Los datos son contundentes. Cada 26.7 horas un comunicador es agredido en México. En los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la organización Artículo 19 ha documentado 656 ataques contra la libertad de expresión, es decir, 328 en promedio por año. Esta cifra representa un 80 por ciento más que el reportado en el gobierno de Felipe Calderón, durante el cual el promedio anual fue de 182 ataques. En el sexenio anterior, se registró una agresión cada 48.1 horas. En términos prácticos, de una administración a otra la periodicidad de ataques a comunicadores aumentó de uno cada dos días a uno diario.
Artículo 19 es una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. La semana pasada presentó su informe titulado "Estado de censura" en el que, entre muchas otras, se recogen las estadísticas arriba mencionadas. La libertad de expresión es un derecho fundamental de los países que se asumen como democráticos. La libertad de informar y el derecho a ser informados, son principios intrínsecos a las sociedades que tienen como forma de gobierno la democracia y no son patrimonio exclusivo de quienes ejercen el periodismo. Resulta explicable -mas nunca justificable- que, por su labor profesional, sean los comunicadores quienes enfrenten el mayor riesgo, puesto que son los más visibles. Pero la amenaza se cierne sobre las garantías de todos y cada uno de los habitantes del país y, a la postre, sobre la democracia en sí misma.
Debido a lo anterior, es obligación de los gobiernos no sólo respetar estos derechos, sino garantizar que no sean vulnerados por nadie. Sin embargo, en el informe se advierte que el Estado también ha fallado en este sentido. No sólo por ser incapaz de velar por estos principios, sino también porque desde los mismos gobiernos se ha perpetrado la mayoría de los ataques contra comunicadores y medios de información. Del total de 326 agresiones registradas en 2014, 156 fueron cometidos por funcionarios, principalmente policías. Esto quiere decir que, prácticamente, uno de cada dos ataques a la libertad de expresión proviene del gobierno.
¿Cuáles son las entidades que acumulan más ataques? Distrito Federal (con 85), Quintana Roo (42), Veracruz (41), Guerrero (28) y Oaxaca (22). Pero el problema es de alcance nacional. Sólo en cuatro estados (Aguascalientes, Campeche, Nayarit y Tlaxcala) no se registraron casos en 2014. En Coahuila y Durango, que abarcan a La Laguna, se reportaron seis, tres en cada uno.
Los medios que con mayor frecuencia son blanco de agresiones son los impresos, con un 48.7 por ciento de los casos. De esto se puede deducir que para quienes ejercen algún tipo de poder, de facto o de iure, los diarios y revistas independientes son vistos como las principales "amenazas" a sus privilegios y actividades. Pero ningún medio se salva, ni siquiera los digitales, esa nueva ventana que ha abierto las posibilidades de informar y acceder a información. Los medios de Internet se ubican en segundo lugar de ataques recibidos, con el 20.8 por ciento de los casos. Le siguen radio y televisión con 16 por ciento, y las agencias de noticias con un 13.4 por ciento.
El asesinato es la forma más brutal de censura. En los dos primeros años del actual sexenio, diez periodistas han sido asesinados. Durante el gobierno de Calderón, la cifra de homicidios de profesionales de la prensa fue de 54. Es decir, 64 personas han muerto de forma violenta en 8 años en México por desempeñar su labor, cifra que se asemeja a la de un país en guerra. Pero el homicidio no es la única forma de censura. En el amplio catálogo de ataques figuran también, por orden de frecuencia en 2014: agresiones físicas y materiales (que son la mayoría, con 43.5 por ciento); intimidación o presión; detención arbitraria; amenazas; hostigamiento judicial; ataque cibernético; difamación y calumnias; desaparición, y criminalización. Un ejemplo de este último lo dio recientemente el gobierno de Coahuila al acusar, sin mostrar prueba alguna, a medios y periodistas, sin mencionar cuáles, de estar trabajando para el crimen organizado con la finalidad de "desprestigiar" a cuerpos de seguridad estatales, sobre todo al GATE, que han acumulado 1,005 quejas en los últimos tres años en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Pero más allá de las estadísticas, están las historias. Historias que el informe de Artículo 19 recoge. Gregorio Jiménez, el decimoquinto periodista asesinado en Veracruz en 11 años, era reportero de la fuente de seguridad. Edwin Canché, corresponsal de El Diario de Yucatán, torturado por el alcalde y policías del municipio de Seyé por tomar fotos a un choque en el que participó el sobrino del edil. Pedro Canché, encarcelado bajo el cargo de "sabotaje" en Quintana Roo, fue el único reportero que denunció la represión del gobierno estatal a la comunidad maya del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Karla Silva, periodista de El Heraldo, en Silao, golpeada por tres hombres que ingresaron a la redacción del diario y que le dijeron que le "bajara" a sus notas. Adrián López, director del diario Noroeste de Culiacán, asaltado, golpeado y herido de bala cuando se dirigía del aeropuerto a su casa.
Estas historias nos son familiares en La Laguna, porque también las hemos vivido. En 2013 cinco trabajadores de El Siglo de Torreón fueron secuestrados por un grupo criminal y las instalaciones del medio fueron atacadas en varias ocasiones. Empleados de otros medios regionales han sido también secuestrados; uno de ellos asesinado, Eliseo Barrón, en 2009.
No se trata de que quienes laboran en los medios de comunicación tengan privilegios especiales por encima de la población. No se trata de que los gobiernos pongan escolta a cada uno de los periodistas. De lo que se trata es de que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad en su conjunto. Si pueden matar, agredir, desaparecer, espiar, difamar y amenazar a periodistas, locutores, conductores, blogueros y tuiteros, también lo pueden hacer con el resto de quienes quieran ejercer ese derecho. Un derecho que hoy en México está bajo amenaza y con él, uno de los pilares de la democracia.
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