Las investigaciones de los homicidios han arrojado que el principal móvil es el robo del arma reglamentaria de los policías. (ARCHIVO)
Lejos de ser un hecho puntual, el homicidio de policías en Venezuela es una tendencia que debe ser atacada por el Estado con una declaratoria de emergencia, advirtió el dirigente opositor Juan Carlos Caldera.
“El incremento del número de funcionarios policiales que han sido asesinados no es un problema reciente, ya en 2014 se produjo un incremento de 32 por ciento con respecto a la cifra del 2013, es decir, es una tendencia al alza”, explicó.
Caldera afirmó que “47 funcionarios han perdido su vida en lo que va de año, y eso nos obliga a prender las alarmas para que esto sea visto como un problema de Estado”, por lo que pidió un gran debate “de Estado” sobre la materia.
El integrante del liberal partido Primero Justicia (PJ) indicó que las investigaciones de los homicidios han arrojado que el principal móvil es el robo del arma reglamentaria de los policías.
“El principal móvil de asesinato es el robo del arma de reglamento en cerca del 80 por ciento de los funcionarios asesinados”, precisó el político del estado Miranda, limítrofe con Caracas.
Otros dos elementos que deben ser considerados, añadió Caldera, es que los funcionarios asesinados estaban fuera de servicio y que la mayoría de las víctimas tenían entre 22 y 28 años, dos elementos que deben ser estudiados.
Sin embargo, el jefe de la Comisión Presidencial de Transformación Policial, Freddy Bernal, culpó al “paramilitarismo” colombiano por los homicidios, que buscarían “golpear la moral, causar una conmoción y desestabilizar el país”.
Por su parte, Caldera lamentó este tipo de análisis por parte del gobierno, toda vez que “el tema de la seguridad no debe ser politizado, no debe ser un tema que se vaya al campo de la confrontación político-partidista”.
Al respecto, aseguró que en el debate “de Estado” sobre la seguridad deberían estudiarse aristas como el poder de fuego de las policías, la impunidad generada por el poder judicial, o el accionar represivo contra el delito.
“Tiene que verse con una visión integral en las distintas etapas, la etapa policial, la etapa judicial y allí un elemento a considerar es el impacto que pueden tener las personas con beneficios procesales en la comisión de delitos”, argumentó.
Caldera reiteró que “lo primero” que debe hacerse para lograr una solución de fondo del tema de la alta tasa de criminalidad en Venezuela, es despolitizar el tema para que las medidas pueden ser aplicadas por todos los actores involucrados.
“Lo primero que tenemos que hacer es sacar la confrontación política de este tema, esto debería ser un plan nacional de corto, mediano y largo plazo, medidas de uno, diez o quince años, independientemente de quién sea el presidente o alcalde de turno”, sentenció.
