El Partido Verde (PVEM) sigue violentando la ley electoral y desacatando órdenes de los árbitros de manera reiterada.
Eso, porque su cálculo es que trasgredir la ley le reditúa económica y políticamente. En esta elección, permanecerá la imagen de que las autoridades, pese a las multas aplicadas, fueron lentas y tibias en meter al Verde al orden. Cuando violar la ley es más redituable que cumplirla estamos en problemas (lo que ocurre no sólo en materia electoral). Pero justo por ello es que el legislador contempló que cuando un partido incurre en una infracción de manera reiterada, las autoridades le pueden cancelar el registro. En otras palabras, la ley contempla no sólo el uso de tarjetas amarillas (multas), sino que cuándo éstas se han expuesto varias veces, procede recurrir a la tarjeta roja (retirar el registro).
Sin embargo, muchos consejeros (y no sé si también magistrados) manejan una tesis que los lleva a guardar permanentemente la tarjeta roja. Sostienen que para que un partido pierda su registro son los ciudadanos en las urnas quienes deben determinarlo (no alcanzando el 3 % de voto que hoy exige la ley). Les parece que eso es más democrático. Pero hay aquí un círculo vicioso; ¿qué sucede si justamente el voto ciudadano se obtuvo por vías ilícitas, sea con dinero de origen oscuro o en cantidades por encima de lo permitido, o bien violando los tiempos y disposiciones de la publicidad? ¿Se debe respetar una votación así obtenida? Entonces jamás debiera anularse una elección o casilla, aun cuando ha sido adulterada la votación.
Es como si un árbitro de futbol decidiera no utilizar su tarjeta roja señalando que si un equipo ha de perder el partido, será porque metió menos goles. Pero si los goles decisivos del ganador fueron resultado de trampas, zancadillas, el uso de las manos, ¿deben validarse a pesar de ello? No tiene mucho sentido. Los consejeros que quieren dejar solamente a los ciudadanos -y no a la ley- la decisión de qué partido se va o se queda al margen de sus reincidentes trampas, razonan como el árbitro del ejemplo. Dirán que aplicaron la tarjeta amarilla varias veces, no quedando por tanto impunes las infracciones, pero sabemos que eso en sí mismo no eliminará los votos obtenidos de esa manera -que no pueden ser contabilizados con precisión-, y que esos votos repondrán con creces las pérdidas -o la inversión- que implican las multas. Lo que queda entonces es un fuerte incentivo para violar la ley. Una tarjeta roja, en cambio, sería un castigo ejemplar que invertiría la relación; ya no sería rentable violar la ley, al menos no de manera contumaz como lo hace el Verde.
La credibilidad del INE en esta elección ha caído por su complacencia con el Verde (de la mayoría de los consejeros, no de todos). 65 % de los ciudadanos (según Reforma) considera que el INE responde a los partidos (por la fórmula de cuotas con que son nombrados). Y lo que ocurrió con el Verde fortaleció esa creencia. Si las autoridades quieren reivindicarse, pero sobre todo, fortalecer la ley para que no sea redituable violarla de manera reincidente, tendría que sacarle al Verde la tarjeta roja (retirarle el registro). Demostrarían los consejeros tener más sensibilidad que los políticos ante el hartazgo ciudadano. Sería desde luego menos dramático prohibir al partido reincidente competir en la actual elección, sin que perdiera el registro en automático. Pero eso no lo contempla la ley actual. La ley tampoco dice cuántas tarjetas amarillas deben sacarse antes de presentar la roja, pero sí que tras varias tarjetas amarillas la que sigue es la roja. ¿Cuántas veces debe sacarse la tarjeta amarrilla antes de exponer la roja; 20, 80, 200? Al Verde no parece preocuparle eso, pues sabe que cuenta con el respaldo de un buen número de consejeros del INE, y que los demás parecen demasiado suaves -para no decir timoratos- como para aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias. Por eso el Verde sigue burlándose de las autoridades en sus propias narices... y lo seguirá haciendo.
(Profesor del CIDE)
