En la columna anterior hablamos del significado de gobernanza y algunos de los ejercicios que se presentan en nuestra región como el de los ciclistas y moreleando, en los cuales algunos ciudadanos se agruparon y participan en la recuperación de espacios públicos hoy aprovechados por una gran cantidad de personas, pero también debe mencionarse aquellos otros casos que surgen ante la opacidad y simulación de los gobernantes locales, particularmente en Torreón durante la administración anterior en un entorno marcado por el estancamiento económico regional y la violencia demencial de los grupos criminales que afectaron a amplios sectores de la población.
Entre ellos se encuentra el Instituto de Participación y Acción Ciudadana (IPAC) y Participación Ciudadana 29, organismos civiles que reclaman transparencia y rendición de cuentas en las acciones gubernamentales. El IPAC surge hace algunos años, ha mantenido una postura crítica y propositiva en uno de los ámbitos donde hay mayor déficit de gestión gubernamental que ha provocado una menor credibilidad de los políticos locales, mientras que el segundo nace de manera más reciente e involucra un segmento diverso de ciudadanos que también cuestionan el ejercicio público de nuestros gobernantes.
Otros organismos son el Consejo Cívico de las Instituciones que opera como un observatorio ciudadano que promueve acciones para el fortalecimiento del tejido social, Renacer Lagunero que promueve la construcción de una agenda de desarrollo local con participación ciudadana y algunos más que vienen desempeñando un papel importante en el empoderamiento de la sociedad civil frente a la sociedad política, presentando una visión diferente y más verosímil que la oficial en asuntos tan delicados como la inseguridad pública.
El deterioro de los recursos naturales que disponemos en la región, particularmente los hídricos, debido a la sobreexplotación y contaminación de los cuerpos de agua dulce subterránea que constituyen la principal fuente de abastecimiento para desarrollar la economía local y a la propia población lagunera, ha motivado la participación de ciudadanos y organismos civiles que cuestionan esa gestión y proponen alternativas que acoten la depredación que sobre dichos recursos realizan élites económicas con poder que incide y rebasa las estructuras políticas locales.
Entre ellos está Encuentro Ciudadano Lagunero, coalición de organismos civiles que durante los últimos años han difundido y propuesto soluciones fundamentadas a la grave problemática ambiental y social que deriva del uso insustentable del agua en La Laguna, demandado respuestas a las oficinas de gobierno responsables de la gestión del agua, el ambiente y la salud, ya que la postergación de esas soluciones implica el agotamiento de un recurso clave para el desarrollo regional y la prolongación y agudización del daño en la salud humana, respuestas que han sido insuficientes u omisas.
Otro recurso que otrora debió ser abundante por el privilegiado lugar en que se asentó la población lagunera, es la biodiversidad; la ocupación humana de los espacios físicos en el delta de los ríos Nazas y Aguanaval desplazó a la fauna y flora silvestre que los habitaba: apertura de tierras al cultivo, construcción de vías de comunicación y edificaciones para empresas, viviendas y de otro tipo, antropizó los ecosistemas naturales, fragmentó los hábitat locales y provocó la pérdida de especies y poblaciones nativas, reduciendo las zonas no afectadas a ínsulas que afortunadamente se han convertido en reservorios naturales sujetos a protección legal y social.
En este proceso de gestión ha sido importante la participación de científicos, ciudadanos y servidores públicos responsables, quienes han intervenido para que cerca del 7 % del territorio regional adquiera ese estatus de protección, no sin que aún persistan las amenazas que el propio hombre crea al ser atraídos por la belleza escénica del paisaje y los recursos naturales que albergan, con la burda pretensión de trasladar la visión del jardín urbano a áreas destinadas a conservar la vida silvestre. Afortunadamente, los lugareños que han sabido conservar esas áreas en acuerdo con organismos civiles y empresariales y servidores públicos responsables involucrados en esa gestión, hasta ahora han detenido dichas amenazas.
Entre los organismos civiles involucrados se encuentran Fundación Jimulco y Prodefensa del Nazas, responsables de la administración de la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco y el Parque Estatal Cañón de Fernández. El primero constituye un ejercicio de gobernanza ambiental singular porque logró asociar a universidades, organismos civiles y empresariales y los propios habitantes del área, y ambos han desempeñado un papel clave en la protección y conservación de la biodiversidad que aún resiste de nuestros embates, y los ecosistemas naturales que nos prestan servicios ambientales invaluables para el desarrollo regional y el bienestar de la población local.
Ciertamente, no puede menospreciarse acciones gubernamentales que se han implementado con impacto en la economía, la sociedad y el ambiente en la región, ni tampoco las que hayan realizado organismos sociales paragubernamentales o corporativizados al aparato estatal, los cuales, sin embargo, presentan la limitante de carecer de autonomía o ejercer sus funciones sujetos a las disposiciones del poder público con el consecuente secuestro o acotamiento de su ejercicio ciudadano, cayendo en la simulación y validación de las políticas públicas y las acciones gubernamentales, e impedidos de disentir cuando éstas afectan a la población o el ambiente.
La verdadera participación ciudadana es aquella que antepone el interés ciudadano al interés político, privado o patrimonial, de los grupos gobernantes, los grupos de interés económico vinculados a ellos para apropiarse de la renta urbana y rural y de los grupos que desempeñan la mediación y control políticos de la población, por ello la gobernanza es un concepto que implica la participación ciudadana priorizando el interés público sobre los intereses mencionados, con autonomía del poder político asentado en las estructuras del Estado. Por ello la gobernanza, aún cuando se exprese de manera incipiente a nivel local, constituye una forma de ejercicio democrático que fortalece no sólo a la sociedad civil, sino las relaciones entre esta y la sociedad política.
