La corriente dominante del liberalismo económico desde la década de los 80 ha impuesto en buena parte del mundo la visión de que el Estado es, en esencia y de forma inevitable, un mal administrador. Esta idea ha servido de argumento para abrir al capital privado numerosas funciones otrora exclusivas de los gobiernos. Así, en México, por ejemplo, hemos visto cómo en materia de infraestructura carretera, servicio de telefonía, generación de energía, suministro de agua potable, tratamiento de aguas residuales y hasta en centros penitenciarios, se ha ido incorporando la participación privada a través de esquemas de concesión o de asociación mixta. Incluso en las ciudades, los ayuntamientos que han sido rebasados en su capacidad para dotar y mantener servicios públicos de calidad han comenzado a optar por la concesión de los mismos. Torreón, capital de La Laguna, se encuentra inmerso en esta ola de privatización de los servicios bajo la premisa de que éstos serán más eficientes y, sobre todo, baratos. Sin embargo, basta revisar la historia reciente para darse cuenta de que no ha sido así.
El caso más claro sin duda es el de la planta tratadora de aguas residuales, la cual se encuentra en litigio por la decisión del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de rescindir el contrato a la empresa Ecoagua de Torreón por una serie de incumplimientos detallados en un análisis desarrollado por un despacho contratado para tales efectos. Más allá de que, según las conclusiones del análisis, la planta nunca ha servido para lo que se proyectó, en parte porque la tecnología utilizada ya era obsoleta al momento de su construcción, ha representado una onerosa carga financiera para el Simas y la pérdida de una ingente cantidad de recursos. Según el sistema de aguas, de un costo original calculado en 180 millones de pesos el impacto económico negativo ha rebasado los 775 millones de pesos. Queda claro que esta concesión resultó un rotundo fracaso.
Uno de los primeros servicios concesionados en la ciudad fue el de limpieza. Desde el principio el esquema del contrato fue cuestionado por quienes vieron en él amplias ventajas para la empresa concesionaria y muy pocas para el ayuntamiento. Quince años después y una vez renegociado el contrato con la compañía de limpieza, dichos cuestionamientos persisten, sobre todo por la tarifa tan alta que cobra PASA al ayuntamiento. En principio se proyectaba que el gobierno municipal pagara no más de 8.5 millones de pesos al mes, pero se sabe que actualmente la factura mensual es de 11.7 millones de pesos, es decir, casi 40 por ciento más. Por eso es posible suponer que una vez que se cumpla el plazo de la nueva concesión a 15 años, la ciudad va a terminar pagando mucho más que los 1,600 millones de pesos proyectados a la hora de la firma del contrato. A esto hay que sumar que el barrido manual y aseo público no lo realiza la empresa en su totalidad, por lo que la autoridad municipal debe contratar personal para formar la llamada "marea roja". En descargo de este servicio concesionado opera que es uno de los mejor calificados por los ciudadanos, aunque, considerando el alto costo, es lo menos que se esperaría de él.
La principal polémica del actual cuatrienio tiene que ver con la decisión más importante que ha tomado la administración del alcalde priista Miguel Riquelme. Al momento de asumir el cargo, el presidente municipal se topó con que de todos los servicios municipales el de alumbrado público era el que más quejas recibía. Para ello concibió un plan de rescate que implica concesionar este servicio. Luego de una licitación pública nacional no exenta de polémica, el ayuntamiento decidió firmar un contrato a 15 años con la empresa Construlita por un servicio presuntamente integral a un costo total de 3,000 millones de pesos. Pero apenas se dio el aval por parte del Congreso de Coahuila, empresarios adheridos a la asociación Fomec señalaron que el esquema financiero proyectado por el ayuntamiento no era el adecuado porque generaba una carga mayor al erario. Fomec señaló puntualmente que la ciudad pudo haberse ahorrado 38 millones de pesos anuales por concepto de compra anticipada de luminarias y al menos 450 millones de pesos por un cargo indebido de inflación a varios conceptos. La asociación denunció que aunque habían advertido al alcalde de esta situación, los señalamientos fueron desoídos.
Los tres casos citados ponen en duda la premisa de las autoridades de que en las concesiones el interés primordial es el de los ciudadanos y dejan abierta la puerta de par en par a la percepción de que los beneficios son para las partes que firman los contratos, no para la ciudad. Es importante no perder de vista esta historia de privatización en Torreón en virtud de las intenciones manifiestas del alcalde Miguel Riquelme de concesionar otros servicios como parquímetros, el estacionamiento de la Plaza Mayor y el mantenimiento de parques y jardines. También es necesario preguntar, en caso de extenderse este proceso privatizador, cuáles serán las funciones que le quedarán al gobierno municipal, el que se presume como el más cercano a la ciudadanía. Pero lo más importante es evaluar los beneficios reales que han tenido las concesiones. ¿Podemos decir, por ejemplo, que Torreón hoy es una mejor ciudad debido a estos esquemas? La respuesta la tiene la sociedad civil que es la que paga estos contratos con sus impuestos.
Dialoguemos en twitter: @Artgonzaga
O por correo electrónico: [email protected]
