Dolor. A pesar de que la masacre tiene ya una década, los habitantes y deudos no olvidan.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició una investigación por la ejecución extrajudicial de 10 indígenas na'saavis y la tortura de otros 18 a manos de militares, ocurrida el 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, Ayutla de los Libres, Guerrero.
A raíz de una petición presentada en 2012 por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), la Comisión solicitó un informe sobre los hechos al Gobierno mexicano, el cual tendrá tres meses para contestar.
"El 22 de mayo recibimos una notificación de parte de la CIDH en la que se nos comunica que se han remitido al Gobierno de México las partes pertinentes de nuestra petición, que cuenta con un plazo de tres meses a partir del 20 de mayo de 2015 para presentar sus observaciones", informó el Obispo Raúl Vera, presidente de la Red, a través de una carta leída en conferencia de prensa.
Ambas partes deberán presentar informes y pruebas.
De admitir el caso, que puede tomar hasta más de un año, éste pasará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde se iniciará un litigio internacional.
El suceso cumplió varios requisitos para ser indagado, como involucrar a cuerpos castrenses contra grupos vulnerables indígenas, los cuales no recibieron justicia en México.
El hecho está apoyado en recomendaciones e informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de Human Rights Watch y de la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales.
Ernesto Rodríguez, abogado de la Red, señaló como responsables de la masacre a militares encabezados por el General de División del Estado Mayor y Comandante de la Novena Región Militar, Luis Humberto López Portillo, así como por el Comandante de la 27 Zona Militar, Juan Alfredo Oropeza Garnica.
El ataque ocurrió mientras los indígenas pernoctaban en la primaria "Caritino Maldonado Pérez", posterior a una asamblea en que se discutió la implementación de proyectos productivos.
"Los sobrevivientes fuimos acusados de terrorismo, asociación delictuosa, acopio de armas y portación de armas (...) PGR nos abrió otro proceso por rebelión, conspiración e incitación a la rebelión. Todos fuimos absueltos de todos los delitos", agregó Ericka Zamora, quien fue torturada por elementos del Ejército.
Recordó que la tortura de 18 personas, ocurrida durante el proceso penal en su contra, nunca fue investigada por la PGR. Asimismo, no prosperó ninguna denuncia por la ejecución extrajudicial de las víctimas.
En representación de los 22 denunciantes, incluyendo sobrevivientes y viudas, Zamora celebró la investigación de la CIDH, la cual ayudará al acceso a la justicia y el castigo a los responsables.
