A contrapelo de las amenazas chinas de cancelar inversiones previstas a título de represalia, la Procuraduría General de la República abona el terreno para lo que significaría la puntilla al proyecto Dragon Mart, es decir, la posibilidad de un colosal centro de exhibición y venta al mayoreo de productos del país de la muralla en Cancún.
El fin de semana las obras realizadas hasta hoy fueron cateadas por el ministerio público federal en busca de pruebas para solicitar la consignación ante un juez de un expediente contra la empresa promotora.
Este lo colocó en la mesa en octubre del año pasado la Procuraduría Federal del Medio Ambiente.
La querella, planteada por la vía penal, se presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente que encabeza Víctor Manuel Fayad Meneses.
A título de denuncia de hechos se plantea la probable comisión de delitos contra la biodiversidad, en las modalidades de destruir la vegetación natural, cambio de uso de suelo y daño, de sequedad y relleno de humedal, todos ellos previstos en el Código Federal.
La acusación señala como presuntos responsables a Erjil Manuel Barrios Bravo, Juan Carlos López Rodríguez y el representante legal de la empresa promotora.
Las obras en el predio Tucán del municipio de Benito Juárez se habían clausurado el 26 de enero pasado, al omitirse el pago de una multa de 22 millones de pesos.
La exigencia, además, hablaba de la reparación del daño provocado por la deforestación de 149 hectáreas.
En la catarata previa se habían planteado denuncias de violación de las Leyes Generales de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente al iniciarse los trabajos sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y permiso de cambio de uso de suelo.
La posibilidad hablaba de "aprovechar" 561 hectáreas para levantar un coloso con posibilidad de exhibición de productos de dos mil 500 empresas chinas; una unidad habitacional para 400 exhibidores; una explanada para actos culturales y, naturalmente, bodegas anexas.
La denuncia de la Profepa habla de que el proyecto no contaba con un estudio técnico justificativo para llevar a cabo la destrucción de la vegetación hidrófila de Tule y Tasiste, conocidas científicamente como Typha spp y Acoelorrhaphe wrightii.
La exigencia del organismo hablaba de excluir del proyecto a 357 hectáreas que no se han afectado.
Además, urgía a realizar una inversión por nueve millones 380 mil pesos para la compensación ambiental correspondiente y dos millones 508 mil adicionales para la restauración.
Más allá, se pedía que la empresa tramitara el cambio de uso de suelo en una superficie de 203 hectáreas, equivalentes al 67 por ciento del terreno.
Y si le seguimos, se planteaba reforestar 200 hectáreas y realizar un estudio hidrológico.
En el camino, la Profepa había impuesto una multa de siete millones de pesos, que la empresa impugnó.
Al fragor del jaque, a la par de la reversa en la adjudicación de un contrato para construir y operar un ferrocarril de alta velocidad México-Querétaro, funcionarios chinos habían amenazado con cancelar inversiones en fila.
La posibilidad de que el proyecto descarrilara finalmente había provocado la ira de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dada la magnitud de los contratos en la antesala.
El problema es si el país está dispuesto a canjear inversión por atropellar al medio ambiente.
BALANCE GENERAL
Un nutrido grupo de empresas sonorenses, radicadas la mayoría en Hermosillo, están preparando una serie de demandas contra una firma denominada Grupo Comercializado Productivo, a quien acusan de un presunto fraude.
Encabezada por Eurisaces Ibarra Mercado, la firma contrata diversos proveedores para solicitarles los insumos necesarios para iniciar la explotación de minas o empresas del sector energético, que nunca llegan a producir.
El fiasco se topa con un simple cascarón.
Hay casos de incumplimiento en el pago de facturas que alcanzan hasta dos años.
En el camino, apuntalado por supuestos estudios que exhiben un gran potencial de los plantas extractivas, la empresa, solicita prestamos multimillonarios a los bancos.
Los intereses iniciales se pagan con el producto de otros préstamos bancarios… para luego caer en morosidad.
Total que se cobren con el proyecto.
Se habla de que entre los bancos que han caído en la trampa están HSBC, BBVA, Scotiabank y Banamex.
HACKERS A TARIFA FIJA
En el inaudito de la temporada, ahora resulta que ser hacker, es decir, asaltante de sitios o direcciones de internet, se ha vuelto un negocio de 450 mil dólares anuales.
De acuerdo a un estudio realizado por la empresa de tecnologías de la información y telecomunicaciones Cisco, un delincuente cibernético cobra 60 dólares por los datos de una tarjeta de crédito común.
La tarifa sube a dos mil 500 por desarrollar un malware especial para quien lo solicite; 50 billetes verdes por el envío de cinco mil mensajes spam y mil dólares en adelante para intervenir cuentas bancarias, dependiendo del monto que se quiera sustraer de cada una de ellas.
El documento habla de que los incidentes de seguridad se incrementaron en 64 por ciento durante el año pasado, afectando lo mismo a usuarios en lo individual que a grandes empresas.
PING-PONG
En el toma y daca entre la reina del gas y el rey de los suplementos alimenticios, Angélica Fuentes Téllez y Jorge Vergara, éste demandó al juez Marco Zúñiga, quien ordenó reinstalar como directora general del grupo Omnilife-Chivas a la segunda, incluso recurriendo a la fuerza pública.
Simultáneamente Vergara planteó una demanda de divorcio.
En el marco se habla de que el togado podría estar involucrado en un acto de corrupción.
La presunción es que éste fundamentó su resolución con una supuesta asamblea de socios del emporio en que se le dio nombramiento a Fuentes… que nunca se llevó a cabo.
CRECE SR. PAGO
Planteada hace unos meses como una modalidad para incorporar al escenario financiero a vendedores ambulantes o trabajadores independientes que no tengan cuenta bancaria ni RFC, las tarjetas híbridas y de débito de la firma Sr. Pago están creciendo.
Si al inicio se colocaban en el mercado 500 dispositivos mensuales, hoy se llega a cinco mil.
Las transacciones promedio alcanzan de siete a 10 mil pesos mensuales.
Quienes se adjudican el instrumento pueden realizar transacciones a los cinco minutos y después de 24 horas efectuar retiros vía la red de cajeros automáticos.
La empresa está en vías de obtener un financiamiento de cuatro millones de dólares.
Durante octubre del año pasado le entraron a la apuesta los empresarios estadounidenses Barret Lyon y Jay Adelson.
La posibilidad habla de vender tiempo-aire sin vía los plásticos y hasta gestionar préstamos.
