Desde los albores del análisis político, la constitución de los regímenes de gobierno ha ocupado un sitio de suma relevancia en el estudio del poder. Aristóteles, el gran pensador del siglo IV a. C., definió los tres modelos gubernamentales básicos y sus desviaciones: la monarquía y la tiranía; la aristocracia y la oligarquía, y la democracia y la oclocracia o demagogia. Desde entonces, estas definiciones permanecen en esencia bajo la concepción liberal occidental, pero se han agregado a ellas adjetivos. Las monarquías pueden ser absolutas, parlamentarias o constitucionales. Las democracias pueden ser directas, participativas o representativas. En medio de estos formalismos de la teoría política y sus particularidades, México se asume en términos constitucionales como una república democrática, representativa y federal. Estas cualidades están basadas en el sufragio universal para la elección de gobernantes y representantes populares, así como en la existencia de un Congreso que representa, en su cámara baja, los intereses de los ciudadanos y, en su cámara alta, los intereses de las entidades federativas. Todo esto es dentro de los terrenos de la teoría.
De la explicación anterior se puede deducir que los integrantes de la cámara baja, la de diputados, son -mejor dicho, deberían ser- un elemento fundamental en la composición de la República Mexicana. Su función, amén de sus obligaciones y facultades, es -o tendría que ser- la de eslabón entre el ciudadano y las estructuras del Estado y sus recursos, materiales y legales. En el mejor de los sentidos posibles, un diputado es la voz de la ciudadanía en la máxima tribuna de la República, en donde se definen las leyes y se distribuyen los recursos públicos. Pero en este país estamos muy lejos del mejor de los sentidos posibles y muy cerca del peor de los sentidos reales. La reputación de los diputados mexicanos, y los legisladores en su conjunto, es lamentable por la relevancia de su función, aunque también es plenamente justificable. En pocas palabras: el ciudadano no confía en sus supuestos representantes porque simplemente no cree que éstos lo representen. Basta revisar algunos números.
De acuerdo con las cifras del Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, presentado por el Instituto Nacional Electoral en 2014, de entre todas las instituciones y asociaciones y todos los sectores de la sociedad, los diputados son los que menos confianza provocan en la ciudadanía. Menos del 20 por ciento de la población mayor de edad manifiesta algún grado de confianza en los diputados. Y casi a la par de ellos están quienes los postulan: los partidos políticos. Algo muy malo debe estar pasando en un país en donde los ciudadanos desconfían tanto de sus representantes y las instituciones que les sirven de plataforma. En contraste, el Ejército goza de la confianza de poco más del 60 por ciento de la población, seguido de los maestros y las iglesias. Es decir, las instituciones que brindan seguridad, instrucción y consuelo.
Una razón del desprestigio de los diputados podemos encontrarla en que están más cerca de los partidos que los postulan que de los electores que los votan. Y entre esa cercanía y lejanía queda un amplio espacio para la opacidad, el abuso y el descaro. Según el diagnóstico realizado por la Alianza para el Parlamento Abierto, ninguno de los 34 órganos legislativos del país alcanza el 60 por ciento de cumplimiento en la suma de diez principios evaluados, entre los que se encuentran transparencia, rendiciones de cuentas y participación ciudadana. En medio de esta opacidad y cerrazón, no resulta extraño que se presenten escándalos como el de las comisiones cobradas por legisladores -principalmente del PAN, pero no sólo ellos- para repartir a ayuntamientos fondos federales. O que los diputados de la actual legislatura hayan recibido en un año más de 1,000 millones de pesos para gasto discrecional. O que haya diputados que nunca han subido a tribuna a debatir punto alguno.
Con este enorme lastre, el próximo 7 de junio el electorado renovará las 500 posiciones de la cámara baja del Congreso de la Unión. Casi 4,500 candidatos se encuentran ahora en campaña y aunque muchos de ellos en sus discursos dicen estar conscientes de la mala imagen que tienen los legisladores, poco o nada hacen o proponen para revertir esos negativos. Una prueba contundente de ello es el desdén que la inmensa mayoría de los aspirantes a ocupar una curul ha mostrado por las iniciativas ciudadanas para acercar los perfiles y las propuestas de los candidatos a la ciudadanía. Tal es el caso de Candidato Transparente, una plataforma impulsada por el Imco y Transparencia Mexicana que pretende recoger las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés. Hasta ayer sólo 34 aspirantes se habían sumado. Algo similar ocurre con las plataformas del INE, que muestra la trayectoria y los perfiles, y la de Voto Informado de la UNAM, para conocer las propuestas. A la primera, hasta el fin de semana se había sumado menos del 5 por ciento y a la segunda alrededor del 30 por ciento. Parece que no existe interés de los candidatos por acercarse al electorado.
A lo anterior hay que agregar el paupérrimo nivel que muestran los partidos políticos en su propaganda electoral, con ataques pueriles -como los que se lanzan el PRI y el PAN-, berrinches absurdos y violaciones flagrantes a la ley -como las del Partido Verde- o discursos vacíos que rayan en el lugar común como los del resto de los partidos contendientes. También las mentiras flagrantes de algunos candidatos y el manoseo de programas sociales por parte de gobiernos estatales y municipales. Y, por si fuera poco, las candidaturas independientes, ese intento por romper el monopolio de los partidos políticos, fueron sofocadas por los propios consejeros del INE, es decir, por los mismos partidos.
Con todo, no es razón de este artículo la de disuadir a nadie en su intención de ejercer el voto. Por el contrario. Si los diputados y candidatos no están dispuestos en su mayoría a dignificar su muy importante función, debe ser la ciudadanía quien con su voto, vigilancia y exigencia motive un cambio radical en el Congreso. Pero para ello es necesario empezar por reconocer que si los representantes populares hacen lo que hacen es porque pueden, porque los electores se lo permiten. Porque no ha surgido en este país una sola organización ciudadana que ponga a temblar a los partidos y a sus huestes. El día que surja esa organización, otra historia empezará a escribirse. Mientras tanto, ellos seguirán siendo sólo ellos y la democracia mexicana, escasamente representativa.
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