Bajar el volumen al tema de la violencia y el crimen organizado en el discurso oficial ha sido una de las estrategias de comunicación de la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Con ella, el gobierno federal ha dado cabida a otros asuntos de la agenda nacional luego de un sexenio en el que la seguridad pública prácticamente monopolizó la discusión entre los sectores más politizados del país y la población en general. A la par, intenta dar un manejo de menor relevancia a una situación que sigue afectando a miles de personas a lo ancho y largo de la República. Sin embargo, la realidad de la fuerte presencia de los cárteles del narcotráfico en varias entidades federativas ha golpeado la estrategia y ha motivado el resurgimiento de la violencia como tema de primer orden.
A la lista de estados sacudidos por el hampa conformada por Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos y Tamaulipas en las últimas semanas se ha sumado Jalisco, y de qué manera. El 2o de marzo pasado, un convoy de la recién creada Gendarmería Nacional fue atacado por un comando armado con un saldo de cinco gendarmes, tres civiles y tres agresores muertos. Este fue el primer atentado contra la nueva corporación. Dos semanas después, el 6 de abril, otro convoy, este del cuerpo estatal Fuerza Única Jalisco, fue emboscado por criminales; el saldo: 15 agentes estatales asesinados. Estos hechos permitían suponer que cualquier acción de la autoridad para desarticular a la banda que controla las actividades delictivas en la entidad iba a encontrar resistencia.
Y por si quedaba duda de la capacidad de acción del hampa en esa entidad, el viernes 1 de mayo, en un hecho inusitado por el nivel de coordinación que requiere, la delincuencia organizada lanzó una ofensiva que desquició buena parte de Jalisco y algunas ciudades y carreteras de Guanajuato, Colima y Michoacán. Las cifras del saldo reportadas por el gobierno jalisciense hablan por sí solas: siete muertos, 19 heridos y 19 detenidos; 39 bloqueos en 25 municipios; un helicóptero militar derribado; 36 vehículos, 11 sucursales bancarias y 5 gasolineras incendiadas, y 12 puntos carreteros afectados. Las versiones oficiales apuntan a que el responsable del caos es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el cual reaccionó de esta forma al arranque de la “Operación Jalisco”, desplegada por las autoridades federales para capturar a los integrantes de esa organización, entre ellos Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, identificado como líder del cártel. El desafío y el mensaje son evidentes.
Hechos como los registrados el pasado fin de semana en Jalisco y estados aledaños, o como la violencia que azota a Acapulco, que en un mes ha registrado 100 homicidios dolosos, o a las principales ciudades tamaulipecas, ponen sobre relieve que recuperar los niveles de seguridad en el país es un objetivo aún distante y para el cual no ha sido suficiente la captura de los grandes capos del narcotráfico, captura que sin duda era necesaria. Según lo que diversos analistas han advertido, los golpes a los grupos criminales principales han motivado una reconfiguración del mapa delictivo lo cual plantea viejos y nuevos retos al gobierno de la República. Entre estos retos figuran el de fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de la seguridad, mejorar la procuración de justicia, afianzar el nuevo sistema de justicia penal, blindar a las corporaciones y los centros penitenciarios, abatir la corrupción y mejorar las condiciones de vida de la población que vive en los sectores más propensos a ser el soporte de los delincuentes.
Como se puede observar, contrario a lo que el discurso oficial intentó hacer parecer, el camino para recuperar la paz de la República se observa aún largo y sinuoso.
