Aunque desde 1992 es obligación de los sistemas operadores municipales el tratamiento de las aguas negras, el avance en este sentido ha sido lento. La medida implica no sólo un uso más eficiente del recurso, sino también disminuir la contaminación de los mantos freáticos al evitar la descarga de líquido residual en ríos y demás cuerpos de agua.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 2014, el 60 por ciento de las aguas negras que se generan en el país no cuenta con tratamiento alguno. Cada año se producen en México 7,410 millones de metros cúbicos (Mm3) de aguas residuales. Como referencia, esta cantidad equivale a 2.5 veces la capacidad NAMO (Nivel de Aguas Máximas Ordinarias) de la presa Lázaro Cárdenas, la más grande de la cuenca del río Nazas.
La mayor parte de ese líquido, casi el 90 por ciento (6,590 Mm3), es generado por los sistemas municipales de aguas y saneamiento, los cuales, a más de dos décadas de la obligatoriedad, apenas han logrado tratar 2,950 Mm3, es decir, 44 por ciento.
El esfuerzo que se tiene que hacer para abatir el rezago es mayúsculo, sin duda. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que para ello se requiere una inversión de 64,632 millones de pesos, lo que representa poco menos del doble del total del presupuesto de egresos de un estado como Coahuila. Pero más allá de esto, parece que el asunto no está dentro de las prioridades de los gobiernos.
Según una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación, la proporción de aguas negras tratadas que son reutilizadas de forma eficiente aumentó sólo 0.8 puntos porcentuales entre 2007 y 2012, para alcanzar un nivel de 33 por ciento. Como puede observarse, el avance ha sido magro.
Sin embargo, existe otro problema. No todas las plantas tratadoras instaladas en los municipios funcionan al 100 por ciento. Según el Programa Nacional Hídrico 2013-2018, las 2,342 plantas que existen en el país en conjunto operan al 71 por ciento de su capacidad.
Entre los problemas que impiden un avance mayor se encuentran la falta de recursos económicos, los altos costos de la energía eléctrica y los reactivas químicos, la ausencia de capacitación del personal operativo y la obsolescencia de la tecnología utilizada en el tratamiento. En este último punto, La Laguna representa un ejemplo negativo, en donde si bien la Conagua reconoce que el 84 por cierto de las aguas negras son tratadas, el procedimiento dista mucho de ser el óptimo.
En noviembre de 2014, El Siglo de Torreón dio a conocer que tanto el Simas de Torreón como el Simas Rural continuaban contaminando el lecho seco del río Nazas con aguas negras a pesar de la prohibición expresa de la Conagua, dependencia que ha perdonado hasta ahora los incumplimientos por parte de las autoridades locales.
Una investigación de la periodista Yolanda Ríos, publicada ayer domingo 22 de marzo de 2015 en El Siglo de Torreón, revela la situación que guarda la planta tratadora de aguas residuales que opera desde 2004 en el ejido Rancho Alegre del municipio de Torreón. De acuerdo a una serie de dictámenes de las revisiones realizadas por un despacho externo y solicitadas por el Simas, en sus once años de vida la planta nunca ha cumplido con la calidad establecida por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-Semarnat-1996.
Además de entregar agua sin la remoción requerida de lodos (residuos) y con alto contenido de metales, la planta construida y administrada por la empresa Ecoagua ha representado un quebranto financiero para el Simas calculado en 776.5 millones de pesos, lo que equivale a 1.7 veces el presupuesto de la empresa descentralizada en 2014. En contraste, sólo se han logrado recuperar 64.5 millones de pesos con la venta del agua tratada. Es decir, estamos frente a un fracaso rotundo.
Debido a lo anterior, el Simas inició el viernes el proceso de anulación anticipada del contrato con Ecoagua, el cual tiene una vigencia hasta 2021. Pero ¿qué fue lo que pasó? Según el actual Consejo Directivo del sistema, la planta falló desde el principio. El método elegido para el tratamiento de las aguas, lagunas de oxidación, era ya obsoleto al momento de iniciada la construcción, con todo y que fue avalado por la propia Conagua. Los consejeros dicen que el método a aplicar debió haber sido el de lodos activados.
Pero también el esquema financiero falló. La planta constó 178 millones de pesos y este monto fue financiado por dos créditos. Y no obstante que hasta 2014 el Simas había pagado 342 millones de pesos, la amortización de la deuda sólo alcanza los 85 millones, es decir, todavía se deben 93 millones, más los intereses que generen.
Desde la concepción del proyecto han pasado cinco administraciones municipales, tres del PAN y dos del PRI. Resulta por demás intrigante que ninguna de esas administraciones haya hecho algo por remediar la situación de fondo. Las únicas medidas aplicadas, durante el cuatrienio de José Ángel Pérez, lejos de resolver el problema sólo incrementaron la carga financiera.
Esta semana el Simas dará información sobre su plan de rescate de la planta tratadora. Sin embargo, es necesario que este fracaso anunciado no quede impune y que se tomen todas las medidas pertinentes para evitar que esta historia no se repita en el futuro. Al respecto, las autoridades le deben a la ciudadanía una explicación convincente y la aplicación de sanciones a los responsables. Un borrón y cuenta nueva sólo aumentaría los riesgos de volver a tropezar con la misma piedra.
Las medidas a futuro tienen que abarcar todo el proceso. Desde la supervisión de las empresas (industrias y talleres, principalmente) que generan el líquido más contaminado, hasta la venta de las llamadas aguas grises, pasando por el procedimiento de limpieza de las mismas. Pero para ello, la sustentabilidad en el manejo del recurso hídrico, el principal de todos los recursos naturales, debe primero convertirse en una prioridad de las autoridades.
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