Disputas en la cúspide permiten cuantificar el saqueo asociado a los cambios en el uso del suelo capitalino. Los ingresos ilícitos serían de ¡203 mil millones de pesos en una década o 20 mil anuales!
Para alentar la construcción de vivienda de interés social Andrés Manuel López Obrador amplió el alcance de la Norma 26 el 8 de abril de 2005. En agosto de 2010 Ebrard acrecentó el territorio donde podía aplicarse. En 2013 ya había tantas críticas que Miguel Ángel Mancera la suspendió temporalmente reconociendo que hubo "excesos" que beneficiaron a "diversos agentes inmobiliarios". Por cierto, el negocio se hace cambiando el uso de suelo con la promesa (generalmente falsa) de construir vivienda popular. Mancera y su grupo han intentado reinstalarla en varias ocasiones, pero han sido frenados por vecinos indignados con el pillaje.
Según fuentes informadas, el viernes 13 de febrero, el titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cancino, estaba furioso. Manuel Granados, presidente de la Asamblea Legislativa boicoteaba su renovación en el cargo. El sábado la PAOT se defendió entregando a algunos medios una lista de 96 edificios construidos de manera ilegal con la Norma 26. Lo novedoso estuvo en calcular que los ingresos ilícitos obtenidos por 50 edificios ascendían a ¡2 mil 535 millones! El domingo difundieron esa información La Jornada y El Universal; el mensaje fue registrado y el lunes los asambleístas renovaron en el cargo a Cancino y la lista y la cifra fueron remitidos al rincón de los escándalos nonatos.
Obtuve una copia de ese documento y conversé telefónicamente con Miguel Ángel Cancino quien lo validó agregando que los 2 mil 535 millones "eran una cifra conservadora" y que ignoraba cuántos edificios se construyeron ilegalmente en la capital con la Norma 26, porque la "Seduvi -Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda- […] no nos entrega ese dato duro". Ni a ellos ni a nadie fuera de un cerrado círculo.
Ante la ausencia de cifras oficiales elaboré unas estimaciones basándome en la afirmación -hasta ahora sin desmentir-- de Suma Urbana de que en la ciudad hay al menos 4 mil edificios construidos ilegalmente con la Norma 26. Si uno toma los promedios de la PAOT estamos hablando de ingresos ilegales por ¡203 mil millones de pesos en una década! A lo mejor es más, tal vez sea menos; lo incontrovertible es que estamos ante una ratería tan grande como el silencio que las rodea.
Cuando Ricardo García Sainz fue contralor de la capital en 2008 hizo fuertes declaraciones sobre la corrupción asociada al uso del suelo capitalino. Cuando converso con él para este texto refrenda su visión crítica y añade que la corrupción "sólo se controlará cuando se decida el jefe de Gobierno capitalino". Lástima que cuando aparece este asunto Mancera se convierte en una esfinge de sonrisa inescrutable.
Entre el 9 y el 15 de febrero la corrupción urbanística recibió atención mediática. Fue nota. El jefe de Gobierno pronunció siete discursos y de su oficina salieron 42 boletines de prensa; en ninguno se mencionan "Norma 26" o se liga al "urbanismo" con la "corrupción". Es como si las constructoras -para una de las cuales trabajó Mancera- y sus edificios ilegales no existieran. El mismo sigilo de concreto armado impera en los criterios empleados por Mancera para nombrar a los titulares de la Seduvi (es una de sus atribuciones exclusivas).
Los asambleístas son maestros del disimulo; sueltan generalidades sin rascarle demasiado a esa fuente de financiamiento tribal o personal. Quien tiene la obligación de hacerlo es el auditor superior del Distrito Federal, David Manuel Vega Vera, pero se conduce como un testigo pasivo que nada dice o hace sobre el tema. Su informe sobre 2012 consta de 17 volúmenes y tiene 1,284 recomendaciones. Sólo en tres se dirige a la Seduvi, pero sin abordar jamás temas polémicos. Es un auditor hecho a la medida del negocio irregular.
Desde hace una década las izquierdas y sus tribus ponen de pretexto a los pobres para especular con el suelo capitalino. El DF está herido por el desorden y lastrado por la corrupción. En estos diez años nadie ha sido castigado y el tema ha quedado sepultado bajo toneladas de "entres" y "moches". Tuvo que enojarse el procurador ambiental para que nos enteraramos de que ese negocio genera 20 mil millones por año. ¿En qué momento perdieron la vergüenza? ¿Cómo le hacemos para que reaccionen?
Comentarios:
www.sergioaguayo.org
Colaboraron Paulina Arriaga Carrasco y Enrique Calzada Villanueva.
