Finalmente el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (Simas) ha tomado el control de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, concesionada a la empresa Ecoagua desde 1999 y cuyo contrato tenía una duración de seis años más. El pasado miércoles, apoderados legales del Simas y el gerente general de la misma, Xavier Herrera, se apersonaron en las instalaciones de la Planta para hacerse del control de la misma. En primera instancia, el gerente de la concesionaria, el señor Nino Rodríguez trató de hacer lo que le correspondía, que era defender a su empresa. Tras ocho horas de tensa calma y de apelaciones y argumentaciones de banqueta, finalmente Rodríguez hizo la entrega pacífica y todo el despliegue policiaco y los recorridos que hizo hasta el director de la policía municipal de Torreón, teniente Adelaido Flores, resultó por fortuna sólo en un hecho anecdótico del trance vivido antier.
La batalla legal había iniciado el mes de marzo pasado cuando el Sistema había anunciado que realizaría los trámites y acciones legales para terminar con la concesión. Ante esto la compañía concesionaria intentó defenderse vía Amparo, que en primera instancia le fue negada la Suspensión Provisional. Sin aceptar el veredicto, Ecoagua presentó el recurso de queja, con lo cual obtuvo la anteriormente negada Provisional. Sin embargo, a la hora que se tuvo que decidir si el juez otorgaba la Suspensión Definitiva o no, éste decidió por no hacerlo con lo que dejó el camino libre para que Simas se posesionara de las instalaciones, tal y como lo hizo.
El Simas decidió llevar a cabo la rescisión anticipada del contrato ya que esgrime que Ecoagua simplemente incumple con su labor esencial que es la de darle el tratamiento debido a las aguas negras de Torreón para su reutilización tanto agrícola como industrial.
Con esas condiciones, las autoridades correspondientes del propio Simas y sobre todo, del alcalde Miguel Riquelme, decidieron ponerle remedio a un asunto que afectaba en dos áreas principales a la ciudad. El primero era justamente el tema económico, ya que el precio pactado para el resto de la concesión que fenecería en 2021 sería de 396 millones, a razón 5.5 millones mensuales. Hay que descontarle el costo de la energía eléctrica que se estima en aproximadamente 60 millones, para quedar en un neto de 340 millones de pesos que no tendrán que pagarse (cifras todas aproximadas).
La segunda es todavía mucho más grave, la Planta Tratadora sencillamente no reciclaba el agua a niveles mínimos satisfactorios, con los que se causa un grave daño ecológico diario a todas las zonas donde se recibe el agua mal tratada por la concesionaria, siendo un actor diario más en el envenenamiento colectivo al que somos sometidos los habitantes de La Laguna, y en este caso en particular.
Vaya, con una desfachatez, la deficiente operación que tiene la tratadora, desde hace muchos meses hace que condene a miles de vecinos del lugar a soportar los olores nauseabundos que de ella se despiden.
Lo más grave, nadie había hecho nada, condenados por ser barrios populares fueron condenados por la displicencia de cuatro administraciones municipales anteriores a la actual.
Así las cosas, parece que en esta ocasión la actuación del municipio respecto a todo el asunto de la tratadora resulta impecable. Si se parte de una lógica elemental que un concesionario sencillamente incumple con lo pactado, y máxime si se trata de un asunto que tiene graves consecuencias ambientales, más el menoscabo financiero. Naturalmente para tomar estas acciones se requiere valor, porque encima vendrá una larga y profunda lucha legal que Ecoagua le hará al Simas en primera instancia, más asumir la operación de una recicladora que hoy es un verdadero problema operativo y económico. Los concesionarios tienen el derecho fundamental de petición de que se les respeten sus presuntos derechos. Los órganos jurisdiccionales en su momento determinarán a quien le acusa la razón legal.
Desafortunadamente, el valor y coraje que en esta ocasión han mostrado nuestros políticos locales para enfrentar este problema del agua, no lo han hecho igual con un par de concesiones que si bien es cierto cumplen en cuanto a la prestación del servicio, los emolumentos que cobran por ello son en grave detrimento del bolsillo de los torreonenses.
PASA, la empresa que presta el servicio de limpia, le cobra al ciudad una factura de 11 millones mensuales, mientras que Saltillo, por ejemplo, con trabajadores propios, tiene un costo que ronda los 8 millones en el mismo período. El otro ejemplo es del alumbrado público, que hasta el cansancio se ha dicho que al cabo de 15 años, al menos a la ciudadanía le costará 300 millones más que si se hubiera hecho con deuda y recursos propios.
Enhorabuena por la actuación que el presidente Riquelme y el Simas están haciendo para subsanar un problema al que cuatro alcaldes anteriores se hicieron los occisos, pero ojalá que muestren la misma garra para defendernos de concesiones desproporcionadas como la del servicio de limpieza y la del alumbrado.
