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Injusticia

El día lunes 27 de abril del dos mil quince, la ciudad de Matamoros recibió una de las noticias más desagradables de su historia. Justiciables, litigantes y ciudadanos en general que acudieron a las instalaciones del juzgado civil y familiar de esta ciudad, fueron sorprendidos con la triste noticia del cierre del tribunal a partir del quince de mayo. El juzgado civil y familiar, que durante casi trece años administró justicia para Matamoros y Viesca, con mucha mayor prontitud y expedientes que los juzgados de Torreón, toda vez que estos últimos agendan audiencias con un distanciamiento de tres meses o más y el de Matamoros, lo hacía en períodos máximos de un mes. El tribunal que se suprime, inició actividades a partir del mes de julio de 2002; evitando que los ciudadanos se trasladaran a los juzgados de la vecina ciudad de Torreón, a promover sus quejas, demandas de pensión alimenticia, juicios sucesorios intestamentarios, demandas ejecutivas mercantiles entre muchos otros tipos de juicios y denuncias.

Quienes vivimos intensamente el honorable oficio de la abogacía, sabemos y conocemos que nuestra comunidad posee gente que vive en pobreza y también en extrema pobreza y para ellos; no acceder a la justicia, representa una violación a sus derechos humanos. Por ejemplo, aún se conocen casos de personas con veinte, veinticinco y hasta más de treinta años de separados de sus cónyuges sin haber el matrimonio, porque cuando hicieron el intento por gestionar el divorcio necesario, vivieron y sufrieron las calamidades de la burocracia judicial y acabaron desistiéndose de su intento por regularizar su situación civil, por no contar con los medios económicos para tramitar el divorcio.

Como profesionista, no acepto que a nuestra ciudad y a la región lagunera en general, se le desprecie tan persistentemente. En los últimos quince años, hemos presenciado el cierre de empresas privadas; de instituciones públicas: hospitales que funcionan sin los instrumentos elementales; simulación de obras públicas, muchísimas carencias de oportunidades; maltrato y falta de atención a las calles y carreteras y; ahora, de un plumazo o por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila; distanciado y desconocedor de los problemas y realidades de los justiciables; deciden suprimir tres juzgados en el estado, tocándole a las ciudades de Allende, Francisco I. Madero y Matamoros; sin tener conciencia en el perjuicio y agravio a la comunidad en general. Pero se nos ha ido acostumbrando a no participar ni apoyar al que tiene problemas; solamente tienen que luchar quienes padecen el problema en lo particular y enfrentarlo de acuerdo a sus posibilidades y entereza.

A pesar de las distintas expresiones de manifestación y repudio a esta decisión, tanto de abogados, justiciables y ciudadanos en general. Es necesario que el gobernador del estado intervenga, ordenando la revocación del acuerdo de supresión de los juzgados, a fin de que no se afecte a nuestra agraviada ciudad ni a las de las otras ciudades hermanas que vieron coartadas su oportunidad de acceder a una justicia pronta y expedita.

Luis Carlos López Soto,

Matamoros, Coahuila.

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