Rechazada. El INE desechó la demanda del PRD contra autoridades.
El Instituto Nacional Electoral desechó la demanda promovida por el PRD en contra de autoridades estatales y municipales, por supuestas transgresiones a la Ley Electoral al entregar obras en Gómez Palacio y Lerdo.
La Junta Distrital Ejecutiva 02 del INE con sede en esta ciudad, concluyó que la demanda interpuesta el pasado día 11 de abril, fue improcedente.
En ésta, el Partido de la Revolución Democrática señalaba supuestas violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en el Artículo 449 incisos b), c) y d), así como el Artículo 134 de la Constitución General de la República, por parte del gobernador de Durango, Jorge Herrera; los alcaldes de Gómez Palacio y Lerdo, José Miguel Campillo y Luis de Villa, respectivamente, así como el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), César Rodríguez Salazar.
El dirigente local del PRD, Cecilio Campos informó que Salvador Ovalle, consejero presidente y vocal ejecutivo del Distrito 02 y la Junta Distrital Ejecutiva, actuaron de manera contraria a derecho en agravio de ese partido político y del interés público "vulnerando el principio de equidad, imparcialidad, legalidad, congruencia y certeza jurídica, toda vez que al fijar la litis de los hechos denunciados no hacen un análisis de fondo".
Por este motivo, el partido promovió un recurso de impugnación y de revisión contra dicho acuerdo, al considerar que éste carece de fundamentación y motivación y se aleja del principio de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, prevista en la Constitución y la Legipe.
Según el partido, tampoco se valoraron ni estudiaron las pruebas aportadas, ni se cumplieron los principios de exhaustividad y congruencia contemplados por la Ley.
Cecilio Campos indicó que el Consejo Distrital 02, una vez que admitió la denuncia la debió turnar a la unidad técnica electoral para su trámite, lo que no sucedió; tampoco la revisó para determinar las acciones encaminadas a salvaguardar y recopilar las pruebas de los hechos denunciados.
La instancia electoral dictó un acuerdo que debió haber sido emitido por la unidad técnica de lo contencioso electoral; se violentó el debido proceso para la tramitación y sustanciación del procedimiento sancionador.
Además, se violó el Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, pues no hace una adecuada valoración de los medios de prueba que tenía a su alcance.
El PRD consideró que se tiene acreditada la injerencia en el proceso electoral y el uso de recursos públicos por los presuntos responsables, por su intromisión en el proceso electoral y el despliegue de manera simulada recursos públicos para violentar los principios de imparcialidad y equidad, por lo que solicita en su Recurso de Revisión que se revoque el acuerdo impugnado y se ordene la tramitación del procedimiento sancionador y su remisión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
