¿Qué sentido tiene que nuestras autoridades se empeñen en negar la existencia de la tortura como "práctica generalizada y extendida en nuestro país" como lo informa el Relator Especial de Naciones Unidas, señor Juan Méndez? Sería más inteligente optar por tomar nota y, en dado caso, lamentar con sencillez que el mal existe desde hace muchos años para luego enfatizar los decididos esfuerzos que hace tiempo realiza el gobierno de la República y para erradicarlo.
Nadie niega que la tortura existe en nuestro país. No hay más que abrir a diario los periódicos o enterarse por cualquiera de los medios de comunicación de los crímenes que uno tras otro en macabra y vergonzosa se suceden. La mayoría de los asesinatos exhiben huellas de torturas.
El gobierno no debe temer el que se diga que la tortura existe en el país. La investigación emprendida por el Relator Especial de NNUU revisó reclusorios y cárceles donde hay presencia de policías, centros de detención, habló con familiares y con la ecuanimidad profesional que le acreditan muchos años de experiencia especializada se asegura que sus descubrimientos son por completo neutrales lo que avala la seriedad de las recomendaciones resultantes. El Informe entregado por el señor Juan Méndez dice que "en México persiste una situación generalizada de tortura que se ejerce por militares y policías y en impunidad…"
No sólo son las policías o los agentes de diversas corporaciones oficiales los que realizan las atrocidades. Esta barbarie la cometen con igual o mayor frecuencia las múltiples mafias que actúan en nuestro territorio y en el extranjero.
La actitud que las autoridades mexicanas debieron asumir al recibir el Informe y sus recomendaciones era la de coincidir con su verosimilitud y expresar su convencida disposición de continuar las indispensables investigaciones para alcanzar la meta compartida de erradicar por completo el vicio social que está plena y reiteradamente identificado y que se califica como "epidemia".
El mal no es exclusivo de México. Se da, conforme lo ha investigado la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en docenas de países. En nada ayuda la actitud defensiva y hasta soberbia que nuestra Cancillería ha tenido que adoptar, por estrictas instrucciones de la Presidencia de la República. Nuestra reacción de rechazo llegó hasta el grado de hacer que nuestro representante en Ginebra ejercer inaudita presión sobre el señor Méndez para que eliminara las frases en su Informe que ofendían la susceptibilidad oficial mexicana. El reclamo de México llegó al grado de denunciar al Relator, funcionario de sólida reputación, "de faltar al Código de Conducta para los titulares de mandato de los Procedimientos Especiales de la misma instancia".
La respuesta del Relator Especial no se dejó esperar. Aclaró que el gobierno de México lo presionó sin éxito a que cambiara el adjetivo en su Informe Final que refiere a que la tortura como "práctica generalizada" y "epidemia". "Jamás esperé que una acusación en ese sentido", escribió el señor Méndez en la carta a su jefe, añadiendo que "la falta de ética se hubiera dado al ceder a presionaes que él tuvo para cambiar su parecer".
La reacción de México ha dado el peor ejemplo posible en el ambiente internacional donde hay que primar el contacto y discreción. Contrasta con el trato que la señora Mary Robinson, Alta Comisionada recibió en 2002 del entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont quien le ofreció todo género de apoyos para la realización de sus indagaciones dentro del país precisamente en asuntos de Derechos Humanos.
La reacción del gobierno responde a su necesidad de defender el prestigio y honor de las fuerzas armadas cuya contribución al combate a los grupos criminalizados ya infiltrados por la globalización es imprescindible. El ejército y armada sustituyen la completa ausencia de cuerpos confiables de policía en todos los Estados. Bajo esta óptica el gobierno no puede tolerar la difusión del Informe del señor Méndez. El asunto no es fácil. Las fuerzas armadas han reclamado reiteradas veces que carecen de un respaldo jurídico para su actividad. Sigue pendiente en las Cámaras Legislativas la aprobación de un estatuto específico que autorice constitucionalmente su valiente acción, pero la del Congreso continúa.
No es la primera vez que México se contrasta con la ONU en el tema de derechos humanos. Hace tiempo otra la Alta Comisionada, paquistaní entonces, fue acusada por nuestro gobierno por sus censuras a nuestro comportamiento en la materia.
Amnistía Internacional lanzó una campaña mundial instando a los gobiernos a erradicar la tortura añadiendo en septiembre de 2014 que en una década ese crimen aumentó nada menos en 600 %. Aunque se sabe que México alega que los casos de tortura son "excepcionales", hay pruebas que constatan que está arraigado en todas las fuerzas, sean policiacas, de seguridad y particularmente en el crimen organizado por las mafias .
La recomendación al gobierno del Relator Especial de las NNUU es la de "hacer una urgente revisión del sistema de defensoría de las personas en la primera fase de la detención y avanzar en la reparación del daño…"
No hay que ocultar las verdades. El Vaticano que entre todas las instituciones de fama mundial más interés puede tener en mantener incólume y limpia su fama, decidió en estos días admitir la probabilidad de irregularidades en sus cuentas y operaciones financieras, incluso las bancarias, y las abrió al escrutinio de las autoridades italianas. Así defendió su buen nombre.
Es más honorable ser congruente con las realidades incómodas que negarlas.
