Es importante insistir en el síndrome del Partido Verde. Que para muchos sea detestable es buena razón para no votar por él; que viole sistemáticamente la ley es razón para excluirlo de la contienda. El debate es relevante para la democracia mexicana. Es absurdo pensar que la única manera en que un partido puede salir del juego democrático sea por el castigo de los electores. Por supuesto, con su rechazo, los votantes pueden provocar la disolución de un partido político. Un partido sin votos ha de morir. Pero la ley prevé otras razones para la pérdida del registro de un partido político. Burlar cotidianamente las normas de la competencia es una de ellas. Lo dice con claridad nuestra norma: "incumplir de manera grave y sistemática... la normatividad electoral" debe provocar la pérdida del registro.
La ilegalidad del Partido Verde no es chisme sembrado por sus adversarios. La frecuencia de sus trampas no es rumor en la plaza pública. Han sido los órganos electorales los que han señalado y castigado las constantes transgresiones de ese partido. Las resoluciones del Instituto Electoral han sido ratificadas por la autoridad judicial. Ambos órganos han castigado a ese negocio reiteradamente por infracciones. ¿Puede negarse que han sido violaciones graves por alterar las condiciones de la competencia? ¿Puede negarse que el incumplimiento de la ley no solamente ha sido frecuente sino el corazón mismo de su estrategia política? Creo que el Instituto Nacional Electoral tiene el deber de iniciar el proceso para cancelar el registro de este partido. No hacerlo es desestimar las consecuencias de su propia actuación. Ignorar sus decisiones. Son los órganos electorales los que han tomado registro del abuso constante y profundo de ese partido. La ley ordena al Instituto Nacional Electoral a discutir con seriedad si estas ilegalidades deben considerarse graves y sistemáticas.
He escuchado un argumento preocupante. Solamente a los electores corresponde sacarlos de la competencia. Solamente en el más extremo de los casos se justificaría que la autoridad electoral resolviera la cancelación del registro de un partido político. Verlo de esa manera es considerar que la ley es un adorno que debe contemplarse detrás de un vidrio y usarse solamente en caso de incendio. Nuestra norma es clara: la conservación del registro exige acatamiento regular de las leyes. Cuando un partido se aleja de la ley, no una ni diez veces, sino muchas más, hay que discutir si procede la expulsión. Expulsar partidos desleales es una medida básica de una democracia constitucional. Una democracia que no se basa simplemente en la adición de votos sino también en el acatamiento de las reglas. Es por ello absurdo contrastar los votos que ha obtenido el Partido Verde con el número de firmas que piden la cancelación de su registro. La legalidad no es competencia aritmética. El problema no es la impopularidad sino la ilegalidad. Que ese partido tenga votos no es suficiente para considerarlo actor legítimo. La normativa mexicana es clara: los partidos políticos deben demostrar lealtad al conformarse al marco de nuestras leyes. Si las violan cotidianamente, deben ser expulsados de la competencia. No es la furia de la plaza la que lo grita: es lo que ordena la ley.
Pensar que los votos son la única instancia para definir quiénes salen de la contienda electoral es renunciar al equilibrio institucional que las democracias liberales exigen. Estimular, con la inacción, la burla perpetua a la ley. Creer que sólo a los votantes compete la expulsión de los desleales es abdicar del compromiso de someter la política a la ley. Corresponde a nuestras instituciones defender la legalidad frente a la trampa sistemática y grave del Partido Verde. Es su obligación -no frente a los firmantes de una petición- sino frente a la ley.
El problema del Partido Verde, insisto, no es que sea desagradable a los ojos de muchos. El problema es que, a los ojos de la autoridad, ha violado constantemente las normas electorales. Creo que esas violaciones son sistemáticas y que son graves, características que define la ley como causales para la pérdida de registro de un partido político. El INE debe discutirlo. No está en juego simplemente un rentable negocio electoral. Lo que está en juego es la formación de una democracia de reglas, de leyes, una democracia constitucional. Frente a la deslealtad, el órgano electoral no tiene otro instrumento que el derecho. ¿O nos seguirán diciendo que la aplicación de la ley es una imprudencia?
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