Incertidumbre. Se mantienen versiones extraoficiales de una posible masacre de parte de los elementos federales.
Las autoridades mexicanas aseguraron ayer que no hubo ejecuciones tras el enfrentamiento registrado el viernes pasado en el occidental estado de Michoacán, en el que murieron 42 presuntos miembros de un cártel de las drogas y un policía federal.
"No hay una sola ejecución", dijo "categóricamente" el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien recordó que "hay tres detenidos" y dos policías heridos durante el choque ocurrido en un rancho del municipio de Tanhuato, colindante con el estado de Jalisco.
En declaraciones a Radio Fórmula, Galindo descartó que se tratara de una venganza por el derribo de un helicóptero castrense el 1 de mayo pasado en Jalisco, en el que nueve militares perdieron la vida, por parte de un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Explicó que la Policía Federal tiene un protocolo de actuación que incluye el llamado a la rendición y la entrega de armas, pero los delincuentes no dejaron las armas.
Y es que el balance de víctimas fatales tan desigual entre las dos partes hizo que algunas analistas recordaran lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, en el central Estado de México, donde 22 civiles murieron a manos de militares.
Según la versión inicial del Ejército, 22 presuntos miembros de una banda de secuestrados fallecieron en un enfrentamiento con militares, pero después una testigo dijo que sólo uno había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados después de ser sometidos a un interrogatorio.
Una investigación de la fiscalía reveló después que en el tiroteo 14 personas perdieron la vida y las ocho restantes fueron asesinadas por tres de los soldados que participaron en la operación, aunque el ombusdman nacional estimó en 15 las ejecuciones extrajudiciales.
El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, también rechazó ayer la ejecución de presuntos delincuentes el viernes pasado y atribuyó el saldo desigual "a la capacitación y la formación" de las fuerzas de seguridad.
El intercambio de disparos por más de tres horas se produjo tras una denuncia de la invasión por parte de un grupo armado del rancho El Sol, en la comunidad de Tinaja de Vargas, que motivó el viernes un operativo de las fuerzas de seguridad en la zona.
Del grupo inicial de 42 agentes que participaron en el enfrentamiento, murió un policía.
Después de más de una hora de enfrentamiento llegaron refuerzos de la Policía Federal, alrededor de 60, narró Galindo.
"Calculamos que (en el rancho) podría haber entre 60 y 70 personas, todos armados con armas largas que deambulaban libremente por la zona, distribuyendo drogas, cobrando derecho de piso, asolando a las comunidades", señaló.
Rubido indicó que los agentes del contingente inicial ya presentaron su declaración y se les hizo pruebas "para ver la distancia desde donde se efectuaron los disparos".
Dichas pruebas muestran que los disparos se realizaron "a una distancia considerable de los cuerpos", añadió el funcionario.
Sobre los presuntos delincuentes fallecidos, señaló que 18 son originarios de Jalisco y los demás del distintos lugares del país.
De los detenidos -José Eduardo Mares, César Jesús López y Roberto Rafael Gutiérrez- en el enfrentamiento, dos reconocieron formar parte del CJNG, dijo Rubido en un encuentro con corresponsales extranjeros.
En la operación participaron dos helicópteros, siendo uno el reemplazo del otro, los cuales llevaron a cabo labores de contención o dispersión y no tenían la orden de disparar directamente a los presuntos sicarios, precisó.
A pesar de ello, el comisionado dijo que "las pruebas (periciales) determinarán con qué calibre fueron heridos los hombres que fallecieron".
Uno de los helicópteros recibió tres impactos por parte de armas de alto calibre en su fuselaje a fin de derribarlo, añadió Rubido, quien dijo no saber la cifra exacta de personas presentes en la finca y si algunas escaparon o estarían vinculadas a los sucesos del 1 de mayo.
Advierten sobre uso excesivo de la fuerza
La cifra de 42 criminales abatidos en Tanhuato, Michoacán, y la baja de un agente federal apunta a un nuevo caso de uso excesivo de la fuerza o, incluso, ejecuciones extrajudiciales, coincidieron expertos.
"Estos hechos se están documentando con más y más frecuencia. Estamos a menos de un año de Tlatlaya. Estamos sumando al menos tres eventos con repercusión internacional: Tlatlaya, Apatzingán y, ahora, Tanhuato", comentó Alejandro Madrazo Lajous, especialista del CIDE.
En entrevista, el experto recordó que un estudio reveló en 2011 que la Policía Federal tenía un índice de letalidad de 2.6, el cual se obtiene al contrastar el número de criminales que resultan muertos en un enfrentamiento contra los que quedan heridos.
"No tenemos datos actualizados, pero esas prácticas no se modifican con el cambio de Administración. Los índices que tenemos en México hablan de dos cosas: o un uso de armas tan letales como misiles o de ejecuciones extrajudiciales", advirtió.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, criticó por su parte la información proporcionada por las fuerzas federales. "Parecería que nuestras autoridades tienen un uso de la fuerza que no necesariamente es racional, porque es mucha la diferencia (de los muertos)", consideró.
"Lo que apunta es que hay algo que no sabemos, no digo que fue una mala actuación, pero algo no sabemos y deberíamos saber, y que si las autoridades dicen que este no es el momento de dar información deben explicar cuando lo será".
