Uno de los factores que ha propiciado la crisis de confianza en el sistema político mexicano es la falta de representatividad de quienes, en teoría, deberían ser la voz de los ciudadanos en la máxima tribuna de la República. De acuerdo a una encuesta de Agencia Reforma publicada en El Siglo de Torreón en diciembre pasado, el 65 por ciento de la población del país tiene poca o ninguna confianza en el Congreso de la Unión. ¿Cuál es la raíz de esta desconfianza que se traduce en un divorcio con la sociedad civil?
Una revisión de la información publicada recientemente en estas páginas puede ayudar a responer la pregunta. En su reporte sobre transparencia y rendición de cuentas de los congresos, la Alianza para el Parlamento Abierto señaló que todos los órganos legislativos del país están reprobados en la mayoría de los principios básicos para ser considerados parlamentos abiertos. En resumen, la alianza establece que los congresos son opacos y cerrados a la participación de la ciudadanía.
Pero la lejanía con la gente se manifiesta también de otras formas. Una de ellas son los beneficios de los que gozan los legisladores, sobre todo los federales, beneficios de los que la mayoría de la población se encuentra al margen. La semana pasada también se dio a conocer que los diputados de la actual legislatura federal recibieron en un año más de mil millones de pesos para gasto discrecional. Es decir, sólo ellos saben en qué se invirtió ese dinero y nadie puede obligarlos, de forma institucional, a que hagan públicas las cuentas de esos recursos.
El Senado de la República, por su parte, invirtió más de 4 mil millones de pesos en su nueva sede, sin embargo las obras fueron deficientes y no hay responsables de las fallas. También en la Cámara alta, las inasistencias y baja productividad de sus integrantes nunca es sancionada. Un senador puede faltar a las sesiones del pleno o de comisiones, no presentar iniciativas, ni participar en los debates y no existe mecanismo formal de sanción. Por si fuera poco, ayer se publicó en este medio que el Congreso de la Unión en su conjunto incumple frecuentemente con los plazos que marca la ley y la Constitución para la revisión y aprobación de nuevas normativas y nombramientos sin que exista consecuencia alguna.
Con todo lo anterior, no resulta difícil entender por qué la población en su mayoría no se siente representada por sus legisladores. Y las actuales campañas electorales que se realizan con miras a renovar la Cámara Baja del Congreso no dejan mucho espacio para el optimismo. Una prueba es que sólo una mínima parte de los candidatos ha atendido al llamado de grupos de la sociedad civil para transparentar sus declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de intereses. Mejorar el diálogo entre esta institución, en teoría la más importante de nuestro régimen republicano, y la sociedad parece no está en la agenda de los candidatos.
