Lerdo/Nuestro concepto

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Esta suerte de telenovela lagunera, derivada de la confrontación entre Rosario Castro Lozano y Luis Fernando González Achem, presentó ayer un nuevo capítulo. La Alcaldesa decidió anular todos y cada uno de los acuerdos de Cabildo de la anterior administración, ya que ninguno cumple con el requisito formal de consignar las firmas que se requieren para su validez legal.

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Así, de un plumazo, la administración que encabezó González Achem fue anulada, lo que abre otra ventana a la incertidumbre y sin duda contribuirá a radicalizar aún más la pugna entre los grupos políticos lerdenses que se identifican con una y otro.

Como se trata de una cuestión de grupos, de facciones, de partidos, la ex regidora panista, María del Carmen Olguín Mogollón, salió de inmediato en defensa de la decisión de la Alcaldesa al precisar que realmente no hubo mucho trabajo y que “durante los tres años, los integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional, le pedimos al alcalde González Achem que nos mostrara las actas; la fracción del Partido Revolucionario Institucional era mayoría y decidió no firmarlas y nosotros no pudimos hacer nada”. Así de simple.

Bueno, por lo pronto Rosario Castro justifica su decisión al sentenciar que “el problema que tenemos es nulidad de actos en tres años, de las 141 actas sólo tres tienen la firma del Presidente y del síndico, es una situación grave y la Ley lo sanciona, hay un protocolo al respecto, es decir, los originales firmados y copias certificadas de las actas de Gobierno”.

Al margen de las cuestionadas licencias de alcoholes, autorizadas de último momento o de aquellos acuerdos que pudieran tener algún vicio oculto, el hecho de que la totalidad de las decisiones tomadas por el Cabildo durante la anterior administración presenten irregularidades de forma y que ahora sean anuladas, genera entre la población un clima de incertidumbre en el que nadie gana.

Queda esperar que González Achem explique lo que sucedió y que las actuales autoridades tomen una decisión fría, ponderando el bien de la ciudadanía, sobre aquello que pueda ser rescatado y que realmente requiera mantener su vigencia, en aras de la reconciliación y la certidumbre.

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