Como si el desencuentro de la clase política con la ciudadanía no urgiera a cerrar la distancia y atemperar la crisis de representatividad, los políticos están decididos a ir más lejos, a distanciarse aún más de quienes dicen gobernar o representar.
Día a día, la élite en el poder se esmera en reiterarle a la ciudadanía que, aunque sus votos se cuenten, ella no cuenta.
Nada espanta a los dirigentes. Si ni la sangre fresca o seca ni la inestabilidad política o la explosividad social los inquieta, mucho menos el precio del petróleo, la debilidad del peso, el raquítico crecimiento económico. Payasos los financieros angustiados por lo que sigue, no ellos. ¿Qué les puede pasar, si pese a todo lo ocurrido, ellos siguen o rotan tan campantes en su posición o puesto?
Cuentas de ese largo collar de mentiras e indiferencia frente a la gente y de espalda a la realidad las ensartan con júbilo los dirigentes. Las enfilan, una tras otra, sin importar qué tanto más da el hilo.
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La adversidad económica por venir y el hartazgo social frente a la impunidad y la pusilanimidad nada le dicen a la clase política.
Esos problemas, en todo caso, toca atenderlos a los financieros y a la ciudadanía. No a los políticos que se miran en el espejo como una casta divina, interesada sólo en pactar entre sí, ajena al efecto de sus acuerdos sobre la economía y la sociedad.
A esa élite sólo le interesa, en el mejor de los casos, mantenerse cohesionada sin importar el resto. Entendiendo por el resto, el conjunto del país.
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Así, aun cuando no haya recursos económicos para lo básico, los senadores ya resolvieron echar adelante, el primero de septiembre del año entrante, la reforma política del Distrito Federal. Una elección más para una nueva y más costosa estructura de gobierno.
¿Cuál es el impacto presupuestal implícito en elegir un Constituyente con ese sólo propósito y cuál es el impacto presupuestal de la nueva estructura política de la capital de la República? Da lo mismo. Lo relevante es que esa reforma derramará nuevos beneficios a los partidos, aunque no muchos a la ciudadanía.
Esa reforma no amplía la democracia ciudadana, subsidia a la partidocracia en las delegaciones. Lejos de plantearse si la calidad de la democracia corresponde a su costo, los partidos van a meterle y meterse más dinero.
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Así, aun cuando los recortes en puerta exacerben aún más el malestar social, los dirigentes partidistas ni por asomo consideran replantear la fórmula constitucional que les asegura millonarias prerrogativas, pervierte y encarece la democracia y anima los pleitos internos para administrar la fortuna con garantía. Nada de revisar un régimen electoral que desata guerras caníbales hacia dentro de su estructura y les ahorra, eso sí, la necesidad de considerar a la ciudadanía.
En la lógica de esa casta privilegiada, el peso de los recortes debe recaer sobre los contribuyentes cautivos e, incluso, sobre quienes ni siquiera pueden contribuir, los pobres de siempre, pero de ningún modo sobre los grupos hegemónicos de los partidos. Nada de pensar en reducir el número de diputados ni senadores en el Congreso, ni de reducir o transparentar el gasto del Legislativo, ese poder es fundamental para legislar en beneficio propio o en el de los grupos de interés que representan o los apadrina.
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Así, aunque la explosividad social tenga la carga de un cartucho de dinamita, al gobierno no le importa incumplir lo prometido.
La tinta del mensaje presidencial, pronunciado el 27 de noviembre de 2014, se deslavó por completo. Las diez medidas anunciadas con bombo y platillo para abatir el dolor de los desaparecidos y "liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad" ya es un recuerdo perdido.
Ni se legisló para impedir la infiltración del crimen en las autoridades municipales, ni se redefinieron las competencias en materia penal de la estructura de gobierno, ni se crearon las Policías Estatales Únicas, ni se avanzó en la Cédula de Identidad, ni...
Vamos ni siquiera se implementó el famoso 911 donde cualquiera podría llamar para contar con respuesta inmediata de autoridades y cuerpos de emergencia. No está claro si se incumplió por razones técnicas o porque, aun contando con el mágico número, se carece de autoridades y cuerpos de emergencia confiables.
Sólo los tradicionales operativos de seguridad se cumplieron a medias en Guerrero y Tamaulipas... y a esperar sentados la importante resolución del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, en relación con las casas obtenidas por su jefe y por el colega que le da recursos con singulares facilidades del contratista favorito del gobierno. Qué suspenso.
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Así, aunque los financieros adviertan apuros económicos y la necesidad, quizá, de echar mano de la reserva, ni el Ejecutivo ni el Legislativo reconsideran los megaproyectos que aún hoy se siguen empujando.
El superaeropuerto sin fondos, el tren a Toluca sin rieles, el acueducto a Monterrey que sin estar hecho ya hace agua...
Nada de eso se replantea y, sin embargo, a título de salvavidas ponchado, se anuncia un presupuesto base cero que, por lo visto, será una cuenta más al collar de la demagogia, las mentiras o las bromas.
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Tal desapego de la casta política del piso social y económico donde está parada cuestiona el sentido de ir a las urnas.
Lo cuestiona porque los candidatos son reciclados que brincan de una posición a otra sin acreditar el valor de su presencia, la incompetencia electoral se resume en un concurso de ineptitudes y porque las promesas y las mentiras, de tanto repetirlas, se advierten raídas.
Es probable que, como dice el presidente Enrique Peña, "a veces pareciera que no quisiéramos o nos negáramos a reconocer los avances y a registrar las buenas noticias". Pero es probable también otra cosa: a veces pareciera que los políticos no quisieran o se negaran a reconocer los retrocesos y a registrar las malas noticias.
Prepárense más despensas, imprímanse más vales, distribúyanse más tarjetas, añádanse cuentas al collar de la demagogia... el show de la democracia defectuosa debe continuar.
