Molestia. Las personas que hace 10 años se posesionaron de los terreno no permitieron el desalojo. (EL SIGLO DE TORREÓN/ MARY VÁZQUEZ)
Personas que de manera irregular desde hace 10 años se posesionaron del predio conocido como el "Tajo del chicharrón" impidieron el desalojo del terreno, pese a que los propietarios, campesinos del ejido Matamoros III obtuvieron una orden de desalojo del Tribunal Agrario.
De manera desafiante, alrededor de 40 personas encabezadas por el profesor Héctor Eduardo Huitrón, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), impidieron que actuarios del Tribunal Agrario cumplimentaran la orden.
Acompañados por cuatro patrullas de la Dirección de Seguridad Pública, los ejidatarios y actuarios de la dependencia federal acudieron a ese sector para tomar posesión de los terrenos, incluso maquinaria pesada procedería a la demolición de las viviendas, sin embargo no se concretó ante la amenaza de los invasores de que harían lo que fuera para defender su patrimonio.
"La señorita viene a tumbar las casas y si lo hacen, sobre ella. Esto se va a poner feo", decía el también exfuncionario municipal a los habitantes del sector, quienes gritaban que no permitirían que echaran abajo las viviendas. El líder político aseguraba que ya había hecho algunas llamadas, sin especificar a qué autoridad, pero les aseguró que no había ninguna orden para demoler las viviendas y que los elementos policíacos no tenían la instrucción de proceder al desalojo, pues sólo iban acompañando a los actuarios de la Procuraduría Agraria.
María Espina Romero, comisariada ejidal de Matamoros III, explicó que son 52 ejidatarios, dueños del predio, los cuales en el 2010 iniciaron con el proceso para recuperar los más de 34 mil metros cuadrados que fueron invadidos. Señaló que primero trataron de llegar a un acuerdo para que las familias que se instalaron ahí pagaran el costo de los terrenos, sin embargo el líder no aceptó, puesto que alardeó que él tenía la posibilidad de conseguir los documentos para que se les adjudicara la propiedad.
Por su parte, el líder priista reconoció la existencia de la orden judicial donde se especificaba el desalojo, pero nunca se lo dieron a leer por lo que desechó la orden. Aseguró que cuenta con un documento donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es quien acredita la propiedad y le dio "luz verde" para iniciar la regularización de los predios, sin embargo dijo, "no se pudo hacer porque no se cumplieron con ciertos lineamientos".
Reconoció que invadieron el cinco de noviembre del 2005 y desde entonces ellos han gestionado obras de electrificación e introducción de la red de agua potable, cuya inversión se estima en 250 mil pesos, por lo que dice ya los hace dueños de los terrenos.
