no le han pagado, por lo que está laborando con recursos propios. Pero luego de negar reiteradamente que la obra tenga algún retraso, en la reunión del comité del ISN más reciente don Gerardo dijo que si no se ha pagado es por culpa de la empresa que no ha presentado las estimaciones de avance, lo cual implicaría que los ejecutivos tienen una visión suicida o algo por el estilo. Lo cierto es que, según se sabe, los recursos del ISN están retenidos en Saltillo, cosa rara dirá usted, desde el año pasado y prueba de ello es que la mayor parte de las obras proyectadas desde 2014 se encuentran durmiendo el sueño de los justos. Y algunos amantes de las suspicacias se aventuran a pensar que algo tiene que ver la reestructura de la deuda de Coahuila que pretende hacer el gobierno provincial, toda vez que ese impuesto estatal sirve como garantía para el pago de los empréstitos.
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A propósito de la deuda, las nuevas claves reveladas por el Tío Sam sobre la truculenta trama de la llamada Conexión Coahuila han activado de nuevo las baterías de los legisladores de oposición, principalmente Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar. Luego de que el empresario mediático Rolando González Treviño, hermano de Raúl, exembajador del Profe Moreira en San Antonio, Texas, se declarara culpable del delito de conspiración para transportar dinero robado del Estado de Coahuila, ni tardos ni perezosos don Memo y don Luis salieron a declarar que los gobiernos federal y estatal ya no tienen pretexto para llamar a cuentas al exgobernador bailarín que bailó a todos con la megadeuda. Y es que el caso se ha complicado sobremanera para las autoridades provinciales, quienes juran y perjuran, una y otra vez, que el dinero usado para comprar bienes en la hermana República de Texas no salió de las arcas coahuilenses. Pero la confesión de González Treviño no deja mucho margen de maniobra para el gobierno de Coahuila, quien so pretexto de atender el desastre en Acuña -algo que debe hacerse, sin duda-, informó que no emitiría postura alguna respecto al caso, faltaba más. No obstante, las instituciones coahuilenses tienen que explicar varios asuntos relacionados con la megadeuda, además de cómo se dio la sustracción de recursos, al menos 500 millones de pesos, cifra aproximada de lo que el Tío Sam ha incautado a exfuncionarios estatales y empresarios cómplices. Tal es el caso del destino de la mitad de los créditos contratados por la administración anterior y que no aparecen en las cuentas públicas, así como la lista de proveedores y contratistas a los que se les debe desde el sexenio pasado sin que esté claro cuáles obras o programas ejecutaron. En fin, el cerco gringo parece irse cerrando y las sentencias contra el extesorero Javier Villarreal y el empresario Rolando González Treviño, quienes por cierto han seguido la misma estrategia legal de declararse culpables para evitar ir a juicio y tener castigos mayores, serán dictadas en septiembre. En el inter, se espera que surjan las piezas que faltan del rompecabezas.
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Quien ya salió embarrado en todo este mitote de la presunta red de corrupción del sexenio anterior es el diputado federal panista Guillermo Anaya, que al parecer no se esperaba el misil que fue arrojado ayer con dirección a él, pues ni tardo ni perezoso salió a opinar con todo sobre el caso González Treviño. De acuerdo con información que ayer circuló en varios portales de internet don Memo, verdadero jerarca del PAN coahuilense, fue compañero de vuelo del empresario Guillermo Flores Cordero, quien hace algunos meses confesó en Texas haber participado en una trama de lavado de dinero luego de haber sido detenido en 2013 en San Antonio. Como recordará usted, memorioso lector, Flores Cordero es una pieza más de la investigación que mantienen los gringos y que abarca a personajes como el extesorero Javier Villarreal y los exgobernadores de Coahuila, Jorge Torres, y de Tamaulipas, Eugenio Hernández. Pues ahora resulta que el diputado Anaya utilizó el avión de su tocayo en 2011, cuando era candidato a la gubernatura de Coahuila. Frente a estos vínculos expuestos, don Memo optó ayer por defenderse diciendo que todo se trata de una “cortina de humo” para desviar la atención de lo que considera verdaderamente importante: aclarar todo lo concerniente con la deuda de Coahuila y que los responsables sean castigados, cosa harto remota en México, no así en los Estados Unidos. Lo cierto es que este misil golpea directamente a sus aspiraciones políticas.
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Las cosas se pusieron candentes en el debate de los candidatos a diputado federal por el distrito 05 organizado esta semana por el vapuleado INE en su sede. El encuentro se salió de control cuando el moderador decidió romper con el orden programado y preguntó al público asistente si debía responder la suspirante del Priver, Flor Rentería, a una alusión personal. De inmediato los espectadores comenzaron a gritar a favor y en contra de la propuesta y uno de los más activos fue el primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, Miguel Mery, quien ataviado con camisa de la candidata y en pleno horario laboral se puso a discutir con un sector del público. Los ánimos se caldearon tanto que don Miguel estuvo a punto de liarse a golpes con un asistente que, a decir del edil, le faltó al respeto a una consejera. Afortunadamente no pasó a mayores, pero Mery salió enojado del recinto despotricando por la situación. En sus declaraciones posteriores arremetió contra el moderador, un conocido comunicador de la región, a quien responsabilizó del desaguisado. Pero cuando se le cuestionó que hacía en horas hábiles en pleno acto proselitista se salió elegantemente por la tangente, por lo que queda la duda si los regidores de Torreón están exentos de respetar la ley electoral que prohíbe a los servidores públicos andar haciendo campaña cuando tienen que estar cumpliendo sus funciones. A menos, claro está, que el Máximo Centro Recreativo de la ciudad, mejor conocido como Cabildo, carezca de controles y horarios que, a la luz de los observado, parece ser la realidad. Luego nos preguntamos por qué estamos como estamos.
