A partir de la petición dirigida a los consejeros del Instituto Nacional Electoral para solicitarles que apliquen la ley sin titubeos y le retiren el registro al Partido Verde Ecologista de México, ha surgido un debate entre quienes, por un lado, aluden al cumplimiento de la ley haciendo uso de los elementos que aporta para restringir la participación de los partidos políticos que violen las reglas consuetudinariamente y quienes defienden que la conservación de su registro se defina en las urnas.
No hay duda alguna, efectivamente en la Ley General de Partidos Políticos se establece como causa de pérdida del registro incumplir de manera grave y sistemática las obligaciones que le señala la normatividad electoral. Si un instituto que tiene entre sus características esenciales la autonomía y la representación ciudadana apartidista mantiene una postura temerosa para ejercer la ley como se debe ¿qué esperamos de los espacios públicos en los que la autonomía y el poder ciudadano no son génesis de su conformación?
La imposición de multas, como hemos visto, en el mejor de los casos se cubre con recursos del partido que en nada lastiman a los responsables. Incluso el Partido Verde se ha tomado la libertad de pedir un crédito para cubrir los montos acumulados por sus reiterados delitos electorales.
¿Para qué tenemos la ley? ¿Qué otras violaciones esperamos que cometa el Verde para asumir que ha conformado con creces un expediente extremo? ¿No ha sido suficiente la desventaja que ha generado en una contienda electoral para la cual los consejeros deberían garantizar igualdad de condiciones?
Algunos de los que afirman que el registro de un partido debe sólo definirlo el voto ciudadano, argumentan que se amenazan principios democráticos en caso de hacerlo por otras vías. Entre los riesgos que enumeran está la futura tentación de que a solicitud de un amplio grupo de ciudadanos se le quite el registro a cualquier partido que abandere una propuesta poco popular como puede resultar la despenalización del aborto. Esta postura difícilmente se sostiene, justamente porque la ley, protegiendo la libertad de propuestas y la libre ideología de las fuerzas políticas, no contempla en ninguno de sus artículos la posibilidad de retirarle el registro a un partido por los contenidos de su plataforma política o sus propuestas de campaña.
El cumplimiento de la ley es definitivamente el mejor combustible para mantener la democracia encendida. Tener concesiones políticas debilita el Estado de derecho y fomenta que otros partidos cometan repetidamente violaciones a la ley (con actos anticipados de campaña y rebasando los topes mediante acuerdos privados) a sabiendas de que las consecuencias no resultarán suficientemente costosas y en cambio les asegurarán mayor número de votos.
Otro argumento con el que se insiste en que el Verde debe permanecer en la boleta es la solicitud de que se castigue a los "líderes del partido" y se permita a la militancia y a los ciudadanos mantenerlo como oferta electoral. Bien sabido es que el Verde se constituyó como un partido de familia que difícilmente cede espacios de poder a un militante que no sea pariente o que no tenga el apoyo de grupos de interés o del partido en el poder.
Finalmente otra de las defensas para dejar al Verde con registro es el supuesto derecho de los "votantes" de decidir si lo mantiene. ¿Es un derecho mantener económicamente y darle espacio en la boleta electoral a un partido que sostiene prácticas ilegales en una contienda? ¿Resulta viable distinguir cuántos de los votos que le garantizarán el registro al Verde serán obtenidos justamente gracias a su deliberada práctica de pasar por encima de la ley?
Con un simple silogismo podríamos asegurar que obviar la ley en este caso implica reforzar la impunidad que debilita la credibilidad en los sistemas democráticos. Evidentemente el Verde conservará el registro y sus líderes tienen claro que si continúan recibiendo prerrogativas y manteniéndose como oferta en el espectro electoral, será porque nada impidió que violando la ley obtuvieran los votos con los que ratificaron su ilegal permanencia.
(Analista política y activista ciudadana)
