El Honorable Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila emitió el pasado 20 de abril el acuerdo C-085/2015 en el cual se decide cerrar los juzgados de materia civil y familiar de los distritos de San Pedro y Torreón, con residencia en Francisco I. Madero y Matamoros respectivamente, ordenando trasladar los expedientes a cabeceras de Distrito. El acuerdo por supuesto que modifica la jurisdicción que se tenía hasta abril pasado para darle legalidad a los actos que realizarán los juzgados que absorberán la carga de los ahora desaparecidos de Madero y Matamoros.
Los motivos por los que el Consejo de la Judicatura decide anular estos juzgados son porque según este cuerpo colegiado, en el presupuesto de 2015 autorizado por el Congreso del Estado, se atienden principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y que por ese motivo, basados en la información estadística que proporciona la Visitaduría Judicial General, su carga de trabajo es inferior al promedio del resto de la entidad, por lo cual su mantenimiento es demasiado oneroso para el Poder Judicial y por lo tanto, no es ya justificable su sostenimiento, debido a la cantidad de asuntos que conocen y las limitaciones presupuestales por las que atraviesa el poder público en el Estado en general.
Así entonces, a partir del 16 de mayo pasado, todos los asuntos que se ventilaban en el juzgado de Madero, ahora se tendrán que procesar en San Pedro de las Colonias. En tanto, los asuntos que se veían en Matamoros, ahora se desahogarán en Torreón.
Las estadísticas a las que se refiere en H. Consejo de la Judicatura señalan que el año de 2013, el juzgado de Matamoros conoció de mil 427 asuntos; para 2014 la cifra fue de mil trescientos veintiséis; de enero a abril de este año en curso se había dado entrada a 471 expedientes. En el juzgado cerrado de Francisco I. Madero, las estadísticas señalan que su carga en los últimos años rondaba en los 600 expedientes, lo que ciertamente denota que su carga de trabajo es menor a la del juzgado que se encontraba en Matamoros.
En el caso de Matamoros, las estadísticas no soportan el argumento de que su carga es baja y que por lo tanto la operación resulta incosteable. El número de expedientes recibidos supera a los juzgados con menos carga en Torreón. El caso del juzgado de Francisco I. Madero ciertamente es distinto, su carga es indudablemente menor a la del resto de sus pares en el Estado.
Sin embargo, esta decisión del gobierno del Estado de Coahuila, entendiéndose por ello que es un ordenamiento del gobernador Rubén Moreira, de que se supriman estos dos juzgados para ahorrarse gasto corriente que significaba la operación de estos dos centros de administración de justicia, denota una vez más la caótica situación financiera por la que atraviesa Coahuila, amén de la megadeuda que se creó en el sexenio anterior, por lo que ahora han debido dejar sin operación a juzgados creados hace 13 y 10 años.
Tal vez los principios de eficacia, eficiencia y economía ciertamente respaldan la decisión. Es obvio que mantener oficinas abiertas cuesta y resulta más barato concentrar la mayor cantidad de expedientes en la menor cantidad de edificios posible.
El problema es que la administración de la justicia es uno de los deberes básicos del Estado Mexicano, así que esos argumentos de economía no pueden ser aplicables. El derecho de administración de justicia es una garantía de todos los mexicanos, además de que ésta sea aplicada de manera expedita tal como lo indica el artículo 17 de la Constitución. En tal caso, pues que también supriman las cientos de escuelas rurales y las trasladen a centros urbanos más poblados, de igual manera los Centros de Salud de comunidades pequeñas.
Obviamente que no se pueden suprimir escuelas, primero porque no es debido, y segundo porque se toparían con el sindicato de maestros. En el caso de los Centros de Salud, la sola idea resulta monstruosa.
En cambio, esta lana que el gobierno estatal se va a ahorrar, le resulta muy sencillo. Más allá del número de expedientes, lo que realmente pesa para dejar de prestar el servicio es el monto de los asuntos que se veían en esos juzgados. La materia civil y sobre todo la familiar, trata de asuntos como sucesiones, divorcios y actos de compraventa entre civiles. Si bien es cierto que su competencia puede ser mercantil, también lo es que la misma puede ser ventilada en un juzgado federal.
Así entonces, la cuantía es lo que pesó para suprimirlos. Las personas que acudían a esos tribunales iban por pensiones alimenticias y asuntos de valor mucho muy inferior al promedio de los asuntos que se ventilan en Torreón por ejemplo. Así que dejarles de prestar el servicio pocas repercusiones tendría, son puros particulares humildes en su mayor número, y a los que tienen dinero, ciertamente no les causa mucha molestia ir a San Pedro o Torreón.
El problema es que Coahuila le ha dificultado o casi impedido a muchas madres de los ejidos de Madero, Matamoros y de Viesca, la posibilidad de que vía judicial, los padres respondan por los hijos abandonados. Entre otros muchos casos.
Qué extraño que el gobierno de Coahuila, que se jacta de progresista y hasta simpatizante de regímenes comunistas como el cubano, haya decidido fregar a personas ejidatarias, obligándolas a trasladarse ya sea a Torreón o a San Pedro, para ir a mendigar pensiones alimenticias que por justicia y por ley les corresponde.
